Delincuentes en Perú podrían cumplir penas en el exterior: propuesta también se debate en Estados Unidos

En medio del hacinamiento y la declaratoria de emergencia del sistema penitenciario en el país, las congresistas Norma Yarrow y Patricia Chirinos, de la bancada Renovación Popular, plantearon que los delincuentes cumplan condenas en el exterior. El proyecto, titulado “Ley que dispone que los delincuentes extranjeros y nacionales cumplan sus penas en centros penitenciarios de otros países en el marco de la lucha contra el crimen organizado”, tiene como objetivo central garantizar la seguridad ciudadana, descongestionar las cárceles del Perú y fortalecer la cooperación internacional, sostuvieron.

De esta manera, la propuesta busca que el Estado firme convenios con terceros países para que los condenados por delitos graves como terrorismo, tráfico ilícito de drogas, sicariato, trata de personas, lavado de activos y organización criminal, cumplan sus penas fuera del territorio nacional. Asimismo, establecen la prohibición definitiva de reingreso a territorio peruano. “El ingreso de estas personas representaría un peligro irreparable para el orden interno y la tranquilidad pública”, señala el artículo 5 de la propuesta legislativa.

En la exposición de motivos, las congresistas argumentan que el marco normativo peruano ya cuenta con disposiciones similares. El Código Penal contempla la expulsión de extranjeros al finalizar su condena y casos donde la pena privativa de libertad puede ser sustituida por la expulsión inmediata del país. Sin embargo, según las impulsoras de la iniciativa, estas medidas actuales tienen limitaciones al depender del consentimiento del condenado o del país receptor. Este proyecto, en cambio, plantea la posibilidad de trasladar a los reclusos a terceros países que no necesariamente sean su país de origen.

En esa línea, precisaron que el Tribunal Constitucional peruano también ha reconocido la constitucionalidad de medidas como la expulsión de extranjeros condenados. A ello se suma un fallo emblemático es el caso Wong Ho Wing vs. Perú, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los traslados de reclusos pueden realizarse dentro de parámetros que respeten el debido proceso y los derechos humanos. Además, documentos como la Convención de Palermo y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción respaldan la cooperación internacional para enfrentar el crimen transnacional.

Asimismo, las congresistas destacaron las ventajas en términos de ahorro de recursos y descongestión penitenciaria. Según explican, liberar espacio en las cárceles permitiría mejorar las condiciones para los reclusos peruanos y garantizar su acceso a programas de rehabilitación. Asimismo, señalan que la desarticulación de organizaciones criminales que operan desde las prisiones sería un golpe contundente contra el crimen organizado, pues se cortaría el flujo de órdenes y el reclutamiento de nuevos miembros. “No se trata de una medida arbitraria, sino de una respuesta planificada que busca priorizar la seguridad, la justicia y la dignidad de nuestra población”, concluyen las legisladoras en el documento.

En caso de ser aprobado, la implementación de esta norma requerirá que el Ejecutivo desarrolle su reglamentación en un plazo no mayor a 90 días. También precisa que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sería el principal organismo encargado de supervisar la aplicación de esta normativa, en colaboración con otras entidades como el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Policía Nacional y la Superintendencia Nacional de Migraciones.

De manera paralela, la administración de Donald Trump se ha referido a la implementación de dicha figura en Estados Unidos y expulsar a los sentenciados a cárceles de El Salvador. En declaraciones a CNN, el presidente norteamericano mencionó que la respaldaría si ello representa menores costos para el país. “Tenemos algunos criminales horribles, crecidos y nacidos en Estados Unidos. Creo que si pudiéramos conseguir que El Salvador o alguien se los llevara, estaría muy contento con ello, pero tengo que ver lo que dice la ley”, manifestó a bordo del avión presidencial ‘Air Force One’. Por su parte, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, ha ratificado ante los medios de comunicación locales que se encuentra en evaluación.

Cabe mencionar que, a principios de febrero, el mandatario estadounidense manifestó que estaba “estudiando” la posibilidad de deportar a otros países a ciudadanos con crímenes violentos, un anunció que tuvo lugar un día después de que su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, ofreciera a las autoridades del país norteamericano “externalizar parte de (su) sistema penitenciario” a cambio de una “relativamente baja tarifa”.