Denuncias por extorsión no suelen ocurrir en la noche: cifras de la PNP desbaratan propuestas del defensor del pueblo

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ha sido blanco de críticas por su propuesta de limitar el tránsito de motos lineales durante las noches. Este alega que es una medida que facilitará la lucha contra la ola de extorsiones que día a día cobra la vida de más de ciudadano. Sin embargo, datos de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuestionan la efectividad de su idea.

En el rango de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., intervalo de tiempo en el que se pretende prohibir el tránsito de vehículos, es cuando se registran la menor cantidad de denuncias por extorsión y extorsión agravada, según datos del Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol) actualizado hasta el 31 de marzo de 2025.

“El defensor del Pueblo propone prohibir el uso de motos en el horario donde se registran la menor cantidad de denuncias por extorsión y extorsión agravada”, escribió desde X el analista de datos Juan Carbajal. Según la data compartida, la mayor cantidad ocurre de las 07:00 a.m. a 6:00 p.m.

La Defensoría del Pueblo solicita al Poder Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias para restringir el uso de motocicletas en el marco del Estado de Emergencia, debido al incremento de crímenes cometidos con estos vehículos, como extorsión, sicariato y robo agravado. Señalan que, a pesar de las medidas vigentes, la criminalidad sigue afectando a la población, especialmente en Lima Metropolitana y Callao.

Las propuestas incluyen restringir el tránsito de motocicletas lineales entre las 18:00 y las 6:00 horas sin excepciones, prohibir que transporten a más de una persona durante ese horario y evaluar la efectividad de estas medidas luego de 30 días. Estas acciones buscan dificultar el accionar de bandas criminales y prevenir actos violentos.

La Defensoría enfatiza que las restricciones deben aplicarse respetando los derechos fundamentales y exclusivamente en zonas bajo Estado de Emergencia, con el objetivo de reducir la delincuencia común y organizada. Reconocen que estas medidas son excepcionales y solo justificables ante la grave crisis de inseguridad, reafirmando que la protección de la vida y la dignidad humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, conforme a lo establecido en la Constitución.

El próximo jueves 10 de abril, más de 20 mil unidades de transporte público en Lima y Callao suspenderán operaciones, como parte de un paro convocado por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra). Según su presidente, Martín Valeriano, la medida responde al incremento de extorsiones y asesinatos de choferes, situación que calificó de insostenible.

La paralización afectará rutas en la zona norte, sur, este y centro de la capital, incluyendo vías principales como la Panamericana Norte, Panamericana Sur y Vía Evitamiento. Entre las líneas que probablemente se sumen están El Anconero, Sesosa, Línea 39, Translima, Chimpún Callao y ‘La 41’, así como empresas como Nueva Estrella, Los Loritos, Vipusa, Huáscar - Ruta C, La Roma, Corazón de Jesús, El Mandarino y Evifasa.

Valeriano criticó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional por no actuar frente a la ola criminal que golpea al sector. “Nos siguen pidiendo plazos, mientras siguen matando a nuestros compañeros”, afirmó, subrayando la urgencia de una respuesta efectiva.

Además del paro, los transportistas planean realizar una marcha pacífica hacia el Congreso para exigir medidas concretas contra la inseguridad. Valeriano lamentó la falta de interés del gobierno en proteger a los trabajadores del transporte, advirtiendo que la inacción ha cobrado numerosas vidas.