Brookfield, accionista de Rutas de Lima, demanda al Perú por US$2.700 millones por el cierre de peajes en la Panamericana Norte

El gestor de inversiones global Brookfield, con sede en Toronto y operaciones en más de 30 países, ha iniciado un arbitraje internacional contra el Estado peruano. Según informó la compañía, la acción busca una compensación superior a los 2.700 millones de dólares por lo que consideran una expropiación ilegal de su participación en Rutas de Lima S.A.C.. La solicitud fue presentada el 12 de marzo de 2025 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), amparándose en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú.

De acuerdo con un comunicado emitido por Brookfield, la disputa surge tras años de conflictos con la Municipalidad de Lima y otras entidades estatales peruanas. Estas instituciones habrían adoptado medidas que, según la empresa, violan el marco legal y los principios de seguridad jurídica. Entre las acciones denunciadas se encuentra la imposibilidad de cobrar peajes en uno de los tramos de la concesión de Rutas de Lima, así como la expropiación de otro tramo mediante ordenanzas municipales y decisiones estatales. Estas medidas, según la compañía, han resultado en la pérdida total del valor de su inversión en el proyecto.

La MML, bajo la dirección de Rafael López Aliaga, ha sostenido que Brookfield conocía de los casos de corrupción de Odebrecht antes de la compra de sus acciones en Rutas de Lima. El alcalde tildó de “histórica” la suspensión de cobro de peajes en Puente Piedra, en enero del 2024. Para noviembre de ese mismo año, la firma acusó al cabildo limeño de no habilitar vías alternas al peaje de Puente Piedra, como figura en su contrato. La respuesta: el burgomaestre dijo, en enero del 2025, que sacaría del tablero a Rutas de Lima antes de julio.

El conflicto entre Brookfield y las autoridades peruanas no es reciente. Según detalló la empresa, ya existen fallos de dos tribunales internacionales y una corte federal en Estados Unidos que ordenaron a la Municipalidad de Lima pagar más de 200 millones de dólares a Rutas de Lima como compensación por incumplimientos del contrato de concesión. Sin embargo, hasta la fecha, estos pagos no se han realizado. La compañía considera que estas acciones, sumadas a otras decisiones estatales, han socavado gravemente su inversión en el país.

En palabras de Ben Vaughan, gerente global de operaciones del grupo de infraestructura de Brookfield, la situación ha deteriorado la confianza de la empresa en el entorno de inversión peruano. “Durante muchos años, Brookfield ha invertido con entusiasmo en el Perú, pero desafortunadamente nuestra confianza se ha visto quebrantada. Estamos frustrados por el hecho de que la Municipalidad de Lima y otras entidades del Estado peruano hayan tomado nuestra inversión en contra del estado de derecho y la seguridad jurídica”, afirmó Vaughan en el comunicado oficial.

Brookfield, que cuenta con más de 100 años de experiencia invirtiendo en Sudamérica y casi tres décadas de operaciones en Perú, subrayó su compromiso histórico con la región. Sin embargo, la empresa calificó las acciones del Estado peruano como “irrazonables y contraproducentes”, especialmente considerando los esfuerzos declarados del país por atraer inversión extranjera de gran escala. A pesar de la disputa, Vaughan expresó su esperanza de alcanzar una solución aceptable con el Gobierno peruano, aunque enfatizó que el arbitraje es ahora el único camino para garantizar un trato justo.

El caso de Rutas de Lima, una concesión vial clave en la capital peruana, pone de relieve las tensiones entre inversionistas extranjeros y gobiernos locales en el manejo de proyectos de infraestructura. Según Brookfield, las decisiones de las autoridades peruanas no solo han afectado la operación de la concesión, sino que también han dañado la reputación del país como destino confiable para la inversión internacional.

La presentación del caso ante el CIADI marca un nuevo capítulo en esta disputa. Este organismo, que opera bajo el auspicio del Banco Mundial, es una de las principales instancias internacionales para resolver conflictos entre inversionistas y Estados. Brookfield confía en que el proceso arbitral permitirá obtener una compensación plena por las pérdidas sufridas. “Estamos confiados en que este proceso arbitral nos permitirá recibir un resarcimiento pleno para Brookfield”, señaló Vaughan.

El reclamo de Brookfield no solo busca una compensación económica, sino también subraya la importancia de garantizar el respeto a los acuerdos internacionales y la estabilidad jurídica en los países receptores de inversión extranjera. La resolución de este caso podría tener implicaciones significativas para futuros proyectos de infraestructura en Perú y en la región.