La creciente ola de extorsiones y violencia que afecta a los colegios en Perú motivó que la bancada de Podemos Perú presente una moción para que los ministros de Educación, Morgan Quero, y del Interior, Julio Díaz Zulueta, comparezcan ante el pleno del Congreso el próximo 3 de abril. Ello, con el objetivo de que ambos funcionarios detallen las acciones implementadas para garantizar la seguridad en los centros educativos y proteger la vida de estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia.
De acuerdo con la moción de invitación 16305, que será evaluada en la próxima Junta de Portavoces, la situación actual vulnera el derecho fundamental a la educación, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política del Perú. El documento subraya que, pese al estado de emergencia declarado en Lima, los índices de criminalidad no han disminuido, y las extorsiones han alcanzado niveles alarmantes, afectando directamente a la comunidad educativa.
El texto presentado por Podemos Perú detalla que las amenazas de extorsión no solo están dirigidas a los propietarios de los colegios, sino que también han alcanzado a los docentes. Esta situación ha obligado a muchos centros educativos a suspender las clases presenciales y optar por la modalidad virtual, mientras que otros han cerrado sus puertas por completo, a pesar de que el año escolar ya ha comenzado. Según el grupo parlamentario, esta problemática ha afectado a miles de estudiantes, quienes ven interrumpido su derecho a una educación adecuada y segura.
El congresista José Luna Gálvez, líder de la bancada, destacó que la criminalidad no solo pone en riesgo la educación, sino que también afecta gravemente la economía nacional. “Sin seguridad no hay nada. No hay negocios, ni empleo. No hay desarrollo ni crecimiento económico. No hay nada”, afirmó el parlamentario, quien también advirtió que la situación actual pone en grave peligro la vida de niños, adolescentes, profesores y padres de familia.
El documento presentado por la bancada de Podemos Perú señala que la impunidad con la que operan los grupos criminales ha incrementado la percepción de inseguridad en la población. A pesar de las medidas adoptadas por el gobierno, como la declaración del estado de emergencia, los resultados no han sido suficientes para frenar la violencia y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.
Uno de los casos mencionados es el del colegio Pitágoras, en el distrito de Los Olivos, donde la situación es tal que algunos padres de familia indicaron que están evaluando mudarse o dejar el país ante las constantes amenazas. “Nuestros niños no tienen clases, no tienen un derecho fundamental a la educación. Nosotras, como madres, estamos muy preocupadas, estamos consternadas, incluso algunas estamos evaluando mudarse o salir del país por el miedo. Creo que esto no es justo. En un país en el que tantos años ha habido tanta democracia, tanta paz que nos ha costado alcanzar, que vengan delincuentes y amenacen a los más vulnerables que son los niños, ¿en qué país estamos? ¿A qué vamos a llegar?”, expresó una madre de familia muy consternada.
Como se recuerda, el caso pasó a los medios de comunicación al revelarse que incluso uno de los docentes fue amenazado mientras realizaba clases. El profesor explicó a través de un mensaje por WhatsApp que se desconectaría temporalmente por temor a ser atacado. Además, describió cómo los extorsionadores han recopilado información detallada sobre los hábitos de los maestros, como los horarios en los que sacan a sus mascotas o los lugares que frecuentan.
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