Pedro Castillo rechazó a su abogado de oficio, pero apareció con dos defensores en audiencia previa

El proceso contra el expresidente Pedro Castillo, acusado de intentar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, sumó un nuevo giro con la renuncia de su abogado defensor público, Edgar Callahualpa Quispe.

Según informó el Poder Judicial, el letrado solicitó ser relevado de su cargo debido a lo que describió como una relación “insostenible” con el exmandatario, lo que generó complicaciones en la defensa del acusado.

De acuerdo con el jurista, la confianza entre ambas partes se ha deteriorado de manera significativa. Callahualpa argumentó que el profesor no ha mostrado disposición para mantener una comunicación efectiva que permita avanzar en su defensa.

Además, durante una audiencia, el expresidente expresó abiertamente su rechazo hacia la participación del letrado, llegando incluso a acusarlo de grabar conversaciones privadas. Estas declaraciones fueron presentadas por el abogado como evidencia de la ruptura de confianza entre ambos.

Tras la renuncia de Edgar Callahualpa Quispe, el Poder Judicial designó a dos nuevos abogados para asumir la defensa pública de Pedro Castillo. Ricardo Jhony Hernández Medina y Alejandro Astacie Vicente han sido nombrados para continuar con la representación legal del exmandatario en el caso que enfrenta por el presunto delito de rebelión.

La jueza Norma Chávez, quien preside el proceso, destacó que Castillo ha contado con abogados particulares en otras etapas del juicio, como en la sesión de apelación relacionada con los mismos cargos. Sin embargo, en esta fase del proceso, la defensa pública fue la encargada de representarlo, por lo que generó tensiones y cambios en el equipo legal asignado.

El expresidente Pedro Castillo anunció el último lunes que se encuentra en una huelga de hambre en el penal de Barbadillo como señal de protesta contra lo que considera una “injusticia” en su contra.

A través de un manuscrito difundido en sus redes sociales, el exmandatario expresó su disconformidad con el sistema judicial, al que acusa de actuar con parcialidad.

“Pongo en conocimiento a mi familia y al pueblo peruano que, haciendo uso de mi derecho humano, he decidido acatar una huelga de hambre”, se lee en el documento, en el que también señala que una jueza del tribunal que lleva su caso “ha adelantado opinión, forzando el tipo penal de rebelión”.

El escrito está firmado por el abogado Walter Ayala, aunque Castillo se presentó en la audiencia sin defensa legal, tras notificar la subrogación de todos sus abogados.

Es importante mencionar que, el último jueves, el exmandatario intentó retirarse de la audiencia judicial, pero su solicitud fue rechazada por el tribunal. “No quiero seguir participando en este juicio. Con su permiso, ¿puedo retirarme? (...) Estoy aquí en contra de mi voluntad”, expresó. Además, cuestionó a la Procuraduría General del Estado (PGE), que ha estimado en 65,4 millones de soles el monto de la reparación civil que deberán asumir los posibles condenados en este caso.

“Jóvenes robustos pidiendo millones de plata... que vayan a trabajar. Yo no puedo trabajar, tengo que hacer una rifa (para pagar eso). Nunca he cogido un arma. Dígame en qué momento se ha cerrado el Congreso. (...) Voy a retirarme porque quiero coordinar unos temas”, añadió.

Por otra parte, cabe precisar que, junto a Castillo, también son procesados los exjefes del Consejo de Ministros Aníbal Torres y Betsy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y tres exmiembros de la Policía Nacional. La Fiscalía ha solicitado para ellos penas que oscilan entre los 15 y 25 años de prisión.