TGP: despido de trabajadores sindicalizados en Transportadora de Gas del Perú expone crisis laboral en el sector hidrocarburos

En diciembre de 2023, Transportadora de Gas del Perú (TGP), empresa encargada de operar el ducto que transporta gas natural desde Camisea, despidió a 20 trabajadores, de los cuales 14 eran miembros del recién formado Sindicato Unitario de Transportadora de Gas del Perú (SUTRATGP). Este hecho, que ha sido calificado como una violación a los derechos laborales, ha generado una fuerte controversia en el país, donde la sindicalización es limitada y enfrenta múltiples obstáculos.

El despido masivo ocurrió apenas nueve días después de que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) reconociera oficialmente al sindicato, creado el 2 de noviembre de 2023. Entre los cesados se encuentran Vladimir Salhuana, secretario general del SUTRATGP, y otros cuatro miembros de la junta directiva.

Salhuana, quien trabajó durante 11 años en TGP, denunció que los despidos fueron una represalia directa por la formación del sindicato y un intento de la empresa por desincentivar cualquier tipo de organización laboral. “Nos despidieron por organizarnos y buscar sentarnos con los ejecutivos de la empresa para revisar las condiciones laborales. Lo realizado por TGP es una advertencia para que nadie más exprese nunca una discrepancia”, afirmó.

El abogado del sindicato, Christian Sánchez, señaló que los despidos se llevaron a cabo de manera irregular, violando la legislación laboral peruana. Según explicó, las notificaciones de despido fueron enviadas el 29 de diciembre de 2023, pero algunos trabajadores no recibieron la carta formal requerida por ley. Además, varios de los afectados se encontraban en períodos protegidos, como vacaciones o descansos, lo que contraviene las normativas laborales nacionales.

Sánchez también destacó que los trabajadores despedidos estaban amparados por el fuero sindical, que les otorgaba protección hasta el 14 de febrero de 2024. A pesar de ello, TGP procedió con las terminaciones laborales, incluso después de que el sindicato notificara formalmente su inscripción el 22 de diciembre de 2023 a través del portal institucional de la empresa. Un peritaje confirmó la validez de esta notificación, lo que refuerza las denuncias de que los despidos fueron una represalia directa contra la sindicalización.

En respuesta a las acusaciones, TGP emitió un comunicado en el que negó que los despidos estuvieran relacionados con la formación del sindicato. Según la empresa, el cese de los 20 trabajadores fue parte de un proceso de reorganización y optimización de sus operaciones. TGP, que actualmente plantea ampliar su contrato e invertir 2.000 millones de dólares en el Perú, aseguró que no tenía conocimiento de la existencia del sindicato al momento de los despidos, una afirmación que, según indicaron, ya ha sido reconocida judicialmente.

La empresa argumentó que todos los trabajadores despedidos ocupaban cargos de confianza, como coordinadores, supervisores o jefes de área, y que las negociaciones relacionadas con el proceso de reorganización incluyeron a estos empleados. Además, TGP afirmó que ofreció a los trabajadores cesados la posibilidad de firmar acuerdos de mutuo disenso, que incluían compensaciones superiores a los 200.000 soles, además de los beneficios legales correspondientes. Según el comunicado, aquellos que rechazaron esta oferta recibieron indemnizaciones por despido arbitrario, las cuales fueron cobradas por la mayoría de los afectados.

A raíz de las denuncias presentadas por los trabajadores, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) impuso sanciones económicas a TGP por obstruir las inspecciones laborales. En Ayacucho, la empresa fue multada con 190.148,25 soles por negarse a entregar el cuadro de categorías y funciones, un documento clave para verificar la supuesta condición de confianza de los trabajadores despedidos. En Cusco, TGP recibió otra multa de 27.089 soles por no facilitar información requerida por los inspectores laborales.

Estas sanciones reflejan la gravedad de las irregularidades denunciadas, ya que el cuadro de categorías y funciones es esencial para determinar si los trabajadores despedidos realmente ocupaban puestos de confianza, como sostiene la empresa. Según el abogado Christian Sánchez, TGP habría clasificado de manera irregular a los empleados como personal de confianza con el objetivo de evitar la formación del sindicato.

El caso de TGP pone en evidencia las dificultades que enfrentan los trabajadores en Perú para organizarse sindicalmente. Con una tasa de sindicalización urbana de apenas el 2,2 %, según el MTPE, los sindicatos son una herramienta poco utilizada en el país, en parte debido a la falta de protección efectiva frente a represalias empresariales. La creación del SUTRATGP representó un hito para los empleados de la empresa, quienes buscaban mejorar sus condiciones laborales en un sector estratégico como el energético.

Sin embargo, los despidos masivos y las denuncias de represalias han generado preocupación entre expertos y organizaciones laborales, quienes consideran que este caso podría sentar un precedente negativo para otros intentos de sindicalización en el país. Mientras tanto, los trabajadores despedidos continúan luchando por su reincorporación y por el reconocimiento de sus derechos, en un proceso que podría prolongarse en los tribunales.

Como operador del ducto que transporta gas natural desde Camisea, TGP desempeña un papel clave en el sector energético peruano. Sin embargo, las denuncias por violaciones laborales podrían afectar la reputación de la empresa y generar cuestionamientos sobre sus prácticas internas. Aunque TGP ha reiterado su compromiso con el respeto a los derechos laborales y al cumplimiento de las resoluciones judiciales, el caso sigue siendo un tema de debate público y podría tener implicaciones más amplias para el sector empresarial en Perú.

Este conflicto laboral no solo pone en el centro de atención a TGP, sino que también resalta la necesidad de fortalecer la protección de los derechos laborales en el país, especialmente en sectores estratégicos donde los trabajadores enfrentan condiciones de vulnerabilidad.