Ordenan la expulsión de más 760 extranjeros por infringir la legislación migratoria vigente

La Superintendencia Nacional de Migraciones, en colaboración con la Policía Nacional del Perú (PNP), llevó a cabo un total de 1.123 operativos de verificación y fiscalización migratoria durante el primer trimestre de este año. En el marco de estas acciones, la entidad ordenó la expulsión de 760 ciudadanos extranjeros por infringir la legislación migratoria vigente.

Las acciones se distribuyeron en varias localidades del país, con un enfoque particular en zonas fronterizas y urbanas. El 20,93 % de las intervenciones se realizaron en Puno, seguido de Pucallpa con el 11,84 %, Tumbes con el 10,15 % y Tarapoto con el 9,26 %.

Otras ciudades como Lima, Arequipa, Chimbote, Callao, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Ica, Iquitos, Puerto Maldonado, Tacna y Trujillo también fueron escenario de estas acciones, aunque en menor proporción. Estas cifras reflejan un esfuerzo coordinado para abarcar tanto las principales ciudades como las regiones más vulnerables al ingreso irregular de personas.

Durante los operativos, los equipos verificaron los documentos de identidad de las personas extranjeras intervenidas, con el objetivo de determinar su estatus migratorio en el país. Según detalló la entidad, este proceso se llevó a cabo utilizando tabletas electrónicas interconectadas en tiempo real con la base de datos de la institución y con sistemas de alerta.

Este recurso tecnológico permitió corroborar de manera inmediata la información proporcionada por los intervenidos, agilizando así las acciones de control y reduciendo los márgenes de error en la identificación de posibles infractores.

Uno de los aspectos más destacados de estas acciones es la aplicación del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), un mecanismo diseñado para agilizar la expulsión de personas extranjeras que incumplen la normativa migratoria. Según informó Migraciones, este procedimiento permite ejecutar la expulsión en un plazo máximo de 24 horas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Este proceso consta de dos etapas principales: una fase instructora, en la que se comunican las imputaciones a los infractores, y una fase sancionadora, en la que se emiten las órdenes de expulsión. Estas órdenes son posteriormente ejecutadas por la Policía Nacional del Perú, en coordinación con las jefaturas zonales de Migraciones.

Este enfoque busca no solo garantizar el cumplimiento de la ley, sino también enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de ingresar al país de manera irregular o representar un riesgo para la seguridad pública.

Como parte de las medidas implementadas para reforzar la seguridad migratoria, Migraciones comunicó que ha puesto en funcionamiento una oficina móvil que permite realizar verificaciones y procedimientos sancionadores directamente en el lugar de las intervenciones.

Esta unidad, equipada con cuatro módulos de trabajo, conexión a internet satelital y autonomía de suministro eléctrico, ha sido fundamental para optimizar los operativos y garantizar una respuesta inmediata ante posibles infracciones.

Según detalló la entidad, la oficina móvil facilita el inicio de los procedimientos administrativos sancionadores en el lugar, lo que reduce de forma significativa los tiempos de espera y permite una gestión más eficiente de los casos.

• Control de la entrada y salida de personas: Regula la autorización y verificación de la entrada, salida y permanencia de ciudadanos extranjeros en el Perú.
• Vigilancia de la legalidad migratoria: Se asegura de que los extranjeros cumplan con la normativa migratoria y aplica sanciones cuando se vulneran las leyes.
• Fiscalización migratoria: Realiza operativos de control para verificar la situación migratoria de los ciudadanos extranjeros.
• Protección de la seguridad nacional: Identifica y expulsa a personas que representen una amenaza para el orden interno o la seguridad del país.