Año Escolar 2025: Minedu aclara si los colegios púbicos y privados pueden exigir el uso obligatorio del uniforme a sus estudiantes

El inicio del año escolar es una preocupación para muchos padres de familia. A menos de una semana del regreso a clases en los colegios públicos, programado para el 17 de marzo, según el calendario oficial, las familias se preparan para este importante momento. Mientras tanto, las instituciones privadas ya comenzaron sus actividades la primera semana de marzo.

En ese contexto, los padres inician con la compra de la lista de útiles, uniformes y otros implementos, para que el regreso a clases. No es un secreto que los preparativos para el colegio representa un gasto significativo para las familias y surge la duda si es que es obligatorio el uso del uniforme escolar. Ante estas dudas, el Minedu ha establecido disposiciones claras respecto a las normas de vestimenta en los colegios públicos y privados.

De acuerdo con la entidad, los colegios públicos no pueden exigir la compra del uniforme escolar ni condicionar la matrícula o la asistencia a clases a su uso. Es decir, ningún estudiante puede ser impedido de ingresar a la escuela por no llevar el uniforme reglamentario. Además, la entidad ha subrayado que tampoco se puede obligar a los padres a adquirir los uniformes en establecimientos específicos, evitando así posibles prácticas comerciales abusivas.

En el caso de los colegios privados, la situación es distinta. Sí pueden exigir el uso del uniforme escolar, pero solo si está contemplado en su Reglamento Interno (RI) y si esta disposición ha sido comunicada previamente a los padres de familia. Esto incluye no solo el uniforme formal, sino también otros elementos de vestimenta como zapatillas blancas u otros accesorios específicos. No obstante, cualquier requerimiento debe ser informado con anticipación, garantizando la transparencia y el respeto por los derechos de los estudiantes y sus familias.

El Minedu destacó que, más allá de las normativas internas de cada colegio, la prioridad es garantizar el derecho a la educación en un ambiente adecuado, sin restricciones innecesarias que puedan afectar el acceso de los alumnos a las clases. En ese sentido, se busca promover la igualdad y la inclusión, permitiendo que ningún estudiante quede en desventaja por razones económicas o de vestimenta.

En conclusión, mientras que en los colegios públicos el uniforme no es obligatorio, en las instituciones privadas puede ser exigido siempre que se cumplan ciertos criterios. En cualquier caso, lo más importante es que el derecho a la educación prevalezca sobre cualquier requerimiento de vestimenta.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha brindado información clave sobre los derechos de los padres y estudiantes en el regreso a clases, con el objetivo de evitar abusos o exigencias indebidas por parte de las instituciones educativas.

En primer lugar, la entidad recordó que, si bien los colegios privados tienen la facultad de establecer normas para garantizar un adecuado ambiente educativo, estas no pueden vulnerar los derechos fundamentales de los estudiantes. Dichas disposiciones suelen estar detalladas en los reglamentos institucionales, los cuales deben ser comunicados a los padres de familia en el momento de la matrícula.

En ese contexto, Mariela Villacorta, representante de Indecopi, destacó la importancia de que los padres revisen detenidamente el reglamento interno de la institución antes de inscribir a sus hijos. Esto les permitirá conocer con anticipación las normas sobre presentación personal, uso del uniforme y otras disposiciones, evitando así posibles conflictos al inicio del año escolar.

Además, Villacorta enfatizó que los padres tienen el derecho de cuestionar cualquier normativa que consideren arbitraria o que afecte el acceso de sus hijos a la educación. También recordó que las instituciones educativas están obligadas a garantizar un ambiente inclusivo y respetuoso para todos los estudiantes, independientemente de su apariencia física o condición económica.

Además, si bien en los colegios particulares se puede exigir la obligatoriedad de los uniformes, su compra no puede ser condicionada a un proveedor elegido por el centro educativo. En ese sentido, los padres o tutores tienen la libertad de elegir dónde adquirir los uniformes escolares, por lo que ninguna institución educativa, ya sea pública o privada, puede obligar a las familias a comprar los uniformes en establecimientos específicos o exclusivos designados por el colegio. Esta medida busca evitar prácticas que puedan limitar las opciones de los padres y generar costos adicionales innecesarios.

Si un colegio incumple esta normativa, los padres pueden presentar denuncias ante las autoridades correspondientes. Las quejas pueden ser gestionadas a través de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) o el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), organismos encargados de velar por el cumplimiento de las regulaciones.

Indecopi ha dispuesto un canal de denuncias anónimas para facilitar el proceso. Los padres pueden realizar sus quejas a través del correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe. También está disponible la línea de contacto para Lima (224-7777) y para el resto de las regiones del país, mediante el número gratuito 0800-4-4040.

En un esfuerzo conjunto para enfrentar el creciente problema de la extorsión en el ámbito educativo, el Ministerio del Interior (Mininter), el Ministerio de Educación (Minedu), la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes de colegios privados han anunciado una alianza estratégica. Esta colaboración busca combatir de manera frontal y coordinada las amenazas y actos de extorsión que afectan a instituciones educativas privadas en el país.

La iniciativa responde a la preocupación por el impacto de este delito en la seguridad de estudiantes, docentes y familias. La medida incluye acciones conjuntas entre las autoridades y los colegios privados para prevenir y enfrentar estos actos delictivos, que han generado alarma en diversos sectores de la sociedad. Este esfuerzo se enmarca en una estrategia más amplia de seguridad ciudadana impulsada por el gobierno peruano.

El fenómeno de la extorsión en instituciones educativas privadas ha sido identificado como una problemática creciente en el Perú. Este delito no solo pone en riesgo la integridad de las comunidades educativas, sino que también afecta el normal desarrollo de las actividades escolares. Las amenazas suelen dirigirse a directivos y familias, exigiendo pagos bajo intimidación, lo que genera un clima de inseguridad y temor.

La alianza entre el Mininter, el Minedu, la PNP y los colegios privados busca implementar medidas preventivas y reactivas para enfrentar esta situación.