Challapalca, entre el frío extremo, la altura y un millonario plan para modernizarla mediante OxI: ¿Qué otras cárceles seguirán?

En un esfuerzo por combatir la creciente inseguridad ciudadana, el Gobierno de Perú, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y en colaboración con otros ministerios como el Ministerio del Interior (Mininter), anunció un paquete de inversiones por un total de S/2.695 millones. Este plan, denominado “Alianza por la Seguridad”, busca financiar proyectos de infraestructura pública mediante el mecanismo de obras por impuestos (OxI), una modalidad que permite a las empresas privadas destinar sus tributos al desarrollo de obras públicas, las cuales deberían ser responsabilidad del Estado.

Según informó el gobierno, el paquete incluye un total de 62 proyectos distribuidos entre diversas entidades públicas. Entre las principales inversiones destacan las del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), que contempla 10 proyectos por S/382 millones, y las del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con 18 proyectos por S/1.422 millones. Por su parte, el Mininter ha identificado 14 proyectos que suman S/476 millones, mientras que la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) planea ejecutar 4 proyectos por S/99 millones. Además, los gobiernos regionales y locales también participarán con inversiones menores, que totalizan S/80,6 millones y S/76 millones, respectivamente.

Para el INPE, se considera una cartera de 18 inversiones por S/1.422 millones. Entre ellas, se cuentan 4 iniciativas multidepartamentales, es decir, transversales a distintas regiones donde opera el instituto penitenciario:

• Adquisición Vehículo para conducción y traslado de internos (S/18 millones)
• Adquisición de Equipo de Seguridad personal penitenciario (S/67 millones)
• Adquisición de Ómnibus para intervención inmediata (S/10 millones)
• Adquisición de Sistema de Inspección Penitenciario (S/71 millones)

En cuanto a la mejora propiamente dicha de los penales o construcción de nuevas cárceles a través de obras por impuestos, se cuentan 14 iniciativas:

• Piura: Ampliación del Albergue del EP Piura (S/82 millones)
• La Libertad: Mejoramiento y ampliación EP TRUJILLO (S/211 millones)
• Lima: Mejoramiento EP Ancón I (S/63 millones)
• Callao: Construcción de la Asistencia post Penitenciaria (S/12 millones)
• Junín: Adquisición de inhibidores de celulares EP. Río Negro por IOARR (S/4,3 millones) y Mejoramiento del EP. JAUJA (S/18,3 millones).
• Ica: Mejoramiento y ampliación EP. ICA (S/281 millones)
• Amazonas: Construcción EP. Bagua Grande (S/315 millones)
• San Martin: Adquisición de inhibidores de celulares EP. Juanjui (S/4,3 millones)
• Huánuco: Construcción EP. Venado Pampa (S/230 millones)
• Pasco: Adquisición de inhibidores de celulares EP. Cochamarca por IOARR (S/4,3 millones)
• Puno: Rehabilitación y ampliación EP. Lampa (S/19 millones) y Rehabilitación y ampliación EP. Puno (S/ 7 millones)
• Tacna: Adquisición de inhibidores de celulares EP. Challapalca (S/4,3 millones)

Pero también se cuentan las inversiones en reformatorios o centros de atención al menor que delinque. Estos proyectos priorizados no se encuentran a cargo del INPE, sino del Ministerio de Justicia. Se trata de 10 inversiones por S/382 millones, entre las que se cuentan:

• Piura: Mejoramiento del Centro Juvenil de diagnostico y rehabilitación Miguel Grau (S/34,7 millones).
• Ucayali: Mejoramiento del Centro Juvenil de diagnostico y rehabilitación de Pucallpa (S/119,4 millones).
• Junín: Mejoramiento del Centro Juvenil de diagnostico y rehabilitación El Tambo (S/96,2 millones)
• Arequipa: Mejoramiento del Centro Juvenil de diagnostico y rehabilitación Alfonso Ugarte (S/65 millones)

El mecanismo ha sido destacado como una herramienta eficaz para agilizar la ejecución de proyectos en sectores como educación y salud. Sin embargo, su aplicación en el ámbito de la seguridad plantea retos a considerar. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y actual director de Videnza, calificó la iniciativa como “positiva, pero ambiciosa”. Según Castilla, nunca se han desarrollado proyectos de OxI en esta área, y la experiencia previa en otros sectores evidencia problemas de gestión por parte del sector público.

En diálogo con Infobae Perú, Castilla señaló que la capacidad técnica y la seriedad de las entidades públicas son factores críticos para el éxito de estos proyectos. En el caso del Mininter, mencionó que un proyecto de S/12 millones destinado al mejoramiento de comisarías en Huancavelica bajo esta modalidad lleva paralizado desde 2020. Este ejemplo, según el exministro, refleja las dificultades que enfrentan las instituciones públicas para gestionar proyectos de manera eficiente, lo que podría desincentivar la participación del sector privado.

A pesar de las ventajas del mecanismo de obras por impuestos, Castilla subrayó que no está exento de riesgos. Aunque esta modalidad es menos susceptible a actos de corrupción en comparación con otras formas de contratación pública, como la administración directa o las licitaciones tradicionales, sigue siendo vulnerable a problemas de gestión y posibles irregularidades.

Además, el exministro expresó su preocupación por el impacto que podría tener la proximidad de las elecciones generales en 2026. Según Castilla, la incertidumbre política y los cambios de prioridades que suelen acompañar a los procesos electorales podrían limitar la efectividad de esta estrategia. “Si un nuevo gobierno decide cambiar las prioridades, esto podría desalentar la participación de empresas privadas, especialmente en proyectos multianuales”, afirmó.

El organismo encargado de promover las inversiones en el país, ProInversión, también enfrenta desafíos en la implementación de este plan. Según Castilla, aunque el MEF y ProInversión están comprometidos con la promoción de este mecanismo, su éxito depende en gran medida de la capacidad de las entidades públicas para actuar como contrapartes confiables. “Se requieren dos para bailar el tango”, comentó, aludiendo a la necesidad de una colaboración efectiva entre el sector público y el privado.

Finalmente, el exministro destacó que, aunque el Gobierno peruano ha elevado el techo de inversión para proyectos de OxI a S/10.000 millones, no todos los problemas de infraestructura pueden resolverse mediante este mecanismo. La complejidad de los proyectos y la falta de capacidad técnica en algunas entidades públicas podrían limitar el alcance de esta estrategia.