Congresistas y comunidades indígenas piden al Ejecutivo observar reforma a la Ley APCI

Este viernes, congresistas, organizaciones indígenas y colectivos de la sociedad civil se unieron para exigir al Ejecutivo que observe la modificación de la Ley que regula la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), recientemente aprobada por el Congreso. La norma, aún pendiente de promulgación, ha generado serias preocupaciones por su posible impacto en la cooperación internacional en áreas clave como medio ambiente, salud, inclusión social y gestión de desastres.

La modificación plantea restricciones a la utilización de fondos internacionales, lo que afectaría la labor de las organizaciones que trabajan en temas de derechos humanos y desarrollo sostenible. Según la APCI, en 2023 se canalizó más de USD 400 millones en cooperación técnica internacional, mientras que las organizaciones no gubernamentales registradas recibieron más de USD 130 millones. Sin embargo, los montos no incluyen la cooperación no registrada, lo que podría resultar en una menor capacidad de las entidades para financiar proyectos en comunidades vulnerables.

Uno de los aspectos más cuestionados de la reforma es la obligación de que todas las actividades financiadas con cooperación internacional reciban aprobación previa por parte de la APCI. Según Hugo Che Piu, director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), esto podría dar lugar a una “discrecionalidad abusiva” en la ejecución de los fondos.

“Muchos financistas podrían decidir pausar o cancelar su cooperación, derivando sus recursos a otros países”, señaló Che Piu, quien advirtió además que la norma podría limitar gravemente la participación ciudadana en temas ambientales.

La congresista Ruth Luque rechazó la nueva ley, calificándola como una medida autoritaria. “Las dictaduras se asientan cuando se arrancan derechos”, afirmó, advirtiendo que la norma restringiría la libertad de expresión y dificultaría el acceso a la justicia para las víctimas de abusos. Por su parte, Susel Paredes resaltó que la ley afectaría principalmente a las ONG que brindan apoyo legal, limitando su capacidad de acción.

Para las comunidades indígenas, la reforma a la Ley APCI forma parte de un conjunto de normativas que, según Teresita Antazú, miembro del Consejo Directivo de AIDESEP, están debilitando sus derechos. “Nosotros vemos un oscuro amanecer”, expresó, recordando que sin el apoyo de organizaciones internacionales, casos emblemáticos como el Baguazo no habrían contado con la asesoría legal necesaria. Antazú añadió que están preparando acciones legales para denunciar esta situación tanto a nivel nacional como internacional.

Desde la Asociación Nacional de Centros (ANC), Martha Cuentas subrayó que la aprobación de esta ley responde a un modelo de desarrollo que favorece la concentración de poder y riqueza. “Es urgente la articulación y movilización, pero también la resistencia”, afirmó, instando a las organizaciones sociales a unirse frente a este desafío. Este llamado a la unidad se dio en el marco de un foro público realizado en el Congreso, en el que participaron diversas voces de la sociedad civil comprometidas con la defensa de los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

La Ley N.º 27692, conocida como la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), establece el marco legal para la creación y funcionamiento de la APCI, un organismo público adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Esta ley define las funciones y competencias de la APCI, incluyendo la responsabilidad de gestionar, coordinar y supervisar la cooperación internacional no reembolsable que ingresa al país, tanto de fuentes públicas como privadas, alineándose con las políticas nacionales de desarrollo.

Entre las atribuciones de la APCI se encuentran la formulación de estrategias para la cooperación internacional, la gestión de registros de organizaciones no gubernamentales y entidades extranjeras que operan en el país, y la promoción de la transparencia en el uso de los recursos recibidos. Además, la ley establece mecanismos de supervisión y fiscalización para asegurar que los fondos y recursos de la cooperación internacional se utilicen de acuerdo con las normativas vigentes y en beneficio del desarrollo nacional.

En marzo de 2025, el Congreso de la República aprobó una reforma a esta ley, otorgando a la APCI mayores facultades para supervisar y fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento del extranjero. Esta modificación ha generado preocupación en diversos sectores, ya que establece que las ONG deben obtener una “conformidad previa” para implementar proyectos financiados con cooperación internacional. Asimismo, considera una infracción grave el uso de estos fondos para acciones legales contra el Estado, lo que podría resultar en sanciones severas, incluyendo multas significativas y la suspensión o cancelación del registro de las organizaciones afectadas.