José Domingo Pérez denunció al jefe de la ANC, luego de suspenderlo por seis meses: lo acusa de cohecho pasivo

Tal como lo había adelantado, José Domingo Pérez interpuso una denuncia penal contra Juan Fernández Jerí, titular de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público. Ello, luego de que fuera suspendido por seis meses de sus funciones, entre ellas ser parte del Equipo Especial Lava Jato, a través de una resolución emitida el lunes 7 de abril.

De acuerdo al documento publicado por el periodista Alonso Ramos, Pérez acusa al jefe de la ANC de presunto cohecho pasivo específico y expone como argumentos de su denuncia su deber de “denunciar los casos de comportamientos delictivos”, así como la entrevista dada por la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, en la que invoca a los fiscales a denunciar en cuanto tengan conocimiento de un hecho.

La medida se dio horas después de denunciar ante la comisaría de San Andrés, en el distrito limeño de Cercado de Lima, que se impidió su ingreso a la Fiscalía a fin de retirar sus pertenencias. Según informó en diálogo con RPP, esta medida fue dispuesta por el área encabezada por Jerí.

El fiscal explicó que la notificación de su suspensión le fue entregada al término de la jornada laboral del lunes, lo que le impidió realizar el inventario necesario para el traspaso del cargo y retirar sus objetos personales. Según detalló, al presentarse en la Fiscalía la mañana del martes con el objetivo de completar estas tareas y saber quién lo reemplazará en el cargo, se encontró con que una disposición de la ANC le prohibía el ingreso sin una autorización previa.

“Me doy con la ingrata sorpresa de que la autoridad de control había mandado un documento al personal de ingreso de control de las puertas para que me impidiera el ingreso. Parte de este maltrato que vengo denunciando es que, lo que indica este documento, es que yo tengo que pedir una autorización. La autorización tiene que ser canalizada por la presidencia de la Junta de Fiscales de Lima y luego la Autoridad de Control autorizará. Y quiero dejar en claro: el fiscal no es el criminal, quienes están investigados por delitos, por crímenes, son aquellas personas sobre las cuales deberíamos adoptar medidas preventivas y correctivas, como el caso del señor Fernández Jerí”, explicó.

En ese sentido, expresó su inquietud ante la reciente medida que, según sus declaraciones, podría poner en riesgo la integridad de documentos sensibles relacionados con investigaciones en curso. “Lo habitual sería que me permitieran hacer la entrega de cargo, el inventario […], pero a la persona que sea designada en mi reemplazo, porque las investigaciones y los expedientes tienen pruebas que son sensibles, cuadernos reservados de procesos reservados. [Hay riesgo] que puedan comenzar a alterar la documentación que está en los expedientes […] No sabemos [o] por lo menos yo no sé quién es la persona que me está reemplazando. Espero que se hayan tomado las medidas necesarias para cautelar la seguridad de esa oficina“, enfatizó.

De acuerdo a la resolución del ANC, a José Domingo Pérez se le atribuye “haber actuado en un proceso a sabiendas que se encontraba legalmente impedido de hacerlo al haber incluido al abogado Arsenio Oré Guardia, en la investigación 55-2017, como presunto autor del delito de obstrucción a la justicia”.

La ANC fundamenta su decisión en diversos elementos de convicción, entre ellos una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que falló a favor de Oré. Según el órgano de control, esta sentencia refuerza la hipótesis de que el fiscal incumplió su deber de actuar con independencia, objetividad y respeto al debido proceso. En su resolución, la ANC señala que Pérez mostró un desconocimiento de las disposiciones normativas del Código Procesal Penal, específicamente en lo referente a las causales de inhibición jurisdiccional.

En su defensa, José Domingo Pérez argumentó ante la ANC que, hasta antes del fallo del TC, no tenía forma de saber que estaba impedido de investigar a Oré Guardia. Sin embargo, esta explicación no fue aceptada por el órgano de control, que destacó que ya se le había solicitado previamente que se apartara del caso.

Sí, el fiscal José Domingo Pérez podría ser destituido debido a que el hecho imputado califica como una falta muy grave, que se sanciona con hasta 6 meses de suspensión o destitución. En diálogo con Infobae Perú, advirtió que ese sería el único propósito.

“Lo que están buscando es que yo deje el cargo. Ya han logrado esta suspensión de manera acelerada y entiendo que el propósito es ese (destitución). Ahora, el mensaje que están enviando al Ministerio Público y a los demás fiscales es nefasto. Es decir, no tenemos una garantía de que se vaya a respetar nuestro trabajo, de que se vaya a respetar la independencia con la cual debemos actuar. Parece que todo va encaminado a este control de la institución y que se está dando a través de personas que, como Fernández Jerí, están utilizando el control disciplinario para separarnos de nuestro cargo”, respondió.