Ariana, la mina que amenaza con envenenar el agua de Lima, cambia de manos: Alpayana esperará fallo judicial para cerrar transacción

El Proyecto Ariana, ubicado en la región Junín, ha sido adquirido en su totalidad por Alpayana S.A.C., tras la firma de un acuerdo vinculante con Southern Peaks Mining, según informó la compañía el 31 de marzo de 2025. Este proyecto, que se desarrollará bajo estrictos estándares internacionales en materia social y ambiental, representa una inversión de 200 millones de dólares y busca consolidar el crecimiento de Alpayana en la zona central de los Andes. La transacción se cerrará durante el segundo trimestre del año, según detalló la empresa.

El Proyecto Ariana es considerado estratégico para Alpayana, ya que permitirá generar sinergias con sus operaciones mineras cercanas y reforzar su modelo de minería responsable. Este enfoque busca no solo maximizar el valor económico, sino también garantizar un impacto positivo en el medio ambiente y en las comunidades locales. La compañía, que opera en el Perú desde hace más de 38 años, ha destacado su compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones cercanas a sus operaciones.

Sin embargo, la operación también ha sido señalada por diversas organizaciones ambientales, como CooperAcción, por suponer un riesgo inminente para la seguridad hídrica de la capital peruana. El caso Ariana, actualmente, se encuentra a la espera de su definición con un último voto en la Corte Superior de Justicia de Lima, donde se podría resolver el futuro de la adquisición de Alpayana.

Uno de los aspectos más destacados del Proyecto Ariana es su potencial para contribuir al suministro de agua limpia en Lima, una de las ciudades más grandes del mundo ubicada en un desierto. Según informó Alpayana, la empresa ya aporta 5 metros cúbicos por segundo de agua limpia a la capital peruana, lo que representa aproximadamente el 20% del consumo total de la ciudad. Con la adquisición de Ariana, la compañía planea construir nueva infraestructura y rehabilitar túneles cercanos para garantizar mayores volúmenes de agua limpia, especialmente en épocas de sequía.

El Proyecto Ariana se encuentra en el distrito de Marcapomacocha, en la provincia de Yauli, a más de 4.400 metros sobre el nivel del mar. La operación minera subterránea planea procesar 2.000 toneladas diarias de cobre y zinc, además de extraer pequeñas cantidades de oro y plata durante los próximos 10 años. Sin embargo, su ubicación en un sistema hídrico clave para Lima y Callao ha generado controversias legales y preocupaciones ambientales.

Por tal motivo, Ariana enfrenta actualmente un proceso judicial que ha paralizado temporalmente sus operaciones. La mina está ubicada en una zona de lagunas, humedales y bofedales que alimentan el Túnel Transandino Cuevas-Milloc, una infraestructura construida en 1963 para abastecer de agua y energía hidroeléctrica a Lima. Este sistema hídrico es crucial, ya que provee el 70% del agua potable consumida por limeños y chalacos, especialmente durante la temporada de estiaje.

El caso ha sido revisado por múltiples jueces desde que se presentó una demanda para frenar el proyecto hace casi seis años. El pasado 28 de marzo de 2025, se llevó a cabo una audiencia clave en la que participó Roberto Vílchez, el séptimo juez encargado de revisar el caso. Según detalló Convoca, la Corte Superior de Justicia de Lima ha convocado a tres jueces dirimentes para resolver la discordia entre los magistrados que previamente no lograron llegar a un acuerdo.

Entre los posibles escenarios, se contempla la anulación de las resoluciones del Ministerio de Energía y Minas que autorizaron el proyecto, la realización de un peritaje técnico internacional o la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental complementario en un plazo de 12 meses. Sin embargo, ya existe una sentencia previa que califica a Ariana como una “amenaza cierta e inminente” para el acceso al agua potable de más de 11 millones de personas, en caso sus relaveras se virtieran -por un terremoto, accidente o ataque terrorista, entre otros- sobre el único túnel que lleva el suministro hídrico para la capital.

A pesar de los desafíos legales y el contexto político volátil en el Perú, Fernando Arrieta, CEO de Alpayana, destacó la importancia estratégica de esta adquisición. “Creemos firmemente que el potencial del Perú supera en creces sus problemas y que el sector minero debe seguir desempeñando un rol esencial en la creación de puestos de trabajo de calidad, en mejorar la vida de las comunidades cercanas, incluyendo el acceso a agua de calidad”, afirmó Arrieta.

Alpayana, una empresa privada de propiedad familiar, cuenta con un sólido historial en transacciones de fusiones y adquisiciones, así como en el desarrollo disciplinado de proyectos mineros. Con ingresos anuales superiores a los 500 millones de dólares y sin deuda, la compañía busca consolidar su posición como líder en minería sostenible en el país.

En esta transacción, LXG Capital actuó como asesor financiero exclusivo, mientras que el Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez brindó asesoría legal a Alpayana. La adquisición del Proyecto Ariana no solo representa un hito para la empresa, sino que también pone en el centro del debate la necesidad de equilibrar el desarrollo económico con la protección de recursos naturales esenciales para millones de peruanos.