Sobrevivientes de abusos en la Iglesia y organizaciones indígenas denuncian que ley anti-ONG es una “mordaza” para lograr justicia

Sobrevivientes de abusos en la Iglesia católica peruana y organizaciones indígenas han manifestado un rotundo rechazo a la denominada ley anti-ONG aprobada por el Congreso, al alegar que debilita “gravemente” su capacidad para acceder a la justicia y “abre la puerta a la impunidad de autoridades corruptas, que podrían violar los derechos humanos sin consecuencias”.

La Red de Sobrevivientes Perú, organización dedicada a la defensa de las víctimas de abusos en entornos eclesiásticos, denunció, a través de un comunicado, que la norma busca proteger a los responsables de estos crímenes al restringir el acceso a recursos internacionales esenciales para llevar a cabo investigaciones imparciales.

“Tras una fachada de búsqueda de transparencia y fiscalización, el objetivo real es silenciar a la sociedad civil (...) En el caso específico de los objetivos de nuestra asociación, las fuerzas políticas con presencia en el Congreso que se han aliado con poderosas organizaciones religiosas como el Sodalicio, el Opus Dei y muchas iglesias cristianas para promover agendas antiderechos buscan silenciar a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual”, se lee en su pronunciamiento.

José Enrique Escardó, presidente de la organización y primer denunciante del Sodalicio, subrayó que la ley no solo discrimina a las víctimas sin recursos, sino que también impide que las organizaciones lleven sus casos ante tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente si el Estado no cumple con exigencias como la creación de una comisión de la verdad sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia católica.

“La nueva ley anti-ONG convenientemente neutraliza estas acciones, ya que ninguna organización, empresa o institución privada peruana apoyaría una iniciativa que tuviera por finalidad llevar ante la justicia al Estado, a poderes religiosos y sus socios políticos y económicos, siendo la única alternativa recurrir a la cooperación internacional, hoy prohibida por dicha ley”, señaló en su pronunciamiento.

Asimismo, la organización insistió en que esta ley deja sin amparo a las víctimas, al tiempo que protege a los agresores. “Si bien estamos de acuerdo con que la transparencia en el uso de los recursos públicos y de la cooperación internacional debe ser total, rechazamos que no se incluya en este pedido de transparencia a la Iglesia católica y cristianas, algunas de ellas muy cercanas a los congresistas que han impulsado y aprobado esta ley. Es por ello que solicitamos que el Congreso exija a las iglesias lo mismo que se exige a las ONG”, agregó.

Por su parte, las organizaciones indígenas que luchan por la protección de sus derechos territoriales denunciaron en una rueda de prensa que esta ley se ha convertido en una “mordaza”, pues restringe el uso de fondos internacionales, lo que obstaculiza su lucha contra los abusos, como la explotación de sus tierras y el despojo de recursos naturales.

Mencionaron que la norma afectaría especialmente más de 30 procesos judiciales impulsados por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) en defensa de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. “Esta norma busca que al Estado no se le fiscalice, no se lo critique, no se le judicialice”, expresó Jorge Pérez, presidente de AIDESEP.

Los líderes indígenas también alertaron que afectaría los casos de líderes asesinados que aún no han encontrado justicia, pues los pueblos indígenas no podrán recurrir a instancias internacionales, lo que “fortalecería la impunidad, dejando en el olvido los crímenes cometidos contra aquellos que dieron su vida en defensa de sus territorios”.

La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) advirtió que la ley impedirá que continúen con sus peticiones de consulta previa sobre proyectos mineros ni cuestionen leyes en el Congreso. La Confederación Nacional Agraria (CNA) denunció que es una represalia contra los pueblos indígenas, quienes en el pasado lograron anular leyes inconstitucionales a través de litigios.

ONAMIAP también alertó sobre la intención del gobierno de debilitar sus organizaciones representativas y advirtió que, si la ley no es observada, tomarán medidas directas. Danitza Quispe, dirigenta de esta organización, criticó la aprobación de la ley sin consultar a los pueblos indígenas, lo que la hace inconstitucional.

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) denunció que el Estado no protege a los pueblos originarios, sino que criminaliza sus luchas. “El Estado no nos protege; en cambio, criminaliza nuestras luchas”, denunció su presidente, Oseas Barbarán.

Finalmente, la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA) advirtió que la ley fomenta la impunidad estatal y renuncia a la obligación de proteger los derechos colectivos, por lo cual, según el dirigente Edwin Gutiérrez, es un paso hacia una “dictadura legalizada”.