La Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF), que agrupa a asociaciones de fiscales de diversos países de América Latina, rechazó de forma tajante la decisión tomada por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público de apartar al fiscal José Domingo Pérez del equipo especial encargado de la investigación del caso Lava Jato.
La FLF exigió que se analice esta medida con transparencia y objetividad. Además, la organización destacó que esta suspensión de seis meses ocurre en un contexto particularmente sensible, debido a la denuncia penal que enfrenta el Jefe de la Autoridad Nacional de Control, Juan Antonio Fernández Jerí, por una serie de presuntos audios que lo vinculan con abogados de los procesados, lo que podría estar relacionado con el intento de separarlo de su cargo.
“Rechazamos esta medida y exigimos que la instancia superior la analicen con transparencia y objetividad, tanto más, la medida si adoptó, en el contexto en que Fernandez Jerí, Jefe de la Autoridad Nacional de Control tiene una denuncia penal por unos audios de conversaciones con los abogados de los procesados tendientes con ese fin de separarlo del caso”, se lee en el documento.
El pronunciamiento de la FLF no solo surgió a raíz de la suspensión de Pérez, sino también por la posible intervención del Ministerio Público. La FLF alertó sobre los proyectos de ley promovidos por el Ejecutivo y el Congreso, que bajo el argumento de la lucha contra la criminalidad, buscan declarar en emergencia y reorganizar el Ministerio Público, afectando así la independencia de la justicia.
Advierten una campaña de hostigamiento contra Domingo Pérez
Según el pronunciamiento de la FLF, Pérez ha sido víctima de una campaña sistemática de desprestigio y amenazas, principalmente debido a su trabajo en casos de alto perfil como Los Cuellos Blancos. Según sostienen, esta campaña no solo ha provenido de actores políticos y medios de comunicación, sino también de la misma Autoridad Nacional de Control, que ha iniciado varias investigaciones de oficio contra Pérez.
Asimismo, recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en reconocimiento a los riesgos a los que Pérez y su equipo se han visto expuestos, otorgó medidas cautelares en junio de 2021. Estas medidas se ampliaron posteriormente al fiscal Rafael Vela, también parte del equipo Lava Jato. La CIDH instó al Estado peruano a garantizar la seguridad de los fiscales y a proteger su derecho a la independencia judicial. A pesar de ello, la FLF señala que las amenazas contra Pérez no cesaron, y por el contrario, se intensificaron.
“Esta campaña lamentablemente puso en riesgo su vida e independencia, por lo que el 23 de junio de 2021, la CIDH otorgó medidas cautelares, mediante Resolución No. 55/2021, a favor de José Domingo Pérez Gómez y su núcleo familiar, ampliándose luego al Fiscal Superior Rafael Vela, debido a que se encontraban en una situación de riesgo como consecuencia de su función fiscal”, explica el pronunciamiento de la organización.
Afirman que el hostigamiento llegó a tal punto que, en respuesta al inicio de investigaciones sobre uno de los abogados de los procesados, Oré Guardia, la Autoridad Nacional de Control decidió apartar provisionalmente a Pérez de sus funciones. La FLF considera esta medida como desproporcionada y una violación a la autonomía e independencia de los fiscales.
“El solo hecho de aperturar e investigar a uno de los abogados de los procesados (Oré Guardia), la Autoridad Nacional de Control, en forma desproporcionada ha dispuesto apartarlo provisionalmente de sus funciones por 06 meses, motivo por el cual, en aras de la autonomía e independencia de los fiscales”, precisa el documento de la FLF.
Cuestionan proyectos de ley que piden declarar en emergencia a la fiscalía
Además de la controversia sobre la suspensión de Pérez, la FLF también expresó su preocupación por los recientes proyectos de ley que han sido promovidos tanto por el Congreso como por el Ejecutivo, los cuales, bajo el argumento de mejorar la lucha contra la criminalidad, proponen declarar en emergencia y reorganizar al Ministerio Público. Estos proyectos de ley han sido vistos por la FLF como un intento de intervención política en la fiscalía, lo que pondría en peligro la independencia judicial y la autonomía de los fiscales.
“Rechazamos cualquier tipo de injerencia de algún operador del Estado u otros organismos, cualquiera sea su naturaleza, orientada a desestabilizar la labor fiscal en el Perú”, subraya el pronunciamiento de la FLF. La organización también destacó que este tipo de medidas podría tener repercusiones negativas no solo en el trabajo del Ministerio Público, sino en el sistema de justicia en general, debilitando la confianza pública en las instituciones encargadas de luchar contra la corrupción y el crimen organizado.
Finalmente, la FLF ratificó su compromiso de mantenerse alerta ante cualquier intento de vulnerar el orden constitucional o socavar el Estado de Derecho que afecte la institucionalidad del Ministerio Público. La organización reafirmó su apoyo a los fiscales peruanos y su compromiso con la defensa de la justicia y la independencia judicial en toda América Latina.
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