Bahuaja Sonene en la mira: nuevo intento por extraer hidrocarburos en territorio de 21 pueblos indígenas de Perú llega a la CIDH

En el marco del 192° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado el 4 de marzo, líderes indígenas y organizaciones de la sociedad civil alzaron la voz contra la promoción de actividades extractivas en territorios protegidos de la Amazonía peruana. Durante la audiencia temática titulada “Afectaciones a derechos de pueblos indígenas por actuación de las industrias extractivas en Perú”, se expusieron graves denuncias sobre la vulneración de derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), así como el incumplimiento de normativas ambientales y sociales.

De acuerdo con las declaraciones de Vanessa Cueto, presidenta de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el Gobierno peruano, a través de su agencia de promoción de hidrocarburos Perupetro, ha impulsado un plan para promover 47 nuevas áreas de exploración de gas y petróleo en la Amazonía. Estas áreas se superponen con territorios indígenas, reservas PIACI y parques nacionales, donde las actividades extractivas están explícitamente prohibidas por la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

Cueto destacó que estas acciones no solo contravienen la legislación nacional, sino que también violan el principio de intangibilidad que protege a los PIACI. Según datos proporcionados por el Ministerio de Cultura, las nuevas áreas de promoción abarcarían un total de 4 millones 161.438 hectáreas, afectando directamente a 21 pueblos indígenas originarios.

Entre las zonas afectadas se encuentra la Reserva Territorial Madre de Dios y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, este último categorizado como un parque de uso indirecto, donde las actividades extractivas están prohibidas por la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

La audiencia también puso de relieve los problemas históricos asociados a las actividades extractivas en la región. Cueto señaló que existen numerosos pasivos ambientales no resueltos, como los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano, que ha sido puesto a cargo de la empresa estatal Petroperú. Estos incidentes han generado contaminación en ríos y territorios indígenas, afectando gravemente la salud y el bienestar de las comunidades locales.

Además, se denunció que el oleoducto opera con un instrumento de evaluación ambiental desactualizado y carece de tecnología para prevenir nuevos derrames. Según Cueto, esta situación refleja una falta de compromiso por parte del Gobierno peruano para garantizar el cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales.

Otro punto crítico abordado durante la audiencia fue la intención del Congreso peruano de modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas para permitir actividades extractivas en parques nacionales. Cueto advirtió que esta flexibilización pondría en peligro las áreas de mayor protección en el país, sentando un precedente que podría abrir la puerta a la explotación de recursos en zonas vulnerables.

En este contexto, las organizaciones presentes solicitaron a la CIDH que inste al gobierno peruano a excluir las áreas de promoción de hidrocarburos que se superponen con territorios indígenas y reservas PIACI. También exigieron que se reparen y restauren los territorios afectados por pasivos ambientales, especialmente en la región de Loreto, y que se cumplan los acuerdos pendientes en las mesas de diálogo con las comunidades.

“No es que las organizaciones que hemos presentado el caso estemos en contra de las actividades este empresariales, ni de la inversión, solamente pedimos que cumplan la ley”, destacó.

Durante la audiencia, se mencionó el proyecto de gas de Camisea como un caso emblemático de las industrias extractivas en Perú. Aunque el Gobierno lo presenta como un modelo de buenas prácticas, Cueto señaló que este proyecto -que es la “excepción y no la regla” para la actividad hidrocarburífera en el país, debido a su impacto medioambiental relativamente bajo- también ha enfrentado críticas por su impacto en las comunidades y las áreas protegidas.

El proyecto Camisea, que se superpone con una reserva territorial para PIACI, fue aprobado bajo el compromiso de fortalecer las salvaguardas ambientales y sociales. Sin embargo, Cueto afirmó que los beneficios económicos no han llegado a las comunidades del Bajo Urubamba, que continúan enfrentando pobreza extrema y desnutrición infantil. Además, gran parte del gas extraído se exportó, sin beneficiar directamente a la región de Cusco ni a las comunidades locales.

