‘Se viene un festín de invasiones formalizadas’: Congreso da luz verde a ocupación ilegal de terrenos comunales entre 2004 y 2015

El Congreso del Perú ha dado luz verde a una controvertida norma que formaliza las ocupaciones informales en tierras comunales ocurridas entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2015. La Ley Nº 32293, promulgada el martes 8 de abril de 2025 por insistencia del Legislativo, modifica la Ley 24657, que regula el deslinde y la titulación de los territorios de las comunidades campesinas. Esta polémica decisión genera un intenso debate debido a las implicaciones que podría tener sobre los derechos de las comunidades campesinas y la protección de sus territorios.

¿Cómo funciona? La nueva norma establece que las tierras comunales ocupadas durante el periodo señalado podrán ser formalizadas con fines de vivienda, siempre que no se trate de territorios reconocidos como indígenas u originarios, o que no estén sujetos a acciones legales de reivindicación por parte de las comunidades campesinas. Sin embargo, críticos han señalado que esta disposición podría abrir la puerta a la pérdida progresiva de tierras comunales, un problema que ya se ha venido agravando en las últimas décadas.

En noviembre de 2022, el Poder Ejecutivo había observado el proyecto de ley, argumentando que no se habían evaluado adecuadamente las posibles afectaciones a las comunidades campesinas, especialmente en la costa peruana. Según detalló Infobae Perú, el Ejecutivo subrayó la necesidad de realizar un proceso de consulta previa, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Perú. Este convenio garantiza la participación de los pueblos indígenas en decisiones que afecten sus derechos colectivos y territorios.

El informe de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) también advirtió sobre la importancia de proteger los derechos de las comunidades campesinas y recomendó que cualquier normativa de este tipo incluyera un procedimiento claro y garantías para un debido proceso. Además, se recordó que el Censo Agropecuario de 2012 identificó más de 200 comunidades campesinas en la costa peruana enfrentando conflictos relacionados con la superposición de concesiones mineras y el tráfico de tierras.

La Ley 24657, promulgada originalmente en 1987, estableció que las tierras comunales ocupadas por centros poblados o asentamientos humanos hasta el 6 de marzo de ese año no serían consideradas como parte del territorio comunal. Sin embargo, esta disposición, que en su momento fue concebida como una medida excepcional, ha sido ampliada en varias ocasiones. En 1993, el plazo se extendió hasta octubre de ese año, y posteriormente, en 2003, se amplió nuevamente hasta el 31 de diciembre de ese año.

Con la promulgación de la Ley Nº 32293, el plazo se extiende ahora hasta finales de 2015, lo que ha generado preocupación entre expertos y defensores de los derechos comunales. Según Laureano del Castillo, investigador del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), esta ampliación representa una violación al derecho constitucional de las comunidades campesinas a mantener la propiedad de sus tierras. En declaraciones recogidas por Infobae Perú, Del Castillo señaló que lo que inicialmente fue una excepción se ha convertido en una práctica recurrente que debilita la protección de los territorios comunales.

La ley establece que las tierras comunales que no sean reconocidas como indígenas u originarias podrán ser formalizadas. Sin embargo, según explicó Del Castillo, esta disposición deja a muchas comunidades en un “limbo jurídico”, ya que el registro de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura no es vinculante ni constitutivo de derechos. Esto podría ser aprovechado por terceros para justificar nuevas ocupaciones, argumentando que ciertas comunidades no están oficialmente reconocidas como indígenas.

Además, la norma no cuenta con un reglamento, lo que significa que su aplicación es inmediata. Según Infobae Perú, esto podría desencadenar un “festín de formalización de invasiones” en todo el país, facilitado por instituciones como Cofopri, que en el pasado ha otorgado títulos de propiedad en tierras comunales sin respetar las normas vigentes. Este tipo de acciones, según los críticos, responde a intereses populistas y electorales, ya que los gobiernos locales y regionales que promuevan la titulación de estas tierras podrían ganar el favor de los votantes.

“Se viene un festín de formalización de invasiones en todo el Perú, sin duda alguna. Cofopri ayudó a esto, porque no respetó las normas comunales y a pesar de que decía que los anexos y asentamientos humanos formados por integrados y formados por la comunidad eran parte de la comunidad. Aaquí dijo no, aplicamos nuestra ley y entonces simplemente están en posesión. Cierro los ojos a que sea propiedad comunal y título, y es así como ha venido haciéndose desde hace décadas”, dijo.

El debate en torno a la Ley Nº 32293 pone en evidencia un conflicto entre dos derechos fundamentales: el derecho de las comunidades campesinas a la propiedad de sus tierras y el derecho de los pobladores a acceder a una vivienda digna. Según Del Castillo, mientras que el derecho a la vivienda es de carácter programático, los derechos de las comunidades están protegidos constitucionalmente y cuentan con un marco legal específico que define qué tierras son comunales y cuáles no.

Sin embargo, la ampliación de los plazos para la formalización de ocupaciones informales ha llevado a una situación en la que las comunidades campesinas continúan perdiendo tierras debido a invasiones. Del Castillo advirtió que esta dinámica podría perpetuarse en el futuro, con más leyes que legalicen ocupaciones posteriores a 2015, debilitando aún más la protección de los territorios comunales.

“Y esto viene en plena campaña electoral. No será raro encontrar algún candidato que diga, yo te di el título, yo te di el terreno, ahora vota por mí”, acusó el experto.

Con la entrada en vigor de la Ley Nº 32293, el Perú enfrenta un dramático escenario en la gestión de los conflictos territoriales y la protección de los derechos de las comunidades campesinas. Según CEPES, la falta de un proceso de consulta previa y de un reglamento claro para la implementación de la ley podría agravar las tensiones existentes y generar nuevos conflictos en las zonas rurales.

La promulgación de esta norma también pone de relieve la necesidad de un enfoque más integral y participativo en la formulación de políticas públicas que afecten a las comunidades campesinas. Mientras tanto, los críticos advierten que la ley podría ser utilizada como una herramienta electoral, beneficiando a quienes promuevan la titulación de tierras comunales en detrimento de los derechos colectivos de las comunidades.