Caso McDonald’s: Fiscalía pide cárcel para responsables de muerte de dos jóvenes después de cinco años

El Ministerio Público ha pedido cárcel efectiva para las personas que resulten responsables de la muerte de dos jóvenes que trabajaban en un local de McDonald’s, ubicado en Pueblo Libre. En el 2019, Alexandra Porras y Carlos Campos murieron electrocutados cuando limpiaban una máquina de gaseosas, indica la tesis de la Fiscalía.

“Ellos pensaron que pagando la indemnización ya el caso se cerraba, y la familia, en este caso el padre de Alessandra Porras, lo que busca es la verdad” dijo José Ocampo, abogado del progenitor de una de las víctimas, a Panorama, programa de investigación de Panamericana.

De acuerdo con la defensa, los culpables habrían incurrido en dos delitos: homicidio simple y contra la libertad de trabajo en la modalidad de violación a las normas de seguridad y salud. De esta manera, las gerentes de Operaciones y Negocios podrían ser condenadas a siete años de prisión, mientras que el gerente general de operaciones de Arcos Dorados del Perú, la empresa que representa en el país a la transnacional, a cuatro.

“No solamente es un tema económico. La vida no tiene precio y los responsables son los que efectivamente sabían que esa máquina tenía una fuga de electricidad”, dijo el letrado.

Panorama reveló que en un grupo de Whtasapp llamado ‘La Marina’, María Pisfil Silva de Orihuela, gerente de negocios de McDonald’s habría mencionado que “en el multiplex pasa corriente”, es decir, que habría dejado constancia 28 horas antes del incidente que la máquina dispensadora tenía este problema.

“Sin embargo, la jefa de operaciones fue y probó con un vaso de gaseosa y dijo que no pasaba nada”, afirma el abogado. Al menos siete personas, incluyendo cuatro gerentes, se encontraban en esta conversación.

“Ellos lo que han buscado a través de la Fiscalía es que esto se vea como un acuerdo reparatorio y que la el proceso debería archivarse. Sin embargo, nuestra tesis siempre ha sido de que aquí estamos frente a un homicidio, porque hay un tema de un dolo, es decir, que al saber que la máquina expendedora de gaseosas tenía una fuga, evidentemente asumían el riesgo y como que lo asumieron y terminaron falleciendo dos jóvenes. Entonces, eso no puede quedar impune”, explicó la defensa.

Según el programa de investigación, tanto Alexandra como Carlos tenían que limpiar la máquina, a pesar de que eso no se estaba dentro de sus funciones, y sin los implementos de protección adecuados.

La Fiscalía señala que Alexandra Porras electrocutó al coger con la mano derecha la manguera de un tanque de CO2, que a su vez se conectaba directamente con la máquina de gaseosas que presentaba fugas eléctricas y que su compañero Carlos Campos también murió adherido de la mano a la descarga eléctrica, intentando socorrerla.

Señalan, asimismo, que el aparato de gaseosas presentaba un deficiente aislamiento, según un informe pericial. Además, la carcasa habría estado energizada, superando el valor máximo de lo que mandan las normas.

Panorama menciona que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) encontró en el establecimiento varias violaciones a las normas de seguridad en el trabajo. La compañía no habría acreditado haber realizado evaluaciones de riesgo ni controles periódicos de estas condiciones.

En consecuencia, Arcos Dorados del Perú, S.A.C. recibió una multa de 845 mil 670 soles, por haber incurrido en un total en siete infracciones a la Ley de Seguridad en el Trabajo.

Para José Ocampo, este caso ha tenido varios inconvenientes, como la demora en el Ministerio Público y el Poder Judicial, como el hecho de que Arcos Dorados habría dispuesto “todo su arsenal legal para enfrentar este proceso y dilatarlo en el tiempo”.

“Pasamos dos archivamientos en la Fiscalía Provincial, pero hemos logrado llegar a esta etapa donde ha terminado la investigación preparatoria y estamos pasando ya a una etapa de control de acusación para pasar a juicio contra los responsables de la muerte de estos jóvenes”, cuenta.

“En Estados Unidos, una muerte de esa naturaleza fácil supera los 10 millones de dólares. Fácil. Aquí apenas un poco más de 1 millón, y esto es de un acuerdo privado, pero en la vía judicial, las muertes no superan los 200 mil soles”, añadió.

Para el letrado, la decisión final podría sentar un precedente, ya que en el Perú no existen personas condenadas por violación a la libertad y seguridad en el trabajo. También se está acusando por primera vez a un gerente general de una compañía que representa a una trasnacional por presuntamente atentar contra las condiciones de seguridad y salud en el centro laboral. Por ello, José Carlos Andrade Rey podría recibir hasta cuatro años de pena privativa de la libertad.

“La vida de mi hija no tiene precio. No tiene precio, infinitamente. Para un padre no tiene precio. Yo tengo que luchar por mi justicia y yo no estoy luchando por otra cosa. Que ellos paguen la culpa que han hecho”, dice el progenitor al programa de Panamericana.

Operaciones Arcos Dorados de Perú S.A. emitió un comunicado sobre lo sucedido. En el pronunciamiento afirman que “ninguna persona actuó con la intención de producir este desenlace que nos sigue doliendo profundamente a todos”. “Desde el inicio, apoyamos integralmente a las familias, colaboramos plenamente con las investigaciones y en esta nueva instancia confiamos en que la justicia esclarecerá lo ocurrido y permitirá cerrar este triste suceso”, aseguran.