La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se encuentra en el ojo de la tormenta. Las investigaciones contra el Ejecutivo y representantes del Congreso durante su gestión motivaron la presentación de cuatro denuncias constitucionales ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento. Legisladores de bancadas como Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Renovación Popular consideran que su actuación es politizada.
Desde el Hall de los Pasos Perdidos, el titular del Parlamento de la República, Eduardo Salhuana, responsabilizó a la fiscal de la Nación de la situación tensa entre el Ejecutivo y el Ministerio Público: “Creo que eso no contribuye a generar un nivel de estabilidad legal, política y social (….) estimo que los congresistas tienen sus razones para fundamentar esa denuncia, pero lo que observo es que desde el principio la fiscal de la Nación no ha tenido una actitud cordial, amistosa, de buscar una relación con los poderes del Estado. Creo que ahí habría que corregir un poco”.
Para el congresista Roberto Chiabra (APP), la denuncia presentada en su contra y otros colegas respecto a la aprobación de un dictamen que permitió que accediera, de forma simultánea, al pago de sus sueldos y pensiones no tiene sentido. “No sé si está desinformada o la está mal informando (…) este caso no se debía actuar del principio de ojo por ojo, porque se trata de una patinada de la Fiscalía de la Nación”, señaló ante los medios de comunicación.
Respecto al mismo tema, Vivian Olivos (Fuerza Popular) consideró que las carpetas fiscales se abren sin sustento. “La fiscal Delia Espinoza debe evaluar cómo viene dirigiendo el Ministerio Público. No debe tener un sesgo político con algunos congresistas de ciertas bancadas”, sostuvo a Infobae Perú.
En relación con la última de las denuncias presentadas hasta el momento, Diego Bazán (Renovación Popular) insistió que “Delia Espinoza habría llegado a algún acuerdo previo con el suspendido fiscal Pablo Sánchez para que cuando ella asuma, con su voto a favor, archive la denuncia en su contra.
¿Cuáles son las denuncias?
La titular del Ministerio Público cuenta con cuatro denuncias ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, de las cuales la primera fue formulada por el propio ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien la acusa de difundir información de una investigación seguida en su contra.
La segunda, ingresada por Kira Alcarráz, de Podemos Perú, la acusa de presunto abuso de autoridad por denunciar a 11 legisladores por el delito de negociación incompatible.
La tercera, impulsada por Fernando Rospigliosi, gira alrededor de un presunto desacato a la ley impulsada por el Parlamento, que dio a la Policía Nacional del Perú (PNP) la dirección de la investigación preliminar de los delitos, y la última por supuesto encubrimiento en favor del fiscal supremo Pablo Sánchez.
¿Qué dijo la fiscal de la Nación sobre las denuncias en su contra?
Aunque la fiscal Delia Espinoza no se ha pronunciado sobre la última denuncia en su contra, ha respondido por las anteriores. Sobre la presentada por el integrante del gabinete ministerial de Dina Boluarte sostuvo que no tiene nada que temer y confía “en la legalidad y que el debido proceso se tiene que imponer en cualquier investigación”.
En relación con la segunda, indicó que la denuncia contra los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional que aprobaron un proyecto de ley que eliminaba el tope salarial legalmente establecido (S/ 15.600) y beneficiaba directamente a pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, incluidos ellos mismos que estaban desempeñando cargos de elección popular, no cuestiona el derecho constitucional de percibir pensión y remuneración simultáneamente, sino el procedimiento irregular en la aprobación de la norma.
Sobre el documento ingresado por Rospigliosi, el cual es respaldado por legisladores que fueron denunciados por aprobar ley que les permitió acceder a una presunta doble remuneración del Estado, la fiscal mencionó que el retiro de la mesa que realiza el reglamento para dicha norma parte de la admisión de una demanda presentada ante el Tribunal Constitucional.
“El 8 de febrero se admite nuestra demanda ante el TC y por esta razón, para guardar una coherencia ante un acto procesal, nosotros congruentes con la autónoma que nos corresponde hemos señalado en un oficio que nos vamos a retirar temporalmente a las resultas de lo que disponga el máximo interprete de la carta magna”, explicó.
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