Familias en la mira del Congreso peruano: se cocina insólito plan para demostrar parentesco como nueva norma para motocicletas

Más medidas sin criterio técnico. Un reciente proyecto de ley en el Congreso de Perú ha encendido las alarmas al disponer restricciones para el uso de motocicletas en zonas urbanas con altos índices de delincuencia. La medida, que busca limitar el transporte de pasajeros en estos vehículos, ha sido calificada como “populista y facilista” por expertos en movilidad y seguridad vial. Según informó Alfonso Flórez, gerente general de la Fundación Transitemos, esta propuesta carece de sustento técnico y no aborda las causas estructurales de la inseguridad en el país.

De acuerdo con Flórez, la iniciativa legislativa incluye disposiciones como prohibir que dos personas viajen en una motocicleta, salvo que puedan demostrar un vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. Sin embargo, el experto cuestiona la viabilidad de esta norma, señalando que sería impráctico exigir a los ciudadanos portar documentos que acrediten su relación familiar mientras se movilizan. “¿Cómo se va a demostrar que el pasajero es tu hijo o tu hermano? ¿Tendrán que llevar papeles de matrimonio o certificados de nacimiento? Es un absurdo”, afirmó Flórez en declaraciones recogidas por medios locales.

El debate sobre las restricciones al uso de motocicletas no es nuevo en la región. Según detalló Flórez, medidas similares fueron implementadas en Bogotá, Colombia, entre 2022 y 2023, pero los resultados no fueron los esperados. Estudios realizados por la Universidad de los Andes demostraron que la prohibición no logró reducir los índices de criminalidad, ya que los delincuentes simplemente adaptaron sus métodos, utilizando otros vehículos como mototaxis o incluso bicicletas.

Flórez subrayó que el problema de fondo es de carácter social y económico, y no se resolverá con restricciones al transporte. “El sicariato y los robos no desaparecerán porque se prohíba el uso de motocicletas. Si no es en moto, lo harán en otro medio de transporte”, explicó. Además, enfatizó que el 90 % de los usuarios de motocicletas las emplean como medio de movilidad legítimo, por lo que estas medidas terminan castigando a la mayoría por las acciones de una minoría.

En lugar de imponer restricciones que afectan a millones de ciudadanos, la Fundación Transitemos ha planteado una serie de medidas que podrían contribuir de manera más efectiva a la seguridad vial y ciudadana. Una de las propuestas más destacadas es el cambio del diseño de las placas de rodaje de las motocicletas. Según Flórez, las placas actuales son pequeñas y difíciles de leer, incluso para las cámaras de vigilancia. La fundación sugiere adoptar un formato más grande y visible, similar al estándar europeo, con fondo blanco y números más legibles.

Otra iniciativa incluye la incorporación de una tercera placa en las motocicletas, similar a las placas rojas utilizadas en los automóviles. Este elemento permitiría una mejor fiscalización electrónica, especialmente en un contexto donde la Policía Nacional del Perú enfrenta limitaciones de recursos y personal. “La gente exige fiscalización, pero la policía no tiene los medios para hacerlo”, señaló Flórez.

Además, se ha propuesto un aumento significativo en el número de cámaras de vigilancia en las ciudades. Flórez citó el caso de Bogotá, donde el alcalde planteó incrementar las cámaras de 8.000 a 18.000 como una medida para mejorar la fiscalización y disuadir el crimen. Según el experto, este tipo de soluciones a largo plazo son más efectivas que las restricciones inmediatas y poco fundamentadas.

Otro problema identificado por la Fundación Transitemos es la falta de control en la emisión de licencias de conducir para motociclistas. Flórez explicó que, durante años, esta responsabilidad fue delegada a los municipios, lo que resultó en una distribución descontrolada de licencias, muchas de las cuales se otorgaron sin los debidos exámenes de conducción. Como solución, la fundación propone anular todas las licencias actuales y establecer un nuevo sistema de evaluación a cargo de la Policía de Tránsito, que cuenta con una de las mejores escuelas de motorizados de América Latina.

Asimismo, Flórez destacó la necesidad de regular la venta de motocicletas, ya que actualmente no existen restricciones para evitar que menores de edad adquieran estos vehículos. “No es posible que un menor pueda comprar una moto sin ningún tipo de control. Esto debe cambiar”, afirmó.

Una de las principales críticas al proyecto de ley es la ausencia de datos estadísticos que respalden su implementación. Según Flórez, no existen cifras claras sobre el número de incidentes delictivos relacionados con motocicletas en el país. “De los 3 millones de motocicletas que circulan a nivel nacional, ¿cuántos están realmente involucrados en actividades delictivas? No hay estadísticas confiables para hacer esta comparación”, señaló.

El experto también cuestionó la efectividad de las restricciones que ya se han implementado en algunos distritos de Lima Norte, donde no se han presentado resultados medibles que justifiquen la continuidad de estas medidas. “Sin datos concretos, estas propuestas no son más que humo. No se puede legislar basándose en percepciones o en lo que parece popular”, concluyó.

El debate sobre las motocicletas en Perú pone de manifiesto la necesidad de abordar los problemas de seguridad desde una perspectiva más amplia y estructural. Las propuestas de la Fundación Transitemos destacan la importancia de invertir en tecnología, fortalecer la fiscalización y garantizar que los conductores estén debidamente capacitados. Sin embargo, el camino hacia una solución efectiva requiere un compromiso real por parte de las autoridades para implementar medidas basadas en evidencia y no en decisiones apresuradas o populistas.