En el Congreso de la República se ha presentado una propuesta legislativa cuyo objetivo principal es sancionar la mentira en la vida política y su impacto negativo en la gobernanza del país. Según refiere el Proyecto de Ley N° 10650/2024, que tiene como autor al congresista Luis Roberto Kamiche Morante (Alianza para el Progreso), se busca erradicar la distorsión de hechos históricos, estadísticos y científicos dentro del ámbito político, y castigar el uso de información falsa como estrategia electoral, en el marco de las próximas Elecciones generales 2026.
En el artículo 1 de dicho proyecto se establece que la ley tiene como propósito “evitar la normalización de la mentira en la vida política y su impacto negativo en la gobernanza del Perú”. Para lograr esto, el texto propone la incorporación de varios artículos al Código Penal, con penas específicas para quienes utilicen la mentira como una herramienta para manipular el voto de la ciudadanía o dañar la imagen de otros candidatos.
Cárcel para quienes mientan y no cumplan promesas de campaña
En el artículo 2, se presenta la modificación al artículo 356.A del Código Penal, que establece que “el candidato hábil de una lista electoral que utilice, en el proceso electoral en el cual participa, la mentira como estrategia política que distorsione hechos o datos históricos, estadísticos, económicos, científicos o de otra naturaleza, para intentar persuadir al electorado en favor de su candidatura o en contra de otro candidato será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años”. Esta sanción se aplicaría a aquellos que, a través de falsedades, busquen alterar la voluntad del electorado.
Además, el proyecto de ley también contempla la modificación de otros artículos del Código Penal para abordar el abuso de autoridad relacionado con el incumplimiento de los planes de gobierno durante los procesos electorales. El artículo 3 propone la inclusión de los artículos 376.C y 376.D al Código Penal, especificando que el funcionario público que, “violando las promesas electorales contenidas en su plan de gobierno o en el plan de trabajo para cuya ejecución fue elegido o designado, incumpla de manera arbitraria y sin justificación alguna”, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.
Por otro lado, el artículo 376.D, enfocado en el abuso de autoridad relacionado con el uso de la mentira como estrategia gubernamental, establece que “el que, valiéndose de su condición de funcionario público, utilice la mentira como estrategia para distorsionar hechos o datos históricos, estadísticos, económicos, científicos o de otra naturaleza, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años”.
En la introducción del proyecto, Kamiche Morante, quien integra el grupo parlamentario APP, expresó su compromiso con la lucha contra la desinformación política. En sus palabras: “Es urgente frenar la propagación de mentiras que afectan la integridad del sistema democrático, alteran la confianza del electorado y perjudican la gobernanza del país”. De ser aprobada, esta ley marcaría un precedente importante en la lucha contra la desinformación dentro del ámbito político en Perú.
El proyecto de ley fue ingresado formalmente el 28 de marzo de 2025, y cuenta como coautores a los congresistas Eduardo Salhuana Cavides, Nelcy Lidia Ruiz Rodríguez, Magaly Rosmery García Correa, Idelso Manuel Acuña Peralta y María Grimaneza Heidinger Ballesteros. Actualmente, se encuentra a la espera de ser discutido y votado en las instancias correspondientes del Congreso de la República.
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