Extorsiones en Lima llevan a la quiebra a negocios y otros invierten hasta US$10 mil en seguridad

Las crecientes extorsiones, que mantienen a los peruanos en constante incertidumbre, han obligado a comerciantes y pequeños empresarios a asumir elevados costos en seguridad debido a la deficiente atención policial. Según varios testimonios, algunos de ellos llegan a destinar más de 10 mil dólares para proteger sus negocios.

Algunos negocios que han sido blanco de extorsiones se asemejan a cárceles. Un propietario de un agente bancario en Salamanca ha instalado alrededor de 18 cámaras de seguridad y cercado su local con varillas de metal, todo con el fin de garantizar su protección.

“Nos han dejado sí, tres veces (artefactos explosivos). El mensaje es de colaborar, o sea, pagar el cupo”, señala la víctima en Latina Noticias. Además, detalló que sus adquisiciones tecnológicas refieren a Estados Unidos las imágenes captadas en su local y desde ese país le brindan los datos y ubicación de algún sospechoso. El dueño del negocio manifestó también su intención de adquirir un arma de fuego para su defensa.

Estos negocios, muchos de ellos ubicados cerca de comisarías, se ven obligados a elegir entre dos opciones frente a la creciente inseguridad en Lima: incurrir en elevados gastos para proteger tanto a su personal como sus instalaciones, o cerrar definitivamente. Pagar los exorbitantes cupos exigidos por los criminales a cambio de una supuesta “protección” no es viable, ya que no cuentan con los recursos necesarios, y un primer pago solo podría dar lugar a nuevas exigencias.

Según datos de la Policía Nacional (PNP), solo en lo que va del 2025, los agentes bancarios han implementado 12 cuadernos extorsión y 36 cuadernos por casos de alta incidencia delictiva. Estos cuadernos son usados por las víctimas para que reciban patrullaje y protección de la Policía.

Debido al déficit de efectivos en la PNP, las autoridades no pueden satisfacer la creciente demanda de protección de las víctimas de extorsión. Ante esta situación, muchos recurren a la compra de productos como chalecos de seguridad, cuya demanda, según Ángelo Vourakis de Tactical Defense Perú, ha aumentado más del 200% desde 2023. Los principales compradores de estos productos son propietarios de pequeñas bodegas, farmacias y restaurantes, asegura.

Las viviendas son también otros espacios vulnerables a la delincuencia. Por ejemplo, en la urbanización de Los Ficus del distrito de Santa Anita, los vecinos pagan S/100 por vivienda para el pago de vigilantes y rejas. La suma total de toda esta zona para la seguridad es de más de S/50.000 en reja y S/40.000 en cámaras de seguridad y alarmas.

Víctor Fuentes, economista del Instituto Peruano de Economía sostiene que la compra de cámaras de seguridad también ha experimentado un aumento de hasta 13% en los últimos 10 años. “Los sistemas de control de acceso se ha duplicado, del 5% al 10% en una década”, menciona al noticiero.

Los costos de seguridad, que alcanzan cifras millonarias a nivel metropolitano, obligan a ciudadanos y empresarios a redistribuir sus ganancias. Al mismo tiempo, la creciente ola de criminalidad genera pérdidas diarias de hasta S/500.000 para los negocios ubicados en la vía pública.

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

• Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
• Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
• Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.