La minería ilegal del oro está alquilando miles de hectáreas concesionadas hace 30 años bajo un sistema obsoleto en Perú

La formalización minera en Perú enfrenta un momento decisivo, con propuestas legislativas que buscan transformar las condiciones actuales del sector. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) trabaja en la aprobación del reglamento de la Ley 32213, que amplía el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 30 de junio. Este reglamento, que ya fue prepublicado y sometido a consulta ciudadana, es clave para que el MINEM asuma plenamente las competencias de formalización, una tarea que anteriormente estaba en manos de los gobiernos regionales.

Máximo Gallo, Director General de la Dirección General de Formalización Minera, destacó para Infobae Perú que la aprobación del reglamento, que se encuentra en proceso de revisión por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), es un paso indispensable para que el Poder Ejecutivo asuma plenamente la competencia de formalización, una tarea que anteriormente recaía en los gobiernos regionales. En total, se recibieron 292 opiniones de ciudadanos y entidades, de las cuales 74 fueron aceptadas para modificar la propuesta.

Según Gallo, esta transferencia de responsabilidades busca superar las demoras y los costos excesivos que enfrentaban los mineros en los procedimientos regionales. “La demora y los gastos excesivos de los gobiernos regionales serán cosa del pasado”, afirmó.

Uno de los principales obstáculos para la formalización minera es la legislación vigente, que requiere ajustes clave. Gallo explicó que el 90% de los mineros en proceso de formalización no son propietarios de las concesiones donde operan, lo que representa un impedimento crítico. Además, existen cerca de 25.000 mineros trabajando en concesiones extinguidas, las cuales, según la ley actual, no pueden ser objeto de procedimientos de formalización.

Para abordar esta problemática, el MINEM propone que las concesiones extinguidas pasen a ser administradas por la institución, permitiendo su asignación a mineros interesados en formalizarse. Asimismo, se busca regular las concesiones inactivas, muchas de las cuales llevan décadas sin ser explotadas por sus titulares, quienes, en algunos casos, las subarrendan de manera informal. Estas propuestas forman parte de la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), que se espera sea aprobada antes de junio. Según Gallo, estos cambios podrían beneficiar a unos 40.000 mineros, acelerando el proceso de formalización.

“O sea, para que tú puedes formalizarte, o debe ser dueño de la concesión, o debes tener un acuerdo, un contrato con el dueño de la concesión, que te deje trabajar. ¿Qué pasa? Que hay una buena cantidad de concesiones que están extinguidas, y ahí tenemos cerca de 25.000 mineros. Lamentablemente, la ley señala que en las concesiones extinguidas no puede haber ningún procedimiento. Entonces, tiene que haber una ley que señale que las concesiones extinguidas pasan al MINEM para que sea este el que las entregue a los mineros que quieren formalizarse. Eso sería un golazo”, relató para Infobae Perú.

Otro aspecto angular de la reforma legislativa es la reducción de los plazos de concesión para la pequeña minería y la minería artesanal. Actualmente, la normativa permite que las concesiones se mantengan inactivas hasta por 30 años -como tendrían Las Bambas, Cerro Verde o Quellaveco-, un plazo diseñado para la gran minería, pero que resulta inadecuado para operaciones de menor escala.

“Hay bastantes concesiones que tienen 15, 20 o 30 años y los titulares no han hecho nada, no han hecho ninguna inversión, no han hecho ningún trabajo, no están produciéndolas, y por el contrario, están dejando que otras personas trabajen en sus concesiones y reciben dinero por eso, pero reciben dinero por lo bajo. Es un dinero negro, y hay ahí un mercado que no es el más conveniente y el Estado no puede permitir eso”, dijo.

En esta línea, Gallo propone limitar estos plazos a 10 años para la pequeña minería y a 5 años para la minería artesanal, lo que permitiría un manejo más eficiente de las concesiones. Pero se necesita el respaldo firme del Congreso de la República para avanzar.

