Congreso blinda a Dina Boluarte por caso Rolex: SAC aprueba informe de congresista fujimorista que recomienda archivar denuncia

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó por mayoría, con 10 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones el informe final de la congresista fujimorista Nilza Chacón que recomienda archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por presunto cohecho por el sonado caso Rolex. Además, exhorta al Congreso a evaluar una denuncia contra la Fiscalía de la Nación por supuestamente haber cometido una “infracción constitucional”.

El respaldo del fujimorismo a Dina Boluarte se ampara en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, que limita las causas por las cuales un presidente en funciones puede ser acusado durante su mandato. Según esta disposición, solo procede una acusación por traición a la patria, por impedir elecciones, por disolver el Congreso de manera inconstitucional o por obstaculizar el funcionamiento del Parlamento o de los organismos del sistema electoral.

Nilza Chacón, defendió su informe, asegurando que se hizo amparado en la legalidad y lo que dicta la Constitución.

“Hemos seguido todo el reglamento del Congreso. Se han hecho todas las audiencias. Pero el argumento jurídico, definitivamente, no lo contempla. (...) Pero, lamentablemente, tenemos un limitante. Tenemos pues el artículo 117″, declaró.

La congresista de Fuerza Popular, negó que el informe sea un acuerdo de bancada y recalcó que la mandataria puede ser investigada una vez que concluya su mandato.

“Posteriormente, la señora Boluarte dejará de ser presidenta y podrán darse todas las investigaciones debidas. (...) Definitivamente, el artículo 117, vuelvo a repetir. Yo me rijo a lo que dice la Constitución”, agregó.

Pese a que en su momento el caso Rolex —que involucra a la presidenta Dina Boluarte y al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima— generó una fuerte indignación pública e incluso motivó un allanamiento de madrugada a la vivienda de la mandataria y a Palacio de Gobierno, los parlamentarios optaron por respaldar el archivamiento de la investigación. Esta fue la votación registrada en la SAC.

A favor

Jorge Montoya – Honor y Democracia

Nilza Chacón – Fuerza Popular

Víctor Flores – Fuerza Popular

Luis Aragón – Acción Popular

Héctor Ventura – Fuerza Popular

Nelcy Heidinger – Alianza para el Progreso

Elvis Vergara – Acción Popular

Martha Moyano – Fuerza Popular

Segundo Quiroz – Bloque Magisterial

Jorge Coayla – Juntos por el Perú - Voces del Pueblo

En contra

Patricia Chirinos – Renovación Popular

María Jáuregui – Renovación Popular

Flavio Cruz – Perú Libre

Esdras Medina – Renovación Popular

Pasión Dávila – Bancada Socialista

Edgar Raymundo – Bloque Democrático Popular

En abstención

José Jerí – Somos Perú

María Acuña – Alianza para el Progreso

Sin embargo, el argumento utilizado por la congresista fujimorista —y respaldado por la mayoría de miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC)— fue el mismo que le costó la inhabilitación a Zoraida Ávalos como fiscal. ¿Qué ocurrió? Cuando Ávalos encabezaba el Ministerio Público, decidió suspender las investigaciones contra el entonces presidente Pedro Castillo, amparándose en la inmunidad que le otorga el artículo 117 de la Constitución.

Esa decisión derivó en la presentación de una denuncia constitucional en su contra por presunta omisión de funciones, la cual fue admitida y aprobada por el actual Congreso, que terminó por inhabilitarla. Aunque posteriormente Ávalos logró revertir esta sanción en el Poder Judicial y retornó a su cargo como fiscal suprema, el contraste en ambos casos pone en evidencia lo que varios analistas consideran un pacto político con el Ejecutivo.

Para el exprocurador anticorrupción José Ugaz, la resolución de la SAC representa un claro caso de “el Congreso contra el Congreso” y confirma la existencia de un acuerdo político para blindar a la jefa de Estado.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso ha sido clave en el blindaje político a la presidenta Dina Boluarte, al archivar sistemáticamente las denuncias en su contra. Si se aprueba la más reciente recomendación de la congresista Nilza Chacón (Fuerza Popular), la nueva denuncia sería enviada al archivo y se sumaría a otras acusaciones que corrieron la misma suerte.

Este patrón no es nuevo. El 18 de julio de 2024, cuando la SAC era presidida por Lady Camones (APP), se rechazó admitir una denuncia constitucional vinculada a las muertes ocurridas durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023. En esa ocasión, 14 congresistas votaron en contra de su trámite, mientras que solo 4 apoyaron su admisión.

Menos de un año después, el 3 de abril de 2025, la SAC volvió a archivar otra denuncia contra Boluarte. Con 14 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, se desestimó una acusación por presunto abuso de poder. Esta había sido presentada por el abogado Reducindo Vega, quien señaló que la mandataria y la entonces ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, habrían ejercido presiones para sacarlo de su puesto como gerente del Conaforiver, el fondo encargado de construir viviendas y centros recreacionales.