Un abogado ha sido sancionado por el Colegio de Abogados de Lima después de ser hallado responsable de transgredir el Código de Ética Profesional al asumir la defensa de ambas partes en un proceso legal. Según la resolución emitida por el Consejo de Ética, el abogado en cuestión actuó en un caso relacionado con el proceso por lesiones por violencia familiar, donde representó simultáneamente tanto a la parte agraviada como al imputado. La situación fue puesta en conocimiento del Ministerio Público, quien aprobó la acción penal pública.
A pesar de presentar descargos y justificar su actuación, argumentando que las partes involucradas no deseaban continuar con el proceso, el Consejo de Ética consideró que el abogado violó normas fundamentales del Código de Ética del Abogado, tales como la imparcialidad y la responsabilidad en la defensa. Esto resultó en una amonestación con multa de cinco Unidades de Referencia Procesal (URP), sanción que comenzó a computarse desde el 19 de julio de 2023.
Sanción confirmada por el Consejo de Ética
El proceso disciplinario contra el abogado fue iniciado por la Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores. El 3 de marzo de 2025, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmó la sanción impuesta por el Colegio de Abogados de Lima, que incluyó una multa como consecuencia de la transgresión a los artículos del Código de Ética que prohíben el actuar simultáneo en la defensa de ambas partes en un litigio. A pesar de los esfuerzos del abogado para presentar su defensa, el Comité de Ética ratificó la resolución y aplicó la sanción correspondiente.
El ciudadano sancionado expresó su desacuerdo con la medida y presentó sus descargos, argumentando que la parte agraviada y el imputado no solo estaban de acuerdo con su intervención, sino que también mostraron arrepentimiento por el incidente. A pesar de este argumento, el Consejo de Ética determinó que su conducta profesional había comprometido la integridad del proceso legal y no cumplió con los estándares esperados en la abogacía.
“Para contribuir que esa familia siga unida y no se quiebre, opto por esa actitud con su consentimiento, preservando la unidad familia como núcleo de la sociedad y el estado”, dijo el abogado.
El Colegio de Abogados de Lima reitera la importancia de mantener la ética profesional en todas las circunstancias, especialmente en procesos legales de tal magnitud. La sanción impuesta al abogado es un recordatorio de que el respeto a las normas éticas no solo es un requisito moral, sino también un pilar esencial para la credibilidad de la profesión legal en el país.
¿Qué es la Unidad de Referencia Procesal y de cuánto es en 2025?
La Unidad de Referencia Procesal (URP) es un indicador económico utilizado en el sistema judicial peruano para establecer y actualizar los costos asociados a diversos procedimientos legales. Su principal función es garantizar que los aranceles judiciales y otros pagos relacionados con la administración de justicia se ajusten anualmente a las variaciones económicas, manteniendo su valor real y asegurando la equidad en el acceso a la justicia.
Anualmente, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) es el encargado de establecer el valor de la URP. Esta determinación se basa en un porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que es otro indicador económico utilizado en el ámbito tributario y fiscal. Para el año 2025, el CEPJ fijó el valor de la URP en S/ 535, equivalente al 10% de la UIT, cuyo valor fue establecido en S/ 5.350 mediante el Decreto Supremo N° 260-2024-EF.
La URP sirve como base para calcular los aranceles judiciales, que son las tarifas que las partes involucradas en un proceso legal deben abonar por diversos servicios y actuaciones procesales. Estos aranceles pueden incluir costos por presentación de demandas, recursos, notificaciones y otros actos procesales. Al utilizar la URP como referencia, se busca una actualización anual de estos costos, alineándolos con la realidad económica del país y garantizando su equidad.
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