Perú arriesga nuevo arbitraje internacional con Noruega por caso Doe Run: Consultores A1 a contrarreloj por sanción de 100 UIT

Odfjell Terminals Perú - Depósitos Químicos Mineros S.A. (DQM), una empresa de capitales noruegos, evalúa llevar al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) debido a una controversia que se remonta a 2015. La disputa surge del incumplimiento de pagos por parte de Doe Run Perú, empresa en proceso de liquidación ante Indecopi, por servicios de almacenamiento de ácido sulfúrico. El conflicto podría convertirse en el caso número 23 que enfrenta Perú en el CIADI, un escenario que podría tener graves implicancias para la seguridad jurídica y la atracción de inversión extranjera en el país.

En 2007, DQM firmó un contrato con Doe Run Perú para almacenar ácido sulfúrico producido en el Complejo Metalúrgico de La Oroya, un servicio clave para que la minera cumpliera con las normativas ambientales. Sin embargo, en 2010 ingresó a un proceso de insolvencia y, aunque reconoció la importancia de los servicios de DQM, dejó de cumplir con los pagos. Según la normativa concursal, los servicios esenciales deben ser considerados como créditos corrientes, lo que implica su pago inmediato. A pesar de ello, en 2014, un nuevo liquidador designado por Doe Run Perú desconoció esta clasificación, retrasando el pago de la deuda.

En 2015, DQM inició un arbitraje ante el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), reclamando una deuda de más de 16 millones de dólares por los servicios prestados. En 2023, el tribunal emitió un Laudo Arbitral que ordenó a Doe Run Perú pagar 14,3 millones de dólares, además de intereses y penalidades, al considerar el crédito como corriente.

Asimismo, el laudo estableció medidas cautelares para garantizar el pago, incluyendo la retención de fondos provenientes de la venta de activos de Doe Run Perú, como la Unidad Minera Cobriza, y del fideicomiso ambiental administrado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Sin embargo, según detalló Verónica De Noriega, abogada de DQM, estas medidas no se cumplieron. Doe Run Perú vendió la Unidad Minera Cobriza sin retener los fondos ordenados, y tanto el Minem como otros agentes fiduciarios, como Scotiabank, se negaron a ejecutar las retenciones. En 2022, la noruega inició un proceso judicial para forzar el cumplimiento de estas medidas, pero los fondos ya habían sido liberados.

“Tan estratégico era el servicio que, durante el arbitraje, DQM tenía el ácido de La Oroya almacenado en el Callao, pero finalmente fue embarcado para su exportación. Incluso durante el arbitraje, Doe Run contrata a través de otras empresas los servicios de depósitos químicos, eso también se acreditó y fue una de las razones para ganar el arbitraje”, destaca Verónica de Noriega, abogada de DQM.

La gestión de los liquidadores designados para administrar Doe Run Perú ha sido objeto de múltiples cuestionamientos. Desde 2014, han pasado varias empresas liquidadoras, entre ellas Profit (el que desconoció a DQM), Dirige, Carrizales, Alta Sierra y, más recientemente, Consultores A-1. Esta última ha enfrentado sanciones por parte de Indecopi, incluyendo la suspensión de su registro como liquidador en diciembre de 2024 debido a irregularidades en su gestión.

“Consultores A1 es el liquidador designado en 2022, ya sancionado por Indecopi en dos oportunidades, en 2023 y 2024. Justamente, en el marco de las denuncias, ahora tiene una tercera sanción de aproximadamente 100 UIT, que ya es pública, y una cuarta cuando pierde el registro el 3 de diciembre de 2024, por uno de sus socios que tiene deudas con SUNAT en centrales de riesgo”, dijo la abogada.

A pesar de estas sanciones, Consultores A-1 fue ratificado como liquidador por la Junta de Acreedores de Doe Run Perú en febrero de 2025. De cualquier manera, la ley concursal exige la aprobación de un nuevo Convenio de Liquidación para que pueda ejercer plenamente sus funciones, lo que no se ha logrado debido a la falta de una mayoría calificada en las votaciones.

Entre las denuncias presentadas contra Consultores A-1, destaca la disposición de fondos del fideicomiso ambiental tras haber perdido su registro como liquidador. Según Verónica De Noriega, este acto fue considerado ilegal, ya que la normativa concursal prohíbe a una entidad inhabilitada realizar actos de disposición.

“Con esta pérdida de registro, ya no podía actuar como liquidador. Esto se agrava cuando el 4 de diciembre, el mismo día en que fue notificado, Consultores A-1 realiza actos de disposición del fideicomiso. Este acto es ilegal, de acuerdo a la ley concursal. Más todavía, el Estado, a sabiendas de que tiene una cautelar en los fondos del fideicomiso, firma una comunicación en la que se dispone la liberación”, asevera De Noriega.

“Hoy por hoy, Consultores A-1 no puede ejercer actos de disposición de acuerdo a la ley concursal, porque no se ha aprobado el convenio de liquidación de su mandato”, agrega.

El incumplimiento del laudo arbitral por parte de Doe Run Perú y la negativa del Minem a reconocer la jurisdicción del tribunal arbitral han generado preocupación en DQM, que considera que estas acciones violan las garantías ofrecidas por el Estado peruano a los inversionistas extranjeros. Según Verónica De Noriega, DQM evalúa acudir al CIADI para exigir el cumplimiento del laudo y el pago de la deuda.

Perú ya enfrenta 22 arbitrajes pendientes en el CIADI, y entre 2022 y 2023 perdió tres casos que resultaron en indemnizaciones superiores a 111 millones de dólares. Un nuevo arbitraje podría agravar la situación, afectando la reputación del país como destino de inversión.

¿Cuál fue la razón del Minem para no atender a los pedidos de DQM? Según la defensa noruega, el ministerio dijo al tribunal arbitral que no era parte del proceso y que, por tanto no iban a reconocer el mandato. Finalmente, los fondos pertenecían al fideicomiso y los fideicomisarios. Una arbitrariedad, para De Noriega.

“Una arbitrariedad desde 2014, cuando se hizo uno de los cambios de liquidador. Antes de desconocer la deuda, se reconocían los contratos y comunicaciones. No es, jurídicamente, aceptable cambiar de liquidador y regresar todo a foja cero. Es un acto de mala fe”, denuncia.

Actualmente, Odfjell continúa defendiendo su acreencia en diversos frentes judiciales en Perú. El fideicomiso ambiental de Doe Run Perú cuenta con un fondo total de unos 19 millones de dólares, pero su destino sigue siendo incierto. Mientras tanto, Consultores A-1 sostiene que la deuda comercial de la minera asciende a 456 millones de dólares y que DQM no es el único acreedor. En tanto, prioriza el pago para los trabajadores de la minera, algo que para la defensa noruega “ni siquiera está garantizado”.

El 2025 será un año decisivo para el futuro de este conflicto, según la abogada. DQM continuará defendiendo su acreencia en diversos frentes legales, mientras que el Poder Judicial y las autoridades peruanas deberán resolver las disputas relacionadas con el fideicomiso y la ejecución del laudo arbitral. En tanto, el desenlace de este caso tendrá, indefectiblemente, implicancias sobre la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas extranjeros en el Perú.

“Tenemos un Estado que no reconoce lo dictado por un órgano arbitral reconocido en la Constitución. Eso es violar las garantías que tiene el Perú en sus tratados de inversión, en este caso, con Noruega. Se garantizó un trato justo y equitativo bajo el marco legal aplicable, pero no ha sido así”, sentencia De Noriega.