Halla los restos de tres víctimas de la violencia interna a más de 40 años de su desaparición

Casi cuatro décadas después de una de las tantas noches trágicas que marcaron la historia de la violencia interna en el Perú, el paraje de Rayoccasa, en la comunidad de Corpacancha, distrito y provincia de Huanta, Ayacucho, fue nuevamente escenario de memoria y duelo. La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho llevó a cabo una diligencia de exhumación en la zona, con el fin de ubicar, registrar y recuperar restos óseos de víctimas del conflicto armado interno.

La fiscal provincial Karenn Diana Obregón Ubaldo lideró la acción, acompañada por la perito arqueóloga Lucero Stefany Luján Medina del Equipo Forense Especializado y los familiares de los agraviados. El operativo permitió recuperar los restos esqueletizados de tres personas, quienes, según la información recopilada, fueron asesinadas en noviembre de 1984. Los restos fueron trasladados al Laboratorio de Investigaciones Forenses para su análisis e identificación.

Era una noche de noviembre de 1984 cuando un grupo de presuntos subversivos ingresó violentamente en las zonas de Rayoccasa, Manasiqana y Wasicucho, donde vivían campesinos dedicados a sus labores cotidianas. En Wasicucho, sorprendieron a Saturnino Velasque Ccasapoma, y en Manasiqana capturaron a las jóvenes María Huarancca Huaylla y Benita Cunto Ñaupari, mientras realizaban trabajos domésticos.

Fueron llevados a Rayoccasa, donde, según las versiones recogidas, fueron increpados y luego asesinados brutalmente. Las víctimas presentaban heridas punzocortantes en el tórax y espalda, y fracturas en el cráneo provocadas con objetos contundentes como piedras y un hacha. Durante casi 40 años, sus cuerpos permanecieron sepultados en silencio, mientras sus familias esperaban justicia y verdad.

La diligencia no solo permitió recuperar restos físicos, sino también reabrir una herida que en muchas comunidades del Perú sigue sin cerrar. Las exhumaciones, que forman parte de un proceso largo y doloroso, siguen siendo un paso clave para esclarecer los hechos de un período que marcó al país entero, especialmente a regiones como Ayacucho, que sufrieron las mayores secuelas de la violencia.

Ahora, con los restos en custodia forense, se espera la posibilidad de brindar sepultura digna a sus seres queridos, a la vez que se mantiene viva la exigencia de justicia y reparación por los crímenes cometidos.

Entre 1980 y el año 2000, cerca de 20.000 personas desaparecieron en Perú en el contexto del conflicto armado interno, según cifras de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). En total, más de 69.000 personas fueron víctimas fatales de la violencia, incluyendo desaparecidos y asesinados por el grupo terrorista Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas.

Durante el conflicto, tanto miembros del grupo insurgente Sendero Luminoso como integrantes de las Fuerzas Armadas fueron responsables de asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otras violaciones a los derechos humanos. La organización insurgente, liderada por Abimael Guzmán, operó principalmente en regiones como Ayacucho, donde la intensidad de la violencia fue mayor.

El Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias han apoyado los esfuerzos de búsqueda de restos humanos. Según cuenta la agencia AP, hasta enero de este año, solo se han recuperado alrededor de 3.200 cuerpos, lo que representa apenas el 16% del total de desaparecidos identificados por la CVR.

La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep), fundada en 1983, agrupa a unos 140 familiares que exigen justicia, reparación e identificación de restos. La mayoría de estos casos corresponde a civiles que fueron acusados, muchas veces sin pruebas, de colaborar con alguno de los bandos en conflicto.

Uno de los lugares más emblemáticos relacionados con desapariciones es el cuartel “Los Cabitos” en Ayacucho, donde se reporta que más de 130 personas fueron ejecutadas y cremadas en un horno, según testimonios recogidos por la CVR.