Red de corrupción militar: contratos millonarios y empresas fantasma bajo la lupa en el gobierno de Dina Boluarte

En las últimas semanas, una serie de investigaciones periodísticas ha puesto en evidencia irregularidades en el proceso de adquisiciones de armas y equipos militares por parte del Estado peruano. Estas compras, realizadas principalmente a través de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), han estado acompañadas de denuncias de corrupción y manipulación de contratos.

Las revelaciones apuntan a un entramado de vínculos entre contratistas privados y funcionarios públicos clave que han facilitado contratos millonarios sin seguir los procedimientos establecidos. Uno de los aspectos más alarmantes de esta trama es la adjudicación de un contrato para la reparación de helicópteros rusos a la empresa Milenium Veladi Corp., una compañía que, según las investigaciones, carece de la experiencia y la infraestructura necesaria para realizar reparaciones de esta magnitud.

Esta adjudicación, que se realizó bajo la justificación de una emergencia por el fenómeno de El Niño Costero, ha generado sospechas sobre posibles irregularidades en el proceso de contratación directa.

Según una investigación del diario La República, el contratista de equipos militares, Diego Alfaro Di Natale, ha logrado participar en ventas millonarias de armas al Estado peruano y hasta en un proceso de reparación de helicópteros.

El citado medio también reveló el vínculo entre esta persona y el empresario Jorge Garboza Amad, el gerente comercial de la Fabrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), Paulo Zevallos Rivarola.

El medio sostiene que la participación de Alfaro inició el 23 de agosto del 2023, cuando el Ejército compró a FAME 10 mil fusiles Arad 7, los cuales fueron adquiridos a la compañía IWI por US$ 27,3 millones, cuando su representante en Perú era el contratista y el jefe de la Oficina de la Asesoría Jurídica de FAME era Zevallos.

Luego, dos meses después, el 10 de noviembre de ese mismo año, el Ejército contrató a la empresa Milenium Veladi Corp. por US$ 20,3 millones para reparar tres helicópteros. De acuerdo con el Registro Público de Panamá al que el diario tuvo acceso, Alfaro fungió como apoderado en ese entonces.

Dos años después, exactamente el 31 de enero del 2025, durante la gestión de Juan José Santivañez en el Ministerio del Interior, esta cartera adquirió 7.323 fusiles Arad 5 a FAME por US$19,7 millones. En este caso, la Fábrica de Armas también recurrió a IWI, representada nuevamente por Alfaro, para suministrar el armamento.

En cuanto a la vinculación con Garboza y Zevallos, el programa de investigación Cuarto Poder reveló que el 21 de febrero, luego de la firma de este último contrato, los tres sostuvieron una reunión en un restaurante cercado a la oficina del primero. Señalaron, además, que este encuentro se llevó a cabo luego de una presunta reunión entre Jorge Garboza Amad y el hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte Zegarra.

Como se recuerda, el 15 de febrero del 2023, La mandataria promulgó la llamada ley FAME, n.º 31684, que establece que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú deben contratar con la empresa estatal del mismo nombre a través de la modalidad de encargo.

De acuerdo con el medio, la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios ha iniciado una investigación contra los altos mandos del Ejército por haber contratado con la compañía Milenium Veladi Corp.

La Contraloría emitió, a su vez, una auditoría en la que se establece que FAME habría favorecido a la empresa IWI, después de haber aceptado rebajar sus ganancias.

Un informe de la Contraloría General de la República ha revelado un caso de presunta corrupción que involucra a tres generales y siete oficiales del Ejército del Perú. Según el documento, estas autoridades habrían participado en un fraude relacionado con la adjudicación de un contrato por más de 20 millones de dólares para la reparación de helicópteros rusos, beneficiando a la empresa Milenium Veladi Corp.

El caso se remonta a mayo de 2023, cuando el gobierno de Dina Boluarte asignó un presupuesto adicional de 486 millones de soles (aproximadamente 127 millones de dólares) al Ministerio de Defensa para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño Costero. Parte de estos fondos estaba destinado al mantenimiento de helicópteros de los modelos MI-8 y MI-17, adquiridos en 2016 durante la gestión de Ollanta Humala. Sin embargo, el proceso de contratación para estas reparaciones terminó en un escándalo que ahora pone en el centro de atención a las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el informe de la Contraloría, citado en un informe de Hildebrandt en sus Trece, el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (Cemae) fue el encargado de gestionar el proceso de adjudicación. Inicialmente, se optó por una contratación directa bajo el argumento de que se trataba de una emergencia, dada la inminente llegada de El Niño Costero. Este procedimiento buscaba agilizar la reparación de las aeronaves, consideradas esenciales para las labores de prevención y respuesta ante desastres naturales.

Sin embargo, la única empresa que mostró interés en participar, Helicópteros del Sur S.A., decidió retirarse del proceso tras denunciar irregularidades. Según el medio, esta compañía habría identificado problemas en las bases del contrato, lo que generó sospechas sobre la transparencia del procedimiento. Fue en este contexto que apareció como única opción Milenium Veladi Corp, una empresa que, según las diligencias, no contaría con experiencia comprobada ni infraestructura para realizar trabajos de esta magnitud.

Este caso, que ya está en manos del Ministerio Público, podría marcar un nuevo capítulo en los escándalos de compras estatales que involucran a altos mandos militares y operadores políticos cercanos al poder.

La Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) fue creada con el objetivo de fortalecer la industria militar nacional y reducir la dependencia del Perú respecto a proveedores internacionales. Sin embargo, en los últimos años, su creciente protagonismo en adquisiciones millonarias ha encendido las alarmas.

La promulgación de la Ley N.º 31684, firmada por la presidenta Dina Boluarte en febrero de 2023, obligó a que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contraten con FAME bajo la modalidad de encargo, una medida que ha sido criticada por centralizar las compras sin los controles habituales del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

Este nuevo marco legal ha facilitado la adjudicación directa de contratos sin concursos públicos, lo que, según expertos, podría abrir la puerta a prácticas colusorias y falta de transparencia. Las recientes investigaciones revelan cómo este modelo ha sido aprovechado por una red de funcionarios y empresarios para direccionar compras a empresas con escasa experiencia, en detrimento de la seguridad nacional y del uso eficiente de recursos públicos.