Juan José Santiváñez habría colaborado con la Diviac para “hundir” al exministro del Interior Víctor Torres

Juan José Santiváñez Antúnez, ministro del Interior, se encuentra en el centro de una nueva controversia tras revelarse que podría haber colaborado con la Diviac (División de Investigaciones de Alta Complejidad) para perjudicar a su superior en ese entonces, Víctor Torres Falcón, y allanar el camino para su propio ascenso al cargo. Según audios y mensajes filtrados por el capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo, y difundidos por Panorama, Santiváñez habría trabajado como “topo” de la Diviac mientras se desempeñaba como jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, en 2024. En aquellos meses, Santiváñez denunció la presunta contratación irregular de Patricia Bobadilla como directora de la Oficina de Comunicación Social del Ministerio del Interior, alegando que no cumplía con los requisitos para el cargo y que estaba vinculada a Víctor Torres Falcón.

La investigación sobre la contratación de Bobadilla comenzó cuando Santiváñez solicitó a Izquierdo, miembro de la Diviac, que la Fiscalía realizara un allanamiento en las oficinas del Ministerio del Interior para obtener pruebas de la irregularidad. Durante una serie de intercambios entre ambos, Santiváñez presionó para que el proceso se acelerara y buscó garantizar que se obtuvieran pruebas que pudieran respaldar su acusación contra Bobadilla y Torres. Los mensajes filtrados incluyen detalles de documentos oficiales relacionados con el nombramiento de Bobadilla, así como referencias a la necesidad de recopilar material visual y pruebas de video sobre las actividades dentro del despacho de Torres.

El 22 de marzo de 2024, se ejecutó finalmente el allanamiento, y el operativo contó con la presencia de la Diviac y la Fiscalía. Sin embargo, los intercambios entre Santiváñez y Izquierdo sugieren que el ministro no solo buscaba asegurar el allanamiento, sino también que este tuviera una cobertura mediática amplia que ayudara a consolidar su posición dentro del gobierno. En varios intercambios, insistió en la necesidad de que los medios de comunicación fueran informados sobre las acciones de la Diviac y la Fiscalía, mientras expresaba su deseo de que los detalles del operativo fueran aprovechados para crear una “ola mediática” que lo favoreciera como posible reemplazo de Torres.

El abogado de Izquierdo ha señalado que las acciones de Santiváñez en este caso estuvieron motivadas por su interés en ascender al cargo de ministro del Interior, lo que implicaría que sus acusaciones y manipulaciones fueron parte de una estrategia política para debilitar a su superior y tomar su lugar al frente del Ministerio. Según este análisis, la implicación de Santiváñez con la Diviac no sería un acto de justicia, sino una maniobra de interés personal.

A pesar de las filtraciones y las acusaciones en su contra, Santiváñez ha negado haber trabajado como colaborador de la Diviac. En declaraciones a Panorama, el ministro aseguró que sus conversaciones con Izquierdo fueron incidentales y relacionadas exclusivamente con el allanamiento que se llevó a cabo. Sin embargo, las pruebas presentadas, que incluyen conversaciones detalladas sobre el procedimiento y los movimientos dentro del Ministerio del Interior, continúan poniendo en duda la versión del ministro.

El estudio jurídico de Santiváñez ha sido otro foco de controversia en medio de las investigaciones. Según una investigación, el estudio ha defendido a varios funcionarios del Ministerio del Interior y otras instituciones públicas que se han visto involucrados en casos judiciales complicados, incluidos delitos graves como corrupción y usurpación de bienes. Entre los casos más notorios se encuentran los de Anatoly Bedriñana Córdova, secretario general del Ministerio del Interior, condenado por usurpación agravada, y César Guardia Vásquez, viceministro de Orden Interno, quien logró su reincorporación a la Policía Nacional mediante un amparo promovido por el estudio de Santiváñez.

La defensa legal de Santiváñez a estos funcionarios ha generado críticas debido a la naturaleza de los cargos que enfrentan. En el caso de Bedriñana, por ejemplo, el secretario general fue condenado por usurpación agravada en 2019, pero aún no ha cumplido con la reparación civil de 6,000 soles que se le impuso. A pesar de la condena, Santiváñez intentó revocar la sentencia en varias ocasiones, lo que levantó sospechas sobre su implicación en proteger a funcionarios en situaciones judiciales comprometidas. La relación de Santiváñez con estos funcionarios ha reforzado la percepción de que su estudio ha servido como una plataforma para la defensa de intereses cuestionables dentro del Ministerio del Interior.

La práctica del estudio de Santiváñez de defender a funcionarios en situaciones problemáticas no se limita a Bedriñana. El caso de César Guardia, quien fue reincorporado a la Policía Nacional después de haber sido retirado en 2017, también es un ejemplo de cómo el estudio ha intercedido por figuras clave en el gobierno. Guardia, quien fue promovido al puesto de viceministro de Orden Interno en 2021, logró su reincorporación gracias a un recurso de amparo promovido por el estudio jurídico de Santiváñez. Aunque el ministro ha insistido en que su despacho actuó solo como abogado en casos privados y no influenció decisiones gubernamentales, la coincidencia de que sus clientes sean funcionarios clave con vínculos políticos genera dudas sobre su rol dentro del gobierno.