De Jet Set en República Dominicana a Utopía en Perú, las tragedias más terribles donde murieron decenas de jóvenes

Las tragedias ocurridas en discotecas y bares de diferentes partes del continente nos han dejado imágenes aterradoras. En República Dominicana, la tragedia en la discoteca Jet Set, donde murieron decenas de personas en circunstancias aún no esclarecidas, representó un oscuro capítulo en la historia del entretenimiento nocturno. A pesar de los esfuerzos por encontrar responsables y hacer justicia, el caso sigue siendo un tema de debate y preocupación para las víctimas y sus familias.

En paralelo, en Perú, la discoteca Utopía se convirtió en un escenario de horror cuando una estampida mortal acabó con la vida de jóvenes que se encontraban allí, muchos buscaban diversión en una noche aparentemente común. Estos incidentes, junto a otros que han sacudido la vida nocturna en Latinoamérica, nos recuerdan la vulnerabilidad de los asistentes a eventos masivos, donde la falta de medidas de seguridad adecuadas ha resultado en tragedias evitables.

El 20 de julio de 2002, la discoteca Utopía, ubicada en el primer nivel del centro comercial Jockey Plaza fue escenario de una de las tragedias más devastadoras de la vida nocturna peruana. Un incendio provocado por un acto de malabarismo con fuego, realizado por el barman Roberto Ferreyros, causó la muerte de 29 personas y dejó a 57 heridos. El local, ubicado en el primer nivel del centro comercial Jockey Plaza operaba sin las licencias adecuadas y carecía de medidas de seguridad básicas. Además, el evento, que contaba con más de mil personas en un espacio con capacidad para 400, se vio agravado por la falta de salidas de emergencia y la presencia de animales exóticos, como un tigre de bengala y un mono, que también perecieron en el incendio.

A pesar de las condenas a algunos de los responsables, como el barman Roberto Ferreyros y el administrador Percy North, los principales culpables, los empresarios Édgar Paz Ravines y Alan Azizollahoff Gate, lograron escapar del país y aún no han cumplido con la justicia. Aunque Paz Ravines fue extraditado de México en 2020, su cómplice Azizollahoff Gate sigue prófugo, y la lucha de las víctimas por obtener justicia continúa. Tras 20 años, las familias de los 29 jóvenes fallecidos aún esperan una reparación y el cierre definitivo de un capítulo marcado por la impunidad y el dolor.

El 22 de agosto de 2020, en plena cuarentena por la pandemia de COVID-19, una fiesta clandestina en la discoteca Thomas Restobar, ubicada en Los Olivos resultó en una tragedia que dejó 13 muertos. Aproximadamente 120 personas, que se habían reunido para disfrutar de un show del cantante de música chicha Juan Peña, fueron sorprendidas por una intervención policial. La llegada de los agentes desató el pánico y una estampida hacia una angosta escalera, donde los asistentes quedaron atrapados, aplastados y asfixiados. A pesar de los intentos de auxilio, varias víctimas fallecieron en el lugar, mientras otras sucumbieron en los hospitales.

La intervención policial fue un intento de hacer cumplir las estrictas medidas sanitarias impuestas por el gobierno para frenar el avance del coronavirus, pero la respuesta de los asistentes, que trataban de escapar, generó el caos. Las cámaras de seguridad del local captaron cada minuto del trágico suceso, que rápidamente se convirtió en un símbolo de la negligencia tanto de los organizadores del evento como de las autoridades encargadas de mantener el orden durante la emergencia sanitaria. En total, 11 de las víctimas dieron positivo para COVID-19, lo que profundizó el dolor y la tragedia de este incidente. Tras el suceso, varios implicados, incluyendo al cantante Juan Peña y al administrador del local, fueron detenidos y procesados por homicidio simple y violación de las normas sanitarias.

La noche del 29 de abril, más de 3 mil personas se dieron cita en Lurín para asistir al evento organizado por la productora Qarola, promocionado desde marzo en redes sociales. Lo que prometía ser un concierto inolvidable terminó siendo un episodio caótico y peligroso. Asistentes denunciaron que la entrada estaba inundada por aguas servidas, lo que obligó a muchos a cruzar charcos o abrirse paso entre arbustos y terrenos aledaños. Ya dentro del recinto, la situación no mejoró: no se verificaron los códigos QR, faltó personal de seguridad y varios afirmaron sentirse asfixiados ante la aglomeración masiva.

El punto crítico llegó cuando, en medio del tumulto, uno de los boxes colapsó, lo que generó pánico y múltiples heridos. Algunos jóvenes fueron vistos saliendo en camillas mientras otros se aferraban a las barandas para no caer. A pesar del caos, la organización no anunció la suspensión del show de Márama; la noticia se conoció más tarde a través de las redes sociales de los propios artistas. Expertos en defensa del consumidor advirtieron que Indecopi deberá determinar la responsabilidad de los organizadores y podría aplicar una multa de hasta 450 UIT, es decir, más de 2 millones de soles, por poner en riesgo la seguridad de los asistentes.

El 15 de marzo de 2025, la ciudad de Chiclayo vivió un nuevo capítulo de tragedias en la vida nocturna. En la discoteca “Aventura”, un dispositivo de gas pimienta fue activado en el interior del local, lo que desató el caos. Decenas de personas sufrieron intoxicaciones y otras lesiones al intentar escapar del lugar. La intervención de las autoridades fue inmediata, y el local fue clausurado temporalmente.

Este incidente resalta nuevamente las deficiencias en las medidas de seguridad de los locales nocturnos y la falta de control sobre el uso de elementos peligrosos en estos espacios. Las víctimas esperan respuestas claras y justicia por el daño sufrido, mientras las autoridades siguen investigando los responsables de la acción que causó el pánico y la tragedia.