El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, se comunicó con el jefe del Gabinete de Asesores del Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, seis horas antes de ser detenido de manera preliminar por su implicancia en una presunta red dedicada al uso irregular de recursos de la institución en actos ilícitos, según un informe difundido este viernes por Hildebrandt en sus trece.
La información obtenida del celular del directivo revela que la comunicación con Erick Caso Giraldo, asesor del portafolio, fue a las 6:46 p.m. y duró cinco. Posteriormente, Lozano realizó 21 llamadas a su esposa, su hijo, su madre, su secretaria, su abogada Giulliana Loza, personal de seguridad y otros miembros de la FPF, como Carlos Oblitas, director general de la institución, y Freddy Salazar, su contador.
La madrugada del 7 de noviembre, cuando su domicilio fue allanado, él ya se encontraba vestido y esperando la intervención que acabó con su arresto. Durante el operativo, algunos implicados en la presunta organización criminal ‘Los Galácticos’ no fueron localizados, como el abogado José Carlos Isla y el directivo Juan Francisco Quispe.
Según la Fiscalía, se trata de una red que aprovechaba los recursos de la FPF para obtener beneficios ilegales. La investigación se enfoca principalmente en el lavado de activos.
En la diligencia, se confiscó un iPhone 14 Pro Max, personalizado con una foto de Lozano y su esposa. De acuerdo con el contenido del teléfono, el mandamás de la FPF usaba un sistema de WhatsApp con temporizadores para eliminar los mensajes tras ser enviados. Su lista de contactos incluía figuras del fútbol, periodistas y políticos, como Juan Carlos Tafur y el “General Oswaldo Hernández, asesor del premier Otárola”.
Chats
El 8 de octubre de 2024, Pablo Betancourt, representante del exentrenador de la selección peruana Jorge Fossati, le solicitó entradas para el partido Perú vs. Uruguay, que se jugaría dos días después, y le ofreció un jugador uruguayo “bonificado” para ajustarse a su presupuesto. En ese momento, el club Juan Pablo II de Chongoyape, propiedad de Lozano, luchaba por ascender a la Primera División del fútbol peruano.
Otra conversación importante ocurrió el 20 de agosto de 2024, cuando Marco Peña, identificado como “Ministro del Interior Subprefecto de San Borja”, le ofreció apoyo respecto a un escándalo relacionado con el futbolista Christian Cueva, quien había sido denunciado por violencia. Peña, con vínculos políticos, mencionó que había ayudado a otros jugadores en situaciones similares, pero Lozano no respondió.
El 20 de octubre de 2024, un contacto identificado como “Jessica Jiménez PRENSA” le informó que un político estaba atacando su imagen y le sugirió hacer públicos detalles del pasado de su detractor. Aunque el contacto se presentó como mujer, luego se reveló que era un hombre llamado Carlos Torres Rivera, un exfuncionario del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Lozano citó a Torres a una reunión al día siguiente.
El 2 de noviembre de 2024, Orlando Jiménez, reportero del medio El Dato de Lambayeque, le propuso hacerle una entrevista y, durante la conversación, Lozano reveló su intención de postular a la alcaldía de Chiclayo por el partido Alianza para el Progreso (APP).
Los chats también documentaron comunicaciones con el líder de APP, César Acuña, y su hijo Richard, relacionados con una disputa sobre el pago de un jugador del club César Vallejo. El presidente de la FPF fue solicitado para interceder en la resolución del contrato con Paolo Guerrero, quien había tenido problemas con el club.
El celular de Lozano también contenía conversaciones con barristas, a quienes aparentemente pagaba para organizar protestas a su favor, siempre según la revista. La Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva para el directivo, detenido por presunto uso indebido de recursos de la FPF, entrega de favores a clubes nacionales y acusaciones de reventa de entradas y viajes al Mundial de Qatar 2022.
El arresto también involucró a los presidentes de Sporting Cristal, Joel Raffo, y de Cantolao, Karen Mandriotti, así como a otros dirigentes del fútbol. Lozano, Raffo y Mandriotti fueron liberados el 19 de noviembre. Posteriormente, la Fiscalía retiró los cargos de pertenecer a una red criminal, en cumplimiento de una nueva ley que obligó a modificar la acusación contra el dirigente de la FPF.
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