La extinción de dominio en riesgo: seis casos emblemáticos podrían quedar archivados por modificaciones del Congreso

La posibilidad de que el Congreso de la República del Perú modifique la ley de extinción de dominio ha generado una fuerte advertencia por parte de la Fiscalía. Según informó el Ministerio Público, esta herramienta legal, clave para la recuperación de bienes obtenidos ilícitamente a través de delitos como la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos y el terrorismo, podría quedar severamente limitada. De aprobarse los cambios propuestos, solo se permitiría actuar sobre los bienes de los implicados una vez que exista una condena firme, lo que pondría en riesgo la recuperación de activos en casos de alto perfil.

De acuerdo con el Ministerio Público, esta situación afectaría directamente a seis casos emblemáticos en los que ya se han incautado bienes de gran valor. Entre los implicados se encuentran figuras políticas y personajes vinculados a organizaciones criminales, cuyos bienes han sido intervenidos bajo la actual normativa de extinción de dominio. La Fiscalía advierte que, de prosperar las modificaciones, el Estado peruano no podría recuperar estos activos, beneficiando así a los involucrados en actos ilícitos.

Cabe recordar que en 2024, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1373, que regula la extinción de dominio de bienes ilícitos. La medida coincide con un proceso que busca extinguir más de 1.4 millones de soles de cuentas bancarias de Vladimir Cerrón, exlíder de Perú Libre y exdefendido de Gutiérrez, acusado de corrupción.

Gutiérrez argumenta que la norma afecta derechos como la propiedad y la presunción de inocencia, mientras que fiscales y jueces sostienen que el decreto es crucial para combatir la corrupción y el crimen organizado, habiendo permitido al Estado recuperar bienes por más de 271 millones de soles en los últimos años.

Uno de los casos destacados es el de Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y líder político, quien enfrenta investigaciones por presuntos actos de corrupción y lavado de activos. Según detalló el Ministerio Público, se han incautado más de 1,5 millones de soles en cuentas bancarias vinculadas a Cerrón. Estos fondos, presuntamente obtenidos de manera ilícita, quedarían fuera del alcance del Estado si las modificaciones a la ley de extinción de dominio entran en vigor.

Otro caso relevante es el de Rodolfo Orellana, acusado de liderar una red de criminalidad organizada. Entre los bienes incautados a su nombre se encuentran tres inmuebles en Lima, registrados a través de testaferros, y la denominada “Hacienda Cazaderