Paraderos vacíos en Los Olivos: mototaxistas dejan de trabajar tras asesinato y extorsiones

Juan Carlos Sánchez Oviedo, mototaxista y trabajador municipal, fue asesinado en la noche del 26 de marzo en el distrito de Los Olivos. Con 48 años y una trayectoria de esfuerzo para mantener a su familia, se desempeñaba en la empresa de transporte Edmursa Los Rayos. Su asesinato ocurrió en la urbanización Villa del Norte, donde un sujeto le disparó en reiteradas ocasiones.

El ataque ocurrió en la intersección del jirón Río Ucayali con el pasaje Parinacochas. Según información de RPP, la víctima había realizado un servicio y al llegar a su destino fue interceptada por un desconocido que le disparó cuatro veces. La Policía Nacional cercó el área para iniciar las investigaciones del caso.

Tras el asesinato de Sánchez Oviedo, sus colegas decidieron no salir a trabajar. De acuerdo con el medio mencionado, en los paraderos de la empresa Edmursa Los Rayos no habían unidades operando la mañana siguiente. La decisión se tomó en medio de denuncias sobre extorsiones que sufrían los conductores, quienes eran obligados a pagar sumas de dinero para seguir trabajando con normalidad.

Los mototaxistas indicaron que los delincuentes les exigían S/ 3 diarios y, en total, un pago de S/ 20.000 a la empresa. Algunos confesaron que accedían a los pagos por miedo a represalias. “Hemos tenido que pagar, no nos queda de otra. Si no pagamos, ¿quién nos protege?”, declaró un conductor a América Noticias.

El crimen se registró en el contexto del estado de emergencia decretado en Lima y Callao, medida que busca reducir la criminalidad. Sin embargo, vecinos de la zona expresaron su preocupación por la falta de presencia policial y militar, asegurando que la seguridad en el distrito sigue siendo deficiente.

De acuerdo con información de La República, más del 70% de los mototaxistas de la empresa Edmursa Los Rayos dejaron de operar por temor a ser atacados. Además, el medio reportó que la banda criminal conocida como El Loco Aroni y la Gran Familia estaría detrás de las amenazas y cobros ilegales a los transportistas.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar a los responsables del homicidio y desarticular las redes de extorsionadores que operan en la zona.

El estado de emergencia decretado para Lima Metropolitana y Callao implica la suspensión de derechos fundamentales con el fin de reforzar la seguridad ante el aumento de la criminalidad. Durante los 30 días que durará la medida, se restringirá la libertad de tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio , permitiendo a la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas realizar operativos sin orden judicial previa.

A pesar de estas restricciones, diversas actividades continúan desarrollándose con normalidad. Eventos sociales como fiestas, bodas y reuniones privadas están permitidos , al igual que espectáculos masivos como conciertos y partidos de fútbol. Los establecimientos nocturnos, como bares y discotecas, seguirán operando, aunque bajo estricta vigilancia policial para evitar incidentes que alteren el orden público.

Además, la declaratoria no impone inmovilización social obligatoria ni toque de queda, por lo que la población puede desplazarse sin restricciones dentro y fuera de la ciudad. Los viajes nacionales e internacionales no se ven afectados , y no se requiere ningún pase especial para trasladarse entre distritos.

Por otro lado, la normativa también refuerza la fiscalización del porte y uso de armas de fuego , con controles más estrictos sobre licencias y permisos. Asimismo, migración irregular, con inspecciones dirigidas a personas en situación migratoria irregular en el país.