Scotiabank acusa al Perú de influir sobre el TC en su millonaria disputa que mantiene contra la Sunat desde hace casi 20 años

El Bank of Nova Scotia, una de las principales instituciones financieras de Canadá y matriz de Scotiabank Perú, ha intensificado su disputa legal contra el Estado peruano al presentar un “Memorial de demanda” en el marco del arbitraje que mantiene abierto desde 2022 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). La controversia gira en torno al cobro de intereses moratorios derivados de una deuda tributaria que se incrementó significativamente debido a demoras en procesos administrativos y judiciales que se extendieron por más de 14 años. Según CIAR Global, la entidad canadiense acusa al Perú de influir en las decisiones del Tribunal Constitucional y de otorgar un trato menos favorable a su filial en comparación con otros demandantes nacionales en casos similares.

El conflicto se originó tras la adquisición del Banco Wiese Sudameris en 2006, una operación que incluyó la herencia de una deuda tributaria de 48 millones de soles (aproximadamente 12,6 millones de dólares estadounidenses). Esta deuda se incrementó en un 890% debido a los intereses moratorios acumulados durante los años de demora en la resolución del caso, alcanzando un total de 482 millones de soles (más de 126 millones de dólares). La deuda fue finalmente pagada por Scotiabank Perú entre 2013 y 2014, pero desde entonces la entidad ha buscado recuperar el monto, argumentando que los intereses moratorios impuestos son inconstitucionales.

Vamos, primero, a entender algo. No es cierto que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) solo “cierre los negocios de los pequeños, y a los grandes no les haga nada”. Pasa que las grandes corporaciones sí tienen las espaldas financieras suficientes para encausar al Estado peruano incluso por décadas, llegando en algunos casos a trasladar sus controversias al fuero internacional, como es el caso de Scotiabank. Antes ha pasado con otros, como Cerro Verde o Telefónica del Perú.

Ahora, revisemos la acusación de Bank of Nova Scotia, que sostiene ante el CIADI que el Perú violó el Tratado de Libre Comercio (TLC) Canadá-Perú, vigente desde 2009, al no garantizar un trato justo y equitativo a su filial. Según el banco, el Tribunal Constitucional desestimó su recurso de amparo en 2021, argumentando que no se había presentado un recurso de queja ante el Tribunal Fiscal mientras la postergación del caso estaba en curso. Sin embargo, la institución canadiense denuncia que el trato recibido fue menos favorable que el otorgado a demandantes peruanos en casos similares, lo que, según su interpretación, constituye una violación del estándar de Trato Nacional establecido en el TLC.

En su demanda, el banco también acusa al gobierno peruano de ejercer presiones indebidas sobre el Tribunal Constitucional. Entre las acusaciones destacan supuestas amenazas de retener el financiamiento del tribunal si este no fallaba a favor del Estado, la filtración de decisiones judiciales antes de su publicación oficial, y la realización de campañas políticas y mediáticas para influir en los magistrados. Según el documento presentado, estas acciones habrían llevado al tribunal a revocar una decisión inicial favorable a Scotiabank Perú y a prohibir que la entidad bancaria se pronunciara sobre el fondo del caso.

El origen de esta disputa se remonta a 1999, cuando el entonces Banco Wiese Sudameris fue acusado por la Sunat de incumplir sus obligaciones tributarias relacionadas con el Impuesto General a las Ventas (IGV). Según la Administración, la deuda inicial de 48 millones de soles se derivó de la compra ficticia de oro para aumentar el crédito fiscal del banco. Este caso estuvo marcado por la intervención del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, quien, junto con el gerente general del banco, Eugenio Bertini Vici, bloqueó temporalmente el cobro de la deuda, como quedó registrado en un video conocido como “vladivideo” (Video 1788 Bertini - Crousillat - Winter Fecha: 11/Noviembre/1999 Difusión: 06/Julio/2001).

Tras la caída del régimen de Alberto Fujimori, el caso fue reabierto en 2003 por el Tribunal Fiscal, y en 2013 la justicia peruana falló a favor de la Sunat. Para entonces, el Bank of Nova Scotia ya había adquirido el Banco Wiese Sudameris y asumido la deuda tributaria como parte de la operación. La demora en la resolución del caso, que se extendió por más de una década, generó un incremento exponencial en los intereses moratorios, lo que llevó a Scotiabank Perú a cuestionar la constitucionalidad de estos cobros.

Entonces, el Bank of Nova Scotia notificó al Perú en septiembre de 2021 su intención de recurrir al arbitraje internacional tras constatar que el caso no sería resuelto por los magistrados que habían escuchado los argumentos en 2017. La entidad temía que, al ser asignado a jueces recién nombrados en el Tribunal Constitucional, el proceso se reiniciara desde cero. Aunque se realizaron intentos de negociación entre las partes, no se logró alcanzar un acuerdo, lo que llevó al banco a formalizar su demanda ante el CIADI en 2022.

Según detalló CIAR Glogal, el tribunal arbitral encargado de resolver esta disputa está compuesto por tres juristas internacionales: la estadounidense Lucy Reed, el sueco Kaj Hobér y el australiano Zachary Douglas. Aunque las cifras exactas del reclamo en daños se mantienen confidenciales, el banco ha señalado que el monto en disputa asciende a los 482 millones de soles cobrados por la Sunat en concepto de intereses moratorios.

En noviembre de 2021, dos meses después de la anunciada recurrencia a fueros internacionales, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de amparo presentada por Scotiabank Perú contra la Sunat. Según el fallo, la demora en la resolución del caso no constituía una violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, ya que el banco no había presentado un recurso de queja mientras el proceso estaba en curso. La decisión fue respaldada por los magistrados Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda, mientras que el entonces cuestionado tribuno Ernesto Blume votó en minoría a favor del banco.

Esta resolución marcó un punto de inflexión en la estrategia legal del Bank of Nova Scotia, que optó por llevar el caso al ámbito internacional al considerar que el sistema judicial peruano no garantizaba un trato justo.

Este conflicto no solo pone en el centro de atención las relaciones entre el Bank of Nova Scotia y el Estado peruano, sino que también plantea interrogantes sobre la seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros en el país. La resolución de este arbitraje podría sentar un precedente importante en la interpretación de los tratados de libre comercio y en la protección de los derechos de las empresas internacionales frente a los Estados.

Mientras tanto, el caso sigue avanzando en el CIADI, y tanto el banco como el gobierno peruano se preparan para defender sus posiciones en un proceso que podría tener implicaciones significativas para ambas partes.