El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) realizó una intervención simultánea en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación del país. El operativo se llevó a cabo en el marco del estado de emergencia decretado en Lima y Callao para reforzar la seguridad ciudadana.
Intervención simultánea y hallazgos
El megaoperativo, liderado por el viceministro de Justicia, Juan Alcántara, contó con la participación de más de 500 efectivos de seguridad entre agentes del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), Policía Nacional del Perú (PNP), Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE y fiscales del Ministerio Público.
Durante la inspección en patios, dormitorios y otros ambientes de los centros juveniles, se encontraron e incautaron celulares, audífonos y otros objetos prohibidos. Estas intervenciones buscan evitar el uso de dispositivos que puedan facilitar actividades ilícitas o interferir en los procesos de rehabilitación.
Los centros intervenidos incluyen los de Lima, Santa Margarita, Miguel Grau de Piura, Alfonso Ugarte de Arequipa, José A. Quiñones de Chiclayo, Marcavalle del Cusco, Trujillo, Pucallpa, El Tambo-Huancayo y el Anexo III del CJDR Lima.
Medidas de seguridad y rehabilitación
El viceministro Alcántara reafirmó que el Ministerio de Justicia continuará impulsando acciones de control y seguridad en estos centros, aplicando una política de “tolerancia cero” frente a cualquier acto que afecte la rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Por su parte, el director ejecutivo del Pronacej, Francisco Naquira, enfatizó que la institución mantiene su compromiso con la resocialización juvenil, combinando medidas de intervención y seguridad con programas de rehabilitación.
El estado de emergencia en Lima y Callao ha intensificado las acciones de las autoridades para reforzar el orden y la seguridad, incluyendo operativos en centros penitenciarios y juveniles. Este tipo de intervenciones seguirá realizándose con el objetivo de fortalecer la disciplina y garantizar un ambiente adecuado para la reinserción social.
Estado de emergencia en Lima y Callao
La reciente declaratoria de estado de emergencia para Lima Metropolitana y Callao, establecida tras el trágico asesinato del cantante Paul Flores, integrante de Armonía 10, comenzó a regir desde el martes 18 de marzo. Esta medida, que tendrá una vigencia de 30 días calendario, se oficializó mediante la publicación del Decreto Supremo n.º 035-2025-PCM en el diario oficial El Peruano.
El régimen de excepción permite, como en ocasiones anteriores, la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) para el control del orden interno. Durante este período, se suspenden varios derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personal. Estas restricciones buscan responder a la creciente preocupación por la seguridad en la zona.
A pesar de las restricciones mencionadas, algunas actividades no se verán afectadas. Eventos sociales como fiestas, reuniones familiares, celebraciones de quinceañeros y matrimonios seguirán estando permitidos. También se podrán llevar a cabo espectáculos públicos, como conciertos, partidos de fútbol de la Liga 1 y de la selección peruana, así como obras de teatro, entre otros.
Sin embargo, las autoridades de seguridad estarán particularmente atentas para intervenir ante cualquier incidente que altere el orden público. En situaciones de riesgo, las fuerzas de seguridad podrán ingresar a domicilios o locales sin necesidad de una orden judicial para suspender, por ejemplo, reuniones o eventos que comprometan la seguridad.
Por otro lado, los centros nocturnos, restobares y discotecas continuarán operando con normalidad. Esta flexibilización representa un aprendizaje tras los desafíos económicos vividos en este sector durante la pandemia de Covid-19, cuando el cierre obligado de estos establecimientos implicó severas pérdidas financieras.
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