Bolivia le dice no a Petroperú: YPFB revoca adjudicación con estatal peruana y asigna contrato a Botrading

En un contexto de crisis energética y escasez de combustibles en Bolivia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha sido objeto de controversia tras anular un contrato previamente adjudicado a Petroperú -un habitual abastecedor del mercado boliviano- y reasignarlo a la empresa Botrading SA con un incremento del 32% en los costos. Según documentos obtenidos por el medio boliviano Brújula Digital, esta decisión ha generado un sobrecosto de 97.000 dólares y ha desatado cuestionamientos sobre la transparencia en los procesos de contratación de la estatal petrolera.

El 18 de septiembre de 2024, YPFB adjudicó a Petroperú un contrato para el suministro de hidrocarburos líquidos a un precio de 149,35 dólares por metro cúbico. Sin embargo, apenas ocho días después, el 26 de septiembre, la gerente de contrataciones de YPFB, Cinthia Pedraza, emitió una resolución administrativa que anulaba el proceso, argumentando errores en las especificaciones técnicas de la invitación. Menos de un mes después, el contrato fue reasignado a Botrading SA, esta vez a un precio de 198 dólares por metro cúbico, lo que representa un aumento significativo en comparación con la oferta inicial de Petroperú.

La empresa Botrading SA no es ajena a la polémica. Según reportó Brújula Digital, en 2023 se revelaron presuntos sobreprecios en operaciones de importación de crudo y diésel realizadas a través de esta compañía. En dos transacciones específicas, YPFB habría pagado 6,47 millones de dólares adicionales debido a que las adquisiciones se realizaron mediante Botrading en lugar de hacerlo directamente. Estas denuncias han generado sospechas sobre posibles irregularidades y corrupción en los procesos de contratación.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, ha sido uno de los principales críticos de la gestión de YPFB en este caso. Alarcón solicitó la renuncia del presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen, y propuso la creación de una comisión legislativa para investigar las presuntas irregularidades. Según el legislador, las explicaciones ofrecidas por Dorgathen sobre la anulación del contrato con Petroperú y la posterior adjudicación a Botrading han sido inconsistentes.

El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, declaró en el canal estatal BTV que la anulación del contrato con Petroperú se debió a que la empresa no presentó los documentos necesarios a tiempo para formalizar el acuerdo. Sin embargo, esta versión contradice la resolución administrativa emitida por Cinthia Pedraza, la cual señala que la anulación se realizó debido a errores en las especificaciones técnicas de la invitación, una responsabilidad atribuida directamente a YPFB.

Según los documentos obtenidos por Brújula Digital, la resolución administrativa GCC 147/2024 establece que el proceso de contratación fue anulado “hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la elaboración de las especificaciones técnicas”. Este argumento pone en duda la versión de Dorgathen y refuerza las críticas sobre la falta de claridad en la gestión de la estatal petrolera.

La controversia en torno a YPFB se produce en un momento crítico para Bolivia, que enfrenta una severa escasez de combustibles. Esta situación ha provocado largas filas en las estaciones de servicio, protestas de transportistas y medidas de emergencia por parte del gobierno, como la reducción de horarios laborales y la implementación de clases virtuales. Sin embargo, estas acciones han sido calificadas como insuficientes por sindicatos y sectores de la oposición.

El aumento de la dependencia de las importaciones de hidrocarburos ha agravado la crisis económica del país. Según datos oficiales, Bolivia destinó 1.500 millones de dólares a la importación de combustibles en 2019, cifra que se incrementó a 3.300 millones en 2024. Se estima que en 2025 el país necesitará aproximadamente 2.900 millones de dólares, equivalentes a 56 millones semanales, para cubrir la demanda de diésel y gasolina.

El caso de Botrading y la gestión de YPFB han generado un clima de inestabilidad política y económica en Bolivia. Además de las denuncias de sobreprecios, el medio argentino La Letra P reportó en 2023 que Botrading estaría vinculada a un presunto esquema de corrupción que involucraría a la familia del presidente Luis Arce y al grupo empresarial Valdivia, propietario del diario Los Tiempos de Cochabamba. Aunque estas acusaciones no han sido confirmadas, han contribuido a aumentar la presión sobre el gobierno y la estatal petrolera.

El diputado Carlos Alarcón ha señalado que las inconsistencias en las declaraciones de Armin Dorgathen y la falta de transparencia en los procesos de contratación de YPFB son motivos suficientes para exigir su destitución. Asimismo, ha pedido que se investigue a fondo el vínculo entre YPFB y Botrading, una empresa que inicialmente fue presentada como privada, pero que posteriormente se confirmó como una entidad pública dependiente de la estatal boliviana.