Un vehículo negro, modelo Toyota del año 2021, se convirtió en el escenario de un brutal ataque en la Avenida Arequipa, en el Cercado de Lima, dejando como saldo la muerte de dos personas: el conductor Grimaldo Acosta Larico, de 39 años, y su pasajero, Sebastián Ilich Panduro, de 23 años. El crimen ocurrió durante las últimas horas de la noche, en un tramo de la vía segregada para buses del Corredor Azul, donde el auto fue interceptado y baleado desde la vereda. Más de cinco casquillos de bala fueron encontrados en la escena, y el vehículo presentaba la luna del copiloto rota, lo que evidencia la violencia del ataque.
El conductor del vehículo era un expolicía en retiro, mientras que el joven pasajero se dirigía a su hogar al momento del ataque. Las autoridades trasladaron el automóvil a la sede central de la División de Investigación Criminal (Dinicri) para continuar con las investigaciones. Según los registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el vehículo pertenece a la empresa Zoeger Renting S.A.C..
La sombra del crimen organizado en el transporte informal
El medio local detalló que este ataque no es un hecho aislado, sino que se suma a una preocupante ola de violencia que afecta al transporte informal en Lima. Testimonios de otros conductores de colectivos, quienes se acercaron al lugar del crimen, señalaron que muchos de ellos pagan una cuota diaria de diez soles a bandas criminales para operar en determinadas rutas. Entre las organizaciones delictivas que podrían estar detrás de este tipo de extorsiones se menciona a ‘Los Injertos del Rímac’, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada por las autoridades.

El transporte colectivo informal, conocido por operar al margen de la ley, ha invadido rutas principales de la ciudad, como la Avenida Arequipa, que conecta distritos clave como Miraflores, San Isidro, Lince, y el Rímac. Estas unidades suelen recoger pasajeros en los carriles exclusivos destinados al Corredor Azul, un sistema de transporte público formal. Los conductores de colectivos utilizan señales manuales desde las ventanas de sus vehículos para captar pasajeros en paraderos no autorizados, lo que pone en riesgo tanto a los usuarios como a los peatones.
Un contexto de violencia creciente en las rutas limeñas
El asesinato de Acosta Larico y Panduro no es el único incidente violento registrado en el transporte colectivo en las últimas semanas. El pasado 13 de febrero, un conductor fue baleado mientras realizaba su ruta en la Avenida Tacna, otra vía importante de la capital. Aunque en ese caso la víctima sobrevivió, el ataque resalta el peligro constante al que se enfrentan tanto los conductores como los pasajeros de este tipo de transporte.
La inseguridad en el transporte informal no solo afecta a quienes lo utilizan, sino que también genera un impacto negativo en el sistema de transporte formal. Las unidades del Corredor Azul, diseñadas para ofrecer un servicio seguro y eficiente, comparten espacio con colectivos que operan sin regulación, lo que dificulta el cumplimiento de las normas de tránsito y aumenta el riesgo de accidentes y delitos.

Investigación en curso
El vehículo baleado fue trasladado a la sede de la Dirincri, donde los investigadores trabajan para esclarecer los motivos detrás del ataque y determinar si está relacionado con las extorsiones denunciadas por los conductores de colectivos. La presencia de más de cinco casquillos de bala en la escena y el hecho de que el ataque se haya producido en una vía segregada para buses sugieren un nivel de planificación que apunta a la posible participación de grupos delictivos organizados.
Mientras tanto, la ciudadanía exige respuestas ante la creciente inseguridad en las calles de Lima. La falta de regulación efectiva del transporte colectivo informal y la aparente impunidad con la que operan estas unidades han convertido a las rutas principales de la ciudad en escenarios de peligro constante.
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