Casi 700 denuncias por conductas indebidas contra la PNP: cada 105 minutos se reporta una nueva queja

Hace unos días, policías del destacamento de carreteras de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Quincemil, distrito de Camanti, provincia de Quispicanchi, región Cusco, fueron detenidos luego de ser denunciados por el presunto robo de S/10.000 a una madre y su hijo. Este incidente resalta una alarmante realidad: cada 105 minutos, en el Perú, se presenta una denuncia o queja contra efectivos policiales y del Ministerio del Interior. Esta preocupante frecuencia fue revelada por el analista de datos Juan Carbajal, quien presentó un informe basado en la información de la Central Única de Denuncias.

Entre enero y febrero de este año, las quejas por conductas indebidas se han mantenido constantes, lo que pone de manifiesto un problema serio dentro de las fuerzas de seguridad. Los ciudadanos, en su mayoría, se ven forzados a denunciar abusos de autoridad, maltrato y comportamientos inapropiados por parte de quienes deberían ser los encargados de protegerlos.

Este patrón persistente subraya una crisis de confianza en la policía, un malestar generalizado que va más allá de incidentes aislados. Los números evidencian un sistema que no está funcionando como debería para garantizar la seguridad de todos.

Entre el 1 de enero y el 20 de febrero de 2025, se denunciaron 698 casos de conductas indebidas por parte del personal policial y del sector del interior. De este total, el 36% (255) corresponde a quejas por negligencia en el ejercicio de sus funciones. Otro 24.79% (173) se refiere a denuncias por abuso de autoridad. Además, se registraron 60 casos en los que el personal se negó a recibir una denuncia o no la registró en el sistema, así como 60 casos relacionados con actividades ajenas al servicio que perjudican la imagen institucional.

En cuanto a la negligencia, se denunció en 28 ocasiones, mientras que 25 denuncias se refieren a tratar al público de manera displicente o usar términos vejatorios o irrespetuosos al dirigirse a las personas. El personal del sector interior fue denunciado en 23 ocasiones por conductas indebidas. Se registraron 13 denuncias contra el personal policial por negarse a prestar auxilio a quien lo necesite, mientras que otras 11 están relacionadas con el uso innecesario de la fuerza.

Además de estos, se han registrado denuncias menos frecuentes pero de gran gravedad. En total, se denunciaron 4 casos de abuso de autoridad, 2 de ausentismo laboral y 2 de demora en la tramitación de documentos. También se informó sobre casos de negligencia en la atención de una persona detenida, el uso del cargo para favorecer a amigos, hostigamiento sexual, y presentarse o consumir drogas, bebidas alcohólicas o fumar durante el ejercicio laboral. También se registraron 28 denuncias por otros tipos de conductas.

Este panorama de denuncias refleja una serie de irregularidades que afectan tanto el comportamiento del personal policial como el del sector interior, poniendo en evidencia la variedad de situaciones que comprometen el desempeño de estas instituciones.

El ministro del Interior, Juan José Santivañez, instó a la ciudadanía a confiar en los métodos de la Policía Nacional para garantizar la seguridad en el país. Según el titular del Mininter, las leyes aprobadas por el Congreso buscan brindar un marco legal que proteja tanto a la población como a los propios efectivos policiales, asegurando que puedan desempeñar su labor sin obstáculos.

Sin embargo, las estadísticas revelan una realidad diferente. Según una encuesta de CPI realizada hasta noviembre del año pasado, el 91.7% de los peruanos confía “medianamente” o “nada” en la PNP, lo que refleja un nivel de desconfianza significativo. A pesar de los esfuerzos legales y las reformas mencionadas por Santivañez, la percepción de la institución sigue siendo negativa en una gran parte de la población, especialmente en los sectores socioeconómicos más bajos, como el sector D. Las cifras sugieren que, aunque se han implementado cambios para mejorar la seguridad, persiste una desconexión entre las políticas adoptadas y la confianza del público hacia la policía.