Denunció intento de feminicidio, pero protegieron al agresor: Defensoría halló irregularidades policiales y judiciales

Ha pasado más de un mes desde que Daniela Anestar fue arrastrada con el auto donde iba su expareja Elvis Malimba Cueva, pero hasta la fecha solo ha encontrado trabas judiciales y policiales, así lo determinó un informe de la Defensoría del Pueblo. El 11 de febrero, la joven madre acudió al trabajo del padre de su hijo para solicitarle la pensión correspondiente a la terapia, pero fue agredida.

La madre narra que sufrió agresiones verbales por parte de su expareja antes que suba al vehículo con sus amigos. Sin embargo, cuando intentó que se detenga para que continúe hablando, este le pidió a su compañero que avanzara. Todo esto sucedió frente a su hijo y se evidencia en las cámaras de seguridad de la zona.

Daniela denunció el hecho en la comisaría de Chacra Colorada para solicitar medidas de protección, pero la investigación no ha avanzado. Elvis fue detenido por la PNP, pero liberado a las pocas horas.

“Él le decía que avance y en ningún momento le decía que pare, a pesar de que estaba siendo arrastrada”, manifestó a América Noticias.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la víctima relató que, a pesar de encontrarse hospitalizada debido a la gravedad de sus heridas, recibió insistentes llamadas de la comisaría de Chacra Colorada para que presentara la denuncia. Esta presión la llevó a solicitar el alta voluntaria, a pesar de su estado crítico, para acudir a la delegación policial. Una vez allí, pidió que su denuncia fuera registrada como tentativa de feminicidio, pero esta solicitud no fue atendida.

En su lugar, el documento policial describió los hechos como presuntas lesiones derivadas de una discusión, omitiendo detalles clave que fueron evidenciados en este video.

El manejo del caso por parte de las autoridades policiales también presentó otras irregularidades. Según detalló la institución, no se incluyó en la denuncia el papel del conductor del vehículo que acompañaba a su expareja. Además, cuando la víctima solicitó una copia de la denuncia, se le exigió presentar una solicitud por escrito y pagar una tasa administrativa. A pesar de ello, se le entregó luego de un mes.

Por otro lado, el Poder Judicial también habría incurrido en irregularidades. El juzgado encargado de emitir las medidas de protección incluyó datos incorrectos, como el nombre del agresor, lo que retrasó su corrección durante casi un mes.

Además, las medidas de protección no contemplaron al hijo de la víctima, a pesar de que fue testigo directo del ataque. En este tiempo, la expareja presentó una denuncia contra la mujer, lo que llevó a otro juzgado a dictar medidas de protección a su favor y del menor, pero en contra de la madre.

Ante las denuncias de irregularidades, la titular del 11° Juzgado Especializado en Violencia hacia Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar justificó la demora en la ampliación de las medidas de protección al niño debido a las vacaciones judiciales. Sin embargo, manifestó que emitirán un pronunciamiento del caso en los próximos días.

Mientras tanto, el comisario de Chacra Colorada aseguró que elaborará un informe sobre los resultados de la investigación interna en la comisaría tras ser notificado de las deficiencias en el manejo de denuncias de violencia contra la mujer.

La jefa de la Oficina Defensorial de Lima, Estela Lozano, expresó su preocupación por la reiteración de estas fallas en casos de violencia de género. Asimismo, recordó que estos casos no son aislados a lo que pasa en otros distritos.