El servicio militar obligatorio y el estado de emergencia no frenan la delincuencia: expertos en seguridad critican medidas del gobierno

Este miércoles, Paul Flores ‘Russo’ fue enterrado en medio de pedidos de justicia y críticas al gobierno de Dina Boluarte por la nula estrategia en la lucha contra la criminalidad. El asesinato de uno de los cantantes de Armonía 10 ocurrido la madrugada del último domingo, puso al Ejecutivo contra las cuerdas.

En ese contexto, el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, anunció que uno de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana es que el Ejecutivo presente al Congreso un proyecto de ley para implementar el servicio militar y policial obligatorio. Asimismo, se declaró a Lima Metropolitana en estado de emergencia.

Sin embargo, solo en las primeras horas desde que entró en vigencia la medida ya se reportaron 4 asesinatos a manos de la delincuencia. Diversos expertos en seguridad han criticado las acciones adoptadas por Dina Boluarte, pues consideran que el servicio militar obligatorio y los estados de emergencia no frenan la ola de criminalidad que azota al país.

El exjefe de la DINI, Juan Carlos Liendo, consideró que el Ejecutivo está abordando el problema de manera superficial y sin comprender su magnitud. “Las medidas adoptadas por el gobierno son completamente irresponsables. Están tomando decisiones en una entidad que no tiene competencia sobre asuntos de seguridad nacional. La seguridad ciudadana se centra en la victimización y delitos menores, no en el crimen organizado ni en las reformas policiales”, señaló en declaraciones a Canal N.

Asimismo, horas antes, en una entrevista con RPP, criticó la medida de sacar a los militares a las calles, como apoyo a la PNP en el estado de emergencia: “La única vía constitucional para que las FF.AA. salgan a las calles es cuando la Policía haya sido rebasada y viene el estado de excepción. Ahí es cuando las FF.AA. toman control del orden interno para que la Policía vuelva a trabajar. La ley es débil e inconsecuente, en donde los militares no actúan porque no tienen las garantías jurídicas para hacer una verdadera presencia”, comentó.

Por otra parte, sobre el retorno del servicio militar obligatorio, Enrique Castro Vargas, abogado con estudios en criminología, calificó esta propuesta como “desesperada” y advirtió que podría llegar a ser contraproducente al obligar a las personas a hacer algo que no quieren. “Es como apagar este incendio con gasolina”

“Lo que pasa es que ya es querer sacar conejo de sombrero, que además de ser conejo, hable, cante, baile y toque Rock and Roll. En realidad son medidas absolutamente desesperadas, que no tienen mucho sentido asidero en la evidencia, en la experiencia regional”, indicó en declaraciones para RPP noticias.

El abogado consideró que ya se registraron casos previos y cuando esto ocurre es que suceden las violaciones a los derechos humanos y el Estado termina enfrentando procesos internacionales por crímenes de lesa humanidad.

“Cuando hubo experiencias, que han tenido ese tipo de actitudes, de obligar al ciudadano a ser parte de las fuerzas de orden y control, pues termina con problemas de violación de derechos humanos, con el Estado denunciado por haber hecho irregularidades, en las prácticas y en las formaciones, que suelen ser precarias este tipo de instancias o este tipo de respuestas. Entonces, en vez de soluciones que apaguen el fuego, terminas aumentándolo. Es como apagar este incendio con gasolina”, agregó.

Sobre el servicio policial obligatorio, también considero que es una propuesta ineficiente, por obligar a la institución a recibir a las personas que no estudian, ni trabajan.

“Bajo esta lógica, también a la policía hay que llenarla de personas que no estudian, no trabajan. Hay que obligar a las personas a integrar las fuerza de orden y control. Son medidas de mayor represión que no tienen inteligencia, no tienen información. Es decir, me parece hasta risible y bastante desesperado”, culminó.