Brookfield Asset Management, uno de los principales gestores de inversiones a nivel global, ha iniciado un arbitraje internacional contra el Perú por la concesión de Rutas de Lima. La compañía, con sede en Canadá, exige al Estado una compensación superior a los 2.700 millones de dólares, alegando la expropiación de tramos viales mediante medidas estatales y ordenanzas municipales. Ante este reclamo, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, negó que el país deba asumir este pago y aseguró que la concesión carece de validez.
La disputa surge luego de que el Tribunal Constitucional dispusiera la suspensión del cobro de peajes en Lima Norte, se argumenta que estos vulneraban el derecho al libre tránsito de los ciudadanos. La empresa gestora sostiene que esta decisión, junto con otras acciones del gobierno local, ha afectado su capacidad para operar y generar ingresos, lo que justifica su demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá.
López Aliaga responde a Brookfield
En entrevista con Cuentas Claras de Canal N, López Aliaga defendió la posición de la Municipalidad de Lima y aseguró que el reclamo de el operador de fondos no tiene sustento. Según indicó, el Tribunal Constitucional falló de manera unánime a favor de los ciudadanos, declarando ilegítimo el cobro de peajes en la Panamericana Norte.
“El TC falló 7 a 0 en favor de la gente. Brookfield, como socio de Odebrecht, no tiene ninguna posibilidad de ganar en el CIADI”, declaró el burgomaestre.
Asimismo, remarcó que la base del contrato de concesión es nula debido a presuntas irregularidades en su origen. Sostuvo que, de confirmarse una sentencia contra la exalcaldesa Susana Villaran por casos de corrupción, el acuerdo con Rutas de Lima perdería cualquier respaldo legal. “Estamos ante un contrato corrupto que debe ser anulado”, enfatizó.
Brookfield y su demanda ante el CIADI
El fondo de inversión canadiense presentó su acción en diciembre de 2024, argumentando que las decisiones de la Municipalidad de Lima y otras instituciones han impactado negativamente su inversión en Rutas de Lima. En su comunicación oficial, el conglomerado canadiense indicó que la expropiación de tramos concesionados y la eliminación del cobro de peajes constituyen una violación de sus derechos como inversionista extranjero.
El arbitraje internacional se desarrolla bajo el marco del TLC entre Perú y Canadá, lo que implica que el Estado peruano podría enfrentar sanciones en caso de perder el proceso. Según Brookfield, la anulación de los peajes sin una compensación adecuada representa una confiscación injusta de su inversión.
Consultado sobre los arbitrajes perdidos por la Municipalidad de Lima en 2020 y 2022, López Aliaga explicó que estos procesos fueron iniciados en administraciones anteriores y que su gestión ha decidido apelar. “El arbitraje fue pactado dentro de un contrato corrupto hecho por Odebrecht. Es imposible ganar en esas condiciones, por eso nuestra estrategia es salirnos de ese arbitraje”, afirmó.
El alcalde reiteró que su administración no es responsable de la eliminación de los peajes, sino que simplemente ha acatado el fallo del Tribunal Constitucional. En ese sentido, rechazó que el Estado deba asumir alguna indemnización y aseguró que su postura es la defensa de los intereses ciudadanos.
El fallo del Tribunal Constitucional
En marzo de 2024, el Tribunal Constitucional ordenó la suspensión del cobro de peajes en el distrito de Puente Piedra hasta que se construya una vía alternativa. Según la resolución, el cobro de este peaje limitaba el derecho fundamental al libre tránsito de los habitantes de la zona y de los conductores que transitan por la Panamericana Norte.
Esta decisión generó el rechazo de la concesionaria Rutas de Lima y de Brookfield, que argumentaron que la medida afectaba la estabilidad del contrato de concesión y ponía en riesgo la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en el país. Sin embargo, desde la Municipalidad de Lima han insistido en que la sentencia del TC debe ser respetada y que los peajes establecidos bajo condiciones irregulares no pueden mantenerse en vigencia.
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