Inicio del año escolar podría ser un desafío para miles de niños: colegios públicos con riesgo de colapso y sin servicios básicos

El inicio oficial del año escolar está cada vez más cerca, pero la preocupación sobre las condiciones en las que los alumnos de los colegios públicos recibirán sus clases crece. Según un estudio de IPAE, el 70,3% de las instituciones estatales no cuentan con servicios básicos como agua, luz y desagüe, lo que agrava aún más las dificultades para ofrecer una educación de calidad.

El informe también resalta que más del 50% de los colegios presentan un grave deterioro estructural, con edificaciones que necesitan ser demolidas por el riesgo de colapso. Esta situación es especialmente crítica en las zonas rurales y periféricas, donde la falta de infraestructura adecuada es aún más evidente.

Además de la precariedad de los servicios básicos, las aulas se encuentran en condiciones insostenibles: techos con rajaduras, paredes a punto de caer, aulas prefabricadas deterioradas por el paso del tiempo y servicios higiénicos en estado deplorable. Las intensas lluvias registradas en los últimos meses han aumentado los riesgos, afectando a más de 38 mil niños y adolescentes, poniendo en peligro el inicio del año escolar en la fecha prevista por el Ministerio de Educación.

A pesar de estos problemas, las autoridades educativas no han logrado implementar soluciones efectivas que mejoren la calidad de los colegios públicos.

Para los especialistas, una posible solución a esta crisis educativa requiere el fomento de asociaciones entre el sector público y privado. Estas alianzas permitirían mejorar la construcción, equipamiento, gestión y mantenimiento de las escuelas, promoviendo una infraestructura educativa más eficiente.

Además, se plantea la implementación de un “canon educativo” que redirigiría los impuestos del sector privado en educación hacia las regiones, con el fin de mejorar la infraestructura de las instituciones públicas en esas áreas. Este enfoque busca aprovechar los recursos privados para apoyar la educación pública y mejorar las condiciones de aprendizaje en todo el país.

Los expertos señalan que la excesiva burocracia es otro obstáculo crítico para el desarrollo de la educación en Perú. Tanto los colegios privados como públicos se enfrentan a una carga administrativa que dificulta la implementación de mejoras. En el caso de los colegios privados, la necesidad de cumplir con requisitos excesivos y engorrosos que no siempre tienen un impacto real en la calidad educativa ha sido una constante. Sin embargo, estos requisitos son solo aplicados a las instituciones privadas, a pesar de que más del 70% de los estudiantes se encuentran en el sector público.

Este enfoque desigual limita el impacto potencial de la educación privada y pone en riesgo su sostenibilidad. Los expertos sugieren derogar normativas ineficaces y leyes punitivas que solo obstaculizan el funcionamiento de los colegios. Además, proponen simplificar los procesos administrativos para hacer el sistema más ágil y eficiente, promoviendo una educación de calidad en todas las instituciones, independientemente de su carácter público o privado.

El informe también destaca un reto significativo en la promoción de la educación técnica en el país. Mientras que solo el 25,2% de los estudiantes peruanos opta por una formación técnica, en Chile la cifra se acerca al 50%. Los expertos sugieren que una de las primeras acciones que debe tomar el gobierno es agilizar el proceso de licenciamiento de institutos técnicos, adaptándolo a las características de cada institución y creando un sistema de licenciamiento único con posteriores acreditaciones para mejorar la calidad educativa.

Además, proponen impulsar las certificaciones técnicas, conectar las tendencias laborales con la oferta educativa y priorizar las becas para estudios técnicos en el programa PRONABEC. Este último punto es crucial, ya que, según los especialistas, “un becado en universidad representa 3 becados en institutos”. El fortalecimiento de la educación técnica, por tanto, se presenta como una alternativa viable para mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes y cubrir las necesidades del mercado laboral.

El acceso a la educación superior sigue siendo un desafío importante en el país. Solo el 31% de los jóvenes peruanos entre 17 y 24 años cursa estudios superiores, una cifra considerablemente baja en comparación con el promedio latinoamericano de 46.5%. Esta baja tasa de acceso se debe a diversos factores, entre ellos, la escasa cobertura de las universidades públicas, que no han logrado aumentar significativamente el número de vacantes, a pesar de un crecimiento en el presupuesto destinado a educación.

Los expertos proponen no crear nuevas universidades públicas, sino expandir y crear filiales de universidades ya licenciadas, lo que permitiría una cobertura más amplia sin duplicar esfuerzos innecesarios. También se sugiere modificar la gobernanza de las universidades públicas y fortalecer el presupuesto de las instituciones emblemáticas para mejorar la gestión y aumentar las vacantes disponibles. Además, se critica la normativa que impide a los estudiantes universitarios culminar su carrera en menos de cinco años y la limitación para reconocer los doctorados obtenidos en modalidad a distancia.

De acuerdo con los especialistas, “uno de cada 5 postulantes debe migrar a otra ciudad para acceder a una educación universitaria de calidad debido a la falta de oferta”. Por ello, es fundamental ampliar las oportunidades educativas en todas las regiones del país, para garantizar un acceso equitativo a la formación superior.