En un contexto marcado por la creciente preocupación por la deforestación en la Amazonía peruana, una jueza del Segundo Juzgado Civil de Maynas – Tarapoto, Mónica Pomajambo Zambrano, ha emitido un fallo que declara inaplicable una disposición clave de la controvertida Ley N° 31973, conocida como la “Ley Antiforestal”. Esta decisión responde a una demanda de amparo presentada por la ciudadanía, específicamente por la Asociación Ecoguerreros del Perú y del Mundo, representada por el activista Iván Rojas García. La norma, aprobada por el Congreso en enero de 2024, ha sido objeto de críticas por sus posibles implicaciones en la protección ambiental y los derechos de los pueblos indígenas.
La disposición complementaria final de la ley, ahora declarada inaplicable por la jueza Pomajambo, exceptuaba a los predios privados con títulos de propiedad o constancias de posesión de realizar la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. Este procedimiento es fundamental para determinar el uso sostenible de los terrenos y evitar la degradación ambiental. La jueza argumentó que esta exoneración vulnera el derecho constitucional de toda persona a un ambiente sano y equilibrado, al permitir que el Estado se desentienda de su obligación de preservar y conservar el medio ambiente en estos casos.
El impacto ambiental de la Ley Antiforestal
La Ley N° 31973, promulgada por insistencia del Congreso, ha sido señalada como un mecanismo que podría facilitar la deforestación legal en la Amazonía peruana. La norma permite a los propietarios de tierras en la región amazónica deforestar sin necesidad de realizar estudios ambientales previos ni obtener autorización del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
Esto ha generado preocupación entre especialistas y organizaciones ambientales, quienes advierten que la ley pone en riesgo la integridad de más de 3 millones de hectáreas de bosque, una cifra alarmante considerando que entre 2001 y 2023 Perú perdió 2.774.563 hectáreas de bosque, una extensión equivalente al territorio de Haití. De esta manera, el fallo judicial invalida una disposición que permitía titular tierras previamente deforestadas. Esta medida podría haber incentivado actividades como la tala ilegal, la agricultura y la minería, que ya son responsables de gran parte de la pérdida forestal en el país.
Ley Antiforestal: argumentos legales y constitucionales
La jueza Pomajambo fundamentó su decisión en el contenido constitucional del derecho a un ambiente sano, señalando que la disposición final complementaria de la ley vulnera este principio al eximir a los predios privados del procedimiento de clasificación de tierras. Este procedimiento es esencial para garantizar que las tierras sean utilizadas de manera sostenible y acorde con su capacidad de uso mayor, lo que contribuye a la protección del medio ambiente.
En su fallo, la jueza subrayó que al exonerar a los predios privados de este requisito, el Estado incumple sus obligaciones de defensa y conservación, afectando el bienestar de las personas y la sostenibilidad de los recursos naturales. Este argumento refuerza la postura de las organizaciones ambientales y los pueblos indígenas, quienes han señalado que la ley vulnera sus derechos y pone en peligro los ecosistemas de la Amazonía.
El Tribunal Constitucional y el futuro de la Ley Antiforestal
Mientras tanto, el Tribunal Constitucional (TC) aún no se ha pronunciado sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley N° 31973 por el Colegio de Sociólogos de Lima y Callao. En noviembre de 2024 se llevó a cabo una audiencia judicial clave en la que se evaluaron los argumentos en contra de la norma. Sin embargo, el fallo del TC sigue pendiente, lo que mantiene en vilo a activistas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas que esperan una resolución que pueda frenar los efectos de la ley.
La audiencia del TC ha generado gran expectativa, ya que su decisión podría sentar un precedente importante para la protección ambiental en el país. Así, la Ley Antiforestal ha sido ampliamente criticada por facilitar la deforestación y por su impacto negativo en los derechos de las comunidades locales e indígenas, quienes dependen de los bosques para su subsistencia y cultura.
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