Por qué el embarazo forzado en niñas y adolescentes es considerado una forma de tortura

Cada año en nuestro país miles de niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual, prueba de ello es que tan solo entre enero y julio de 2024, más de 11 mil menores sufrieron abuso sexual. Muchas de ellas quedan embarazadas como consecuencia de estas agresiones y, en lugar de recibir apoyo y acceso a sus derechos, se ven obligadas a continuar con embarazos no deseados.

De acuerdo con cifras del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), solo el 6% de las niñas menores de 15 años que fueron víctimas de violación sexual accedieron a un aborto terapéutico en los últimos diez años. Esta estadística deja en evidencia las serias barreras que persisten para que las menores puedan acceder a este procedimiento.

Esta situación es especialmente grave porque las niñas y adolescentes no tienen la madurez física ni emocional para enfrentar la maternidad. A pesar de que en el Perú el aborto terapéutico es legal cuando el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la mujer, en la práctica, la mayoría de menores no acceden a este derecho debido a trabas burocráticas, prejuicios sociales o presión de grupos conservadores.

Diversas organizaciones internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han reconocido que obligar a una niña a continuar con un embarazo producto de una violación constituye una forma de tortura. Este reconocimiento pone sobre la mesa la urgencia de proteger los derechos de las menores y garantizarles una vida libre de violencia, no solo física, sino también institucional.

La ONU, a través de sus organismos especializados como el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos del Niño, ha sido clara: forzar a una menor a llevar a término un embarazo que fue resultado de violencia sexual constituye una grave violación a los derechos humanos. Este acto se considera tortura porque implica someter a una niña a un sufrimiento físico y psicológico extremo, que no solo vulnera su integridad sino también su dignidad.

Según la definición internacional de tortura, se trata de cualquier acto mediante el cual se inflige intencionadamente dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o mental, con fines de castigo, intimidación o coerción. En el caso del embarazo forzado, el sufrimiento no solo proviene de la agresión sexual en sí, sino de la continuidad de esa violencia a través de la imposición de la maternidad. La ONU ha advertido que negar el acceso a servicios de aborto seguro en estos casos es una forma de violencia institucional que perpetúa el trauma y revictimiza a las niñas.

El cuerpo de una niña no está preparado para soportar los cambios físicos del embarazo. Las menores embarazadas enfrentan mayores riesgos de complicaciones obstétricas, como la preeclampsia, partos prematuros, hemorragias y, en casos extremos, la muerte. Además, sus cuerpos en desarrollo pueden sufrir daños permanentes, como desgarros y lesiones internas, lo que también afecta su fertilidad futura y su calidad de vida.

En el plano emocional, las consecuencias son igual de devastadoras. Las niñas víctimas de violencia sexual embarazadas suelen sufrir de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, pensamientos suicidas y aislamiento social. Ser obligadas a convertirse en madres a una edad temprana interrumpe su desarrollo psicológico, su educación y sus sueños, dejándolas atrapadas en un ciclo de pobreza y vulnerabilidad. El embarazo forzado representa una forma brutal de arrebatarles la infancia.

A pesar de las claras recomendaciones de organismos internacionales y del marco legal que permite el aborto terapéutico en determinados casos, los grupos conservadores “provida” suelen oponerse firmemente a su aplicación, incluso en situaciones tan graves como el embarazo infantil producto de una violación. Su postura se basa, en gran medida, en creencias religiosas o ideológicas que sostienen la idea de que un aborto es lo mismo que un asesinato.

Al respecto, cabe señalar que, desde el punto de vista biomédico, neurobiológico y sociopolítico, no es posible equiparar a un feto con una persona en el estricto sentido de la palabra. Por lo tanto, no es ético ni lógico afirmar que el aborto es el equivalente al asesinato de una persona. Este discurso sólo sirve para seguir fomentando el embarazo forzado en niñas y adolescentes al negarles el derecho al aborto terapéutico.

Estos sectores conservadores suelen ejercer presión sobre las autoridades de salud, judiciales y políticas, generando miedo a aplicar el aborto terapéutico, incluso cuando es legal. Además, promueven desinformación sobre los efectos del aborto y estigmatizan a las víctimas, lo que contribuye a la revictimización de las niñas y adolescentes. Como resultado, muchas menores deben continuar con embarazos que las colocan en grave riesgo, en contra de su voluntad y sin tener las condiciones mínimas para ejercer una maternidad digna.