“Este es uno de los pedidos, pero también hay otras solicitudes que hemos hecho. Por ejemplo, que el Congreso de la República evite flexibilizar el marco jurídico socioambiental actual, porque actualmente se está pensando no en modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas para que se puedan realizar actividades extractivas en parques nacionales”, denunció.

Según lo expuesto en la audiencia, el Gobierno peruano ha defendido la promoción de hidrocarburos argumentando que las actividades se realizan con alta tecnología y cuidado ambiental. Sin embargo, los líderes indígenas y las organizaciones civiles cuestionaron esta postura, señalando que los derrames y otros impactos negativos continúan afectando a los territorios y las comunidades.

En cuanto al Ministerio del Ambiente, se destacó que en etapas previas había observado propuestas de modificación de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. No obstante, en el contexto actual, su posición no ha sido clara ni contundente frente a las iniciativas que buscan flexibilizar las normativas ambientales.

Julio Cusurichi Palacios, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), destacó que las políticas impulsadas desde el Congreso peruano están debilitando los estándares ambientales. Según explicó, se han promovido cambios normativos que transfieren competencias del Ministerio del Ambiente al sector de Agricultura, lo que, en su opinión, representa un retroceso en la protección ambiental. Estas modificaciones, afirmó, no solo afectan a los derechos de los pueblos indígenas, sino que también generan un contexto de mayor vulnerabilidad para los territorios.

AIDESEP enfatizó ante la CIDH que estas políticas no solo ignoran los derechos de las comunidades indígenas, sino que también contradicen los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en materia de derechos humanos y protección ambiental. Según Cusurichi, la audiencia permitió esclarecer ante la Comisión que el gobierno no está cumpliendo con los marcos normativos existentes, lo que agrava los impactos de las actividades petroleras en la Amazonía peruana.

Cusurichi subrayó que los pueblos indígenas han contribuido históricamente al desarrollo del país, tanto a través de la gestión sostenible de sus territorios como mediante el diálogo con las autoridades. Sin embargo, lamentó que estos esfuerzos no siempre sean reconocidos y que, en cambio, se enfrenten a normativas represivas que atentan contra sus derechos. Según afirmó, las comunidades están dispuestas a defender su autonomía y sus territorios frente a estas amenazas.

“Nosotros hemos consultado con nuestras bases. Pero puedo adelantar que sí habrá una respuesta, y comunicaremos al país la decisión que se va a tomar. Siempre hemos dado grandes aportes con el manejo de los territorios, a través del diálogo. Pero si luego de todo ese esfuerzo solo recibimos normas represeivas, normas que atentan contra nuestros derechos, entonces creo que también la respuesta tendrá el peso de nuestra autonomía”, atajó.

Tanto DAR como AIDESEP han solicitado a la CIDH que exhorte al gobierno peruano a respetar los marcos normativos existentes y los derechos de los pueblos indígenas. Entre las demandas específicas se encuentran la exclusión de las áreas protegidas y reservas PIACI de los planes de promoción de hidrocarburos, la reparación de los pasivos ambientales en regiones como Loreto y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en mesas de diálogo previas.

Las organizaciones también han enfatizado que no están en contra de la inversión privada ni de las actividades empresariales, pero exigen que estas se realicen en cumplimiento de la ley y con respeto a los derechos de las comunidades afectadas. Según Cueto, el objetivo es garantizar que cualquier proyecto extractivo se lleve a cabo con transparencia, participación ciudadana y salvaguardas ambientales adecuadas.

La audiencia ante la CIDH marca un nuevo capítulo en la lucha de los pueblos indígenas y las organizaciones ambientales por proteger la Amazonía peruana y garantizar el respeto a sus derechos fundamentales. Sin embargo, el camino hacia una solución definitiva parece estar lleno de desafíos, en un contexto donde los intereses económicos y la protección ambiental se encuentran en constante tensión.