BCRP a favor de derogación de Ley antiusura: “Afecta negativamente el proceso de inclusión financiera”

Recientemente, el Congreso aprobó en segunda votación la derogación de la Ley 31143, conocida como la Ley contra la usura bancaria, que desde 2021 limitaba las tasas de interés en el sistema financiero. Esta norma fue implementada con el objetivo de proteger a los consumidores de cargos excesivos por parte de las entidades financieras. Sin embargo, su derogación ha generado un intenso debate y controversia en diversos sectores.

Se identificaron errores en el conteo de los votos, los cuales surgieron debido a que la congresista María Agüero cambió su voto y se registró incorrectamente el voto oral de la congresista María Acuña, a pesar de que ya había emitido su voto electrónico. Como resultado, la votación finalizó con 65 votos a favor, cuando se requerían al menos 66 para su aprobación. Debido a estas inconsistencias, el congresista Guido Bellido anunció que la ley será sometida nuevamente a debate y votación en el pleno del Congreso. En este contexto, el BCRP tomó postura frente a la derogación.

Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCRP), señaló que la ley que limita las tasas de interés ha restringido el acceso al crédito para ciertos segmentos de la población, lo cual podría contribuir al crecimiento de la informalidad financiera. “Desde un inicio mencionamos que esta medida iba a traer problemas y afectar negativamente el proceso de inclusión financiera que se venía dando”, comentó durante su intervención en el Programa Monetario de marzo.

De acuerdo con las proyecciones del BCRP, a marzo de 2024, la limitación en las tasas de interés resultó en la exclusión de 218 mil personas del sistema financiero, además de bloquear el acceso al sistema formal de crédito para otros 325 mil deudores no bancarizados. Armas destacó que existen enfoques más eficaces para promover la inclusión financiera y mejorar las condiciones para acceder a préstamos.

Además, se refirió a investigaciones anteriores que explican cómo funciona el acceso al crédito en economías con altos niveles de informalidad. “Antes del tope a la tasa de interés, un estudio de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) demostró cómo los agentes económicos acceden por primera vez al crédito formal, hay una tasa de interés inicialmente más elevada. Luego, una vez que la persona va formando reputación crediticia, las tasas se reducen significativamente”, detalló. Según Armas, el mercado financiero genera competencia a medida que los clientes construyen su historial crediticio, lo que facilita la disminución de las tasas. “Esa entrada fue el paso crucial, pero fue interrumpido por el establecimiento de los topes a la tasa de interés”, concluyó.

Varios congresistas y expertos consideran que, si se deroga la Ley antiusura, millones de personas podrían quedar desprotegidas frente a prácticas abusivas de los bancos y grandes entidades financieras en el país. Aunque se argumenta que la medida busca luchar contra los “préstamos gota a gota” y la delincuencia, podría quitarles a muchos ciudadanos las protecciones legales que actualmente disfrutan.

José Luna Gálvez, congresista y portavoz de Podemos Perú, afirma que la derogación de esta norma solo favorecería a las entidades bancarias, mientras que la clase media, los trabajadores y los pequeños empresarios quedarían expuestos a abusos financieros.

Si se elimina la Ley 31143, se quitarían los límites a las tasas de interés bancarias, permitiendo que los bancos impongan cargos desmesurados sin ningún tipo de regulación. En la actualidad, la ley protege a los usuarios de intereses que podrían superar el 200%, una situación preocupante para los millones de peruanos que dependen de productos financieros. Además, su desaparición podría traer de vuelta sanciones y comisiones excesivas, particularmente para los más de nueve millones de titulares de tarjetas de crédito en el país.

Jorge Delgado, presidente del consejo directivo de la Asociación Latinoamericana de Microfinanzas (ALAMI), señaló: “El Congreso aún está a tiempo de hacer lo correcto. Mantener estos topes va en contra de la inclusión financiera y expone a miles de personas al crédito informal y al crimen organizado”.

Según el BCRP, a marzo del 2024, el tope de tasas de interés ya había generado la exclusión de 218.000 deudores del sistema financiero y había impedido que otros 325 mil deudores no bancarizados accedieran por primera vez al sistema formal. El impacto ha sido especialmente fuerte en el sector de las microfinanzas, que atiende a prestatarios con menos historial crediticio y más dificultades para acceder a productos financieros tradicionales.

Por otro lado, los efectos de la norma incluyen un mayor uso del crédito informal. Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), publicado en octubre del año pasado, estimó que más de 600.000 hogares urbanos –equivalentes al 9,3% del total– recurrieron a prestamistas informales en el último año.

El mismo informe alertó que más de la mitad de los prestatarios informales paga tasas anualizadas superiores al 500%, y que los préstamos bajo la modalidad del ‘gota a gota’ superan el 1.400%. Estos esquemas no solo son significativamente más caros, sino también más riesgosos, por sus mecanismos de cobro violentos o extorsivos. Según el IPE, el 16% de quienes accedieron a crédito informal reportó amenazas o represalias por parte del prestamista. Además, entre el 2021 y el 2023, las denuncias por extorsión crecieron en 360,6%, de acuerdo con datos de la Policía Nacional.

Finalmente, la permanencia de los topes también limita la capacidad del BCRP para transmitir con mayor efectividad su política monetaria. En un contexto de recuperación económica, ampliar el acceso al crédito formal resulta clave para reducir la exposición al crédito informal, dinamizar la actividad económica y dar oportunidades reales a quienes más lo necesitan.