Según la Asociación de Colegios Privados (Anacopri), 450 instituciones educativas particulares han sido blanco de extorsionadores, mientras que otras 150 han optado por no denunciar estos hechos ante la Policía Nacional (PNP) debido al miedo a represalias. Esta ola de criminalidad ha impactado gravemente a los estudiantes, ya que muchas escuelas se han visto obligadas a recurrir a la educación virtual.
El último martes, un grupo de promotores y propietarios de escuelas afectadas por la extorsión se presentó en el Congreso de la República, donde exigieron medidas urgentes para frenar esta grave problemática. “Por favor, no vengamos [sic] a esta mesa solo a escuchar, vengamos [sic] a actuar. Soy extorsionada y sigo de pie”, fueron algunas de las contundentes declaraciones que resonaron durante la Mesa de Trabajo.
Según indicó otra de las víctimas, después de la conversación mantenida con algunos congresistas, “todo queda en buenas voluntades”. Sin embargo, también reconoció que las autoridades policiales no cuentan con la logística necesaria para atender los casos de manera oportuna. A este problema se suma la falta de coordinación y trabajo conjunto y eficiente con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Actualmente, los centros educativos se enfrentan a extorsiones que los obligan a pagar cupos mensuales que varían entre S/ 10,000 y S/ 70,000. Ante la imposibilidad de cubrir estas sumas desmesuradas, muchos se ven obligados a cerrar sus puertas, dejando a miles de estudiantes sin acceso a la educación.
Para alcanzar sus objetivos de obtener dinero de manera ilícita, las bandas criminales extorsionadoras emplean tácticas cada vez más violentas, que incluyen amenazas con armas de fuego, explosivos y la intimidación directa a directores, docentes y padres de familia. Desde 2024, se ha registrado un aumento significativo de estos casos en diversas regiones del Perú, con Lima, La Libertad y otras áreas como las más afectadas por este flagelo.
La virtualidad no puede ser una opción
La situación genera gran preocupación entre los padres de familia, quienes expresan el temor de enviar a sus hijos a clases presenciales en instituciones educativas que se han convertido en blanco de atentados.

Sin embargo, optar por la educación virtual no es una solución sencilla, ya que muchos no cuentan con los equipos tecnológicos necesarios para que sus hijos puedan recibir las clases de manera adecuada. Además, algunos padres señalan que no tienen el tiempo suficiente para acompañar a sus hijos en el proceso educativo remoto.
“La virtualidad, sobre todo en niveles como inicial o primaria, ha demostrado tener menos potencia en el aprendizaje que la presencialidad. Por lo tanto, la virtualidad en la escuela es un mecanismo de última instancia para una crisis sanitaria o climática”, sostiene el exministro de Educación, Daniel Alfaro.
Líneas de emergencia
El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.
También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:
- Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
- Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
- Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.
- Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.
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