Congresista presenta proyecto para establecer límites a la pensión de alimentos en la educación superior: ¿cuáles serían las nuevas condiciones?

Con el objetivo de modificar el alcance legal de la pensión alimentaria que los padres brindan a hijos mayores de edad en etapa universitaria, un congresista presentó un nuevo proyecto de ley ante el Parlamento. La iniciativa plantea cambios en el Código Civil para limitar este beneficio solo a la primera carrera profesional o técnica, y hasta los 28 años de edad.

Se trata de Guido Bellido, parlamentario de la bancada Podemos Perú, quien ha formalizado la propuesta bajo el nombre de Proyecto de Ley N° 10770/2024-CR. El texto ya ha sido derivado a comisiones y busca establecer condiciones más específicas para el otorgamiento de alimentos durante los estudios superiores.

Según el portal Pasión por el Derecho, la propuesta legislativa busca reformular el artículo 424° del Código Civil, que actualmente establece que los padres deben seguir sustentando económicamente a los hijos mayores de 18 años mientras estos estén en la universidad o sigan alguna formación técnica de manera exitosa.

El proyecto también mantiene la excepción para hijos con condiciones especiales: aquellos que no pueden sostenerse por sí mismos debido a alguna discapacidad física o mental diagnosticada de forma comprobable. En estos casos, la pensión seguiría vigente independientemente de los estudios realizados o la edad alcanzada.

Desde la perspectiva del congresista, la actual redacción de la norma deja vacíos que pueden derivar en interpretaciones extensas. Esto, según explica, puede generar que algunos jóvenes dependan económicamente de sus padres por tiempo indefinido, aun cuando ya han cursado más de una formación profesional.

Uno de los argumentos centrales que sustenta esta propuesta es la necesidad de fomentar la independencia de los hijos una vez finalicen sus estudios superiores iniciales. En ese sentido, el proyecto pretende impulsar la responsabilidad económica individual y acortar los periodos de dependencia que se extienden más allá de lo razonable.

Bellido propone que esta obligación quede restringida únicamente a la primera carrera, y que tenga un tope de edad claramente definido: los 28 años.

Se espera que, al establecer límites concretos, se motive a los jóvenes a culminar sus estudios de forma oportuna y a incorporarse al mercado laboral sin depender indefinidamente del soporte familiar. Además, la medida busca equilibrar las cargas económicas dentro del núcleo familiar, reconociendo también el derecho de los padres a cerrar este capítulo de responsabilidad cuando los hijos ya cuentan con una formación para ejercer una profesión.

El texto enfatiza que este ajuste busca poner un freno a posibles abusos del derecho alimentario, donde algunos beneficiarios continuarían solicitando pensión aun después de completar una carrera, al inscribirse en otros programas sin límite.

La exposición de motivos del proyecto subraya que la legislación actual puede dar lugar a ambigüedades, especialmente cuando se habla de “estudios exitosos”, sin definir con exactitud qué condiciones deben cumplirse para mantener el beneficio. Esto, según el legislador, termina generando escenarios desiguales que afectan tanto a progenitores como a jóvenes que buscan una segunda oportunidad educativa.

De acuerdo con la propuesta, acotar la pensión a una sola carrera profesional permitirá transparentar la aplicación de la ley y promover relaciones familiares más justas. El objetivo no es cortar el apoyo de manera arbitraria, sino garantizar que sea razonable y proporcional.

También se destaca que, en muchos casos, la falta de límites fomenta una dependencia económica que se prolonga innecesariamente, lo que podría afectar el crecimiento personal y profesional de los hijos. Esta iniciativa se enmarca en la necesidad de actualizar los marcos legales a la realidad social actual y promover un modelo de familia donde se incentive el desarrollo autónomo.

El proyecto, además de enfocarse en la regulación jurídica, incorpora un análisis sobre el impacto económico y social que tendría su implementación. Se plantea que delimitar la pensión alimentaria reducirá la carga financiera para los padres, especialmente en hogares donde el esfuerzo económico se multiplica por el número de hijos en etapa universitaria.

Se menciona también la necesidad de equilibrar derechos y deberes dentro de la familia. La propuesta considera que el principio de equidad debe guiar la actuación del Estado en este tipo de relaciones, sin dejar de lado a quienes realmente necesitan protección prolongada, como es el caso de personas con discapacidad.