Elecciones 2026: Congreso aprueba en segunda votación dictamen para regular el proceso de recuento de votos

El Congreso de la República aprobó en segunda votación el dictamen que propone una modificación a la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859), con el fin de regular el proceso de recuento de votos en las próximas elecciones de 2026. Esta decisión tiene como objetivo asegurar la transparencia y precisión del proceso electoral, además de corregir posibles errores materiales que pudieran invalidar actas de votación y distorsionar la voluntad popular.

La propuesta fue sustentada por el congresista y presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, quien explicó que el recuento de votos es una herramienta clave para garantizar la fiabilidad de los resultados. En su intervención, Rospigliosi detalló que este mecanismo permitirá evitar la nulidad de actas observadas por errores materiales como la ausencia de firmas, caracteres ilegibles o errores aritméticos en las actas de votación.

Según el congresista, el recuento solo se activará cuando existan discrepancias entre las actas que posea la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y las que cuente el Jurado Electoral Especial. Esto evitaría que se eliminen actas válidas debido a fallos técnicos que no reflejan la voluntad de los electores.

Rospigliosi subrayó que, con la nueva normativa, no solo se busca corregir los errores materiales, sino también fortalecer la transparencia en el recuento, evitando así que el proceso electoral se vea afectado por imprecisiones o fallos técnicos que comprometan la fiabilidad de los resultados. “El recuento de votos será un proceso que se realizará de manera clara y accesible para todos”, sostuvo el congresista.

Uno de los puntos clave de la modificación es que se refuerza la seguridad en el manejo de las cédulas de sufragio no impugnadas. Según el dictamen aprobado, las cédulas serán conservadas y custodiadas por la ONPE, lo que contribuirá a mejorar los estándares de seguridad y la garantía de la voluntad popular.

La iniciativa también establece que el proceso de recuento de votos se llevará a cabo en audiencias públicas, donde se garantizará la transparencia y la supervisión de todos los actores involucrados. Durante este proceso, estarán presentes personeros acreditados de los partidos políticos y un representante del Ministerio Público, lo que permitirá que la sociedad tenga acceso a la veracidad de las acciones que se desarrollen en cada fase del recuento.

Rospigliosi resaltó la importancia de realizar un recuento rápido y eficaz, con el fin de no dilatar los resultados electorales. “El procedimiento será célere e inimpugnable”, aseguró, lo que permitirá que los resultados de las elecciones sean claros y definitivos sin que surjan disputas adicionales o demoras innecesarias.

El recuento de votos será realizado bajo un procedimiento meticuloso pero eficiente. Durante el proceso, se garantizará que cada voto sea revisado de manera adecuada, pero también se buscará que el proceso sea lo suficientemente ágil como para no demorar innecesariamente los resultados de las elecciones.

En cuanto a la audiencia pública, se destacó que será un espacio donde los ciudadanos y los medios de comunicación podrán acceder a la información del recuento, lo que aumenta la transparencia y la credibilidad del proceso. Además, con la presencia de los personeros de los partidos políticos y el Ministerio Público, se espera que cualquier inquietud o duda que surja durante el recuento sea resuelta de manera inmediata y conforme a los protocolos legales establecidos.

La propuesta contó con el respaldo de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instituciones encargadas de la supervisión de los procesos electorales en el país. Ambas entidades han mostrado su conformidad con la modificación, reconociendo que la regulación del recuento de votos contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia del proceso electoral.

El apoyo de estos organismos es clave para el éxito de la modificación, ya que son ellos quienes supervisan y administran el proceso electoral en su totalidad. La ONPE, por ejemplo, ha expresado su compromiso con la custodia de las cédulas de sufragio y el correcto manejo de los votos, mientras que el JNE ha destacado la importancia de asegurar que los resultados finales sean indiscutibles y reflejen la verdadera voluntad de los votantes.