“La legislación señala que los titulares de concesiones mineras puede tener hasta hasta 30 años. Es lógico para la gran minería, que sí necesita una buena cantidad de tiempo para hacer exploraciones, en 10 ó 15 años. Pero en la pequeña minería y en la minería artesanal eso es un absurdo. Y hoy el 80% de concesiones que tiene el Perú son de la pequeña minería. Sin embargo, se sigue, se sigue manteniendo esto de los 30 años. Entonces, eso tiene que cambiar. Cuando se diseñó originalmente la ley esta de los 30 años, no se previó que iba a pasar eso, los pusieron todos en el mismo saco”, destacó el experto.

De los 86.000 mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), solo 2.500 han logrado completar el proceso en los últimos 12 años. Esta cifra refleja una alarmante ineficiencia en la gestión regional, atribuida a la falta de técnicos capacitados, la desidia administrativa y, en algunos casos, la corrupción. Por ello, el proceso de formalización ahora correrá a cuenta del Gobierno Central, es decir, del MINEM, mientras los gobiernos regionales seguirán siendo resposnables de la fiscalización de la minería de pequeña escala, que puede degenerarse hacia la minería informal e ilegal.

Esta decisión marca un cambio significativo en la estrategia para regularizar la actividad de pequeña escala, un sector que ha enfrentado múltiples desafíos en los últimos años. De acuerdo con Gallo, el principal problema radicaba en la excesiva demora de los gobiernos regionales para procesar los expedientes de formalización. En algunos casos, los mineros esperaron hasta tres años sin recibir respuesta sobre sus solicitudes, lo que generó frustración y desconfianza en el sistema.

Además, el funcionario explica que se reportaron casos de corrupción y cobros indebidos a los mineros, quienes, a pesar de pagar altas sumas de dinero, no veían avances en sus trámites. Esta situación llevó al Congreso a transferir la competencia de formalización minera al Gobierno central, con el objetivo de agilizar los procedimientos y garantizar mayor transparencia.

El Reinfo también será objeto de una depuración exhaustiva. Una porción de los inscritos no son realmente mineros, sino personas que utilizan el registro para actividades ilegales, como el arrendamiento del Reinfo a terceros para blanquear producción ilícita. Este problema ha contribuido al aumento de la minería ilegal, que, según estimaciones, ha crecido un 40% en los últimos cinco o seis años.

“Tenemos que depurar el Reinfo porque hay una buena cantidad de personas que no son mineros y que, sin embargo, se han inscrito en el Reinfo, y esos son los que están generando también problemas de ilegalidad. Existe gente que utiliza el Reinfo para arrendarlo y se lo da a un tercero para blanquear su producción”, dijo.

El director general subrayó que la minería ilegal se ha convertido en una actividad más lucrativa que el narcotráfico, atrayendo a delincuentes que anteriormente operaban en este último sector. Además, señaló que algunos mineros ilegales están utilizando el Reinfo para legitimar su producción, lo que representa un desafío adicional para el Estado.

Para Gallo, la supervisión de las plantas de beneficio, instalaciones encargadas de procesar el mineral extraído por los mineros, se ha convertido en un elemento central en los esfuerzos por formalizar la minería en pequeña escala en Perú. Muchas de estas plantas operan de manera informal, lo que dificulta el control estatal y fomenta la ilegalidad en la cadena de comercialización del oro. En respuesta, el Gobierno peruano planea implementar un nuevo reglamento de comercialización del oro, que incluirá medidas específicas para garantizar la trazabilidad del mineral desde su extracción hasta su exportación.

El nuevo reglamento será lanzado en abril y buscará integrar las bases de datos de diversas entidades estatales, como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). Este sistema interoperable permitirá al Estado rastrear el oro desde su origen en las minas hasta su destino final, identificando posibles irregularidades en el proceso.

El funcionario asegura que en Perú existen miles de plantas, muchas de las cuales operan fuera del marco legal. Estas instalaciones son esenciales para los mineros, ya que procesan el mineral y permiten su comercialización. Sin embargo, la falta de control efectivo sobre estas plantas ha generado un vacío que facilita actividades ilegales, como la evasión fiscal y el comercio de oro de origen ilícito. ¿Será 2025 el principio del fin para la minería ilegal en Perú?