Instituto de Ingenieros de Minas tras atentado en la Poderosa: “Este flagelo nos afecta a todos los peruanos”

La región de La Libertad, en el norte de Perú, enfrenta una alarmante escalada de violencia vinculada a la minería ilegal, que ha cobrado la vida de trabajadores y generado graves daños a la infraestructura minera. Durante la madrugada del 28 de marzo de 2025, un grupo armado atacó una unidad que transportaba a 15 mineros artesanales en la concesión de la empresa Poderosa, dejando un saldo de cuatro muertos y nueve heridos. Este ataque se suma a una serie de atentados que han afectado a la zona, incluso bajo un estado de emergencia y con la presencia de cerca de 200 policías y efectivos del Ejército.

De acuerdo con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), la minería ilegal no solo pone en riesgo la seguridad de los trabajadores, sino que también afecta el desarrollo económico y social de las comunidades. En un comunicado, la organización lamentó el fallecimiento de un trabajador minero en Pataz, víctima de un atentado perpetrado por grupos criminales. Además, expresó su solidaridad con los trabajadores que enfrentan hostigamiento constante por parte de estas organizaciones delictivas.

El panorama en la concesión minera de Poderosa es crítico. Según detalló Pablo de la Flor, representante de la empresa, los ataques más recientes ocurrieron en menos de 24 horas y han generado una crisis sin precedentes. Durante la madrugada, además del ataque a los mineros, desconocidos destruyeron una torre de alta tensión en las inmediaciones del nivel 2670 de la Unidad Santa María. Este acto dejó sin suministro eléctrico a las instalaciones de la mina, afectando tanto la superficie como los niveles subterráneos entre 2860 y 3260 metros.

Horas después, un segundo atentado tuvo lugar en otra zona de las operaciones de Poderosa, aumentando el número de víctimas mortales. De la Flor calificó la situación como una “andanada de violencia simultánea en distintos puntos de nuestras operaciones que no tiene precedentes”. Según cifras oficiales, en los últimos años se han registrado 17 ataques contra la minera, con un saldo de 18 trabajadores fallecidos y la toma de al menos 25 galerías por parte de grupos ilegales.

La minería artesanal y la pequeña minería son actividades fundamentales para miles de familias peruanas, generando empleo y sustento en diversas regiones del país. Sin embargo, el IIMP advirtió que la minería ilegal afecta gravemente el desarrollo de estas actividades, exponiendo a los trabajadores a condiciones de inseguridad, violencia y explotación. En el caso de Poderosa, los ataques no solo han cobrado vidas humanas, sino que también han destruido infraestructura clave, como postes de alta tensión, necesarios para el desarrollo territorial y la continuidad de las operaciones mineras.

El instituto hizo un llamado urgente a las autoridades para fortalecer la presencia del Estado en las zonas afectadas por la minería ilegal. Según el comunicado, este flagelo no solo pone en riesgo a los trabajadores, sino que también expone a la población a problemas como la criminalidad, la trata de personas, la contaminación ambiental y el trabajo infantil.

El alcalde de Pataz, Carlos Mariños, expresó su preocupación por la falta de respuesta del Gobierno central ante los recientes atentados. En declaraciones a RPP Noticias, Mariños señaló que, pese a la gravedad de los hechos, no ha recibido comunicación alguna de las autoridades nacionales. Además, anunció un paro provincial para el próximo 5 de mayo como medida de protesta y para exigir acciones concretas contra la violencia y la minería ilegal en la región.

Mariños recordó que este tipo de ataques no son nuevos. En 2024, un atentado similar en un socavón de Poderosa dejó nueve trabajadores muertos. En esa ocasión, el Gobierno envió al lugar un equipo del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) de la Policía Nacional del Perú (PNP), pero los esfuerzos no han logrado frenar la escalada de violencia.

El IIMP subrayó en su comunicado que la institucionalidad y el Estado de derecho son fundamentales para garantizar entornos seguros de trabajo y proteger a los trabajadores mineros. La organización instó a las autoridades a tomar medidas inmediatas para combatir la minería ilegal y sus consecuencias, que afectan no solo a los trabajadores, sino también a las comunidades y al desarrollo económico del país.

La situación en La Libertad responde a un problema más amplio que enfrenta el Perú en su lucha contra la minería ilegal. Este fenómeno no solo genera pérdidas económicas, sino que también perpetúa ciclos de violencia, explotación y deterioro ambiental. Frente a este panorama, la intervención del Estado y la implementación de políticas efectivas se presentan como tareas urgentes para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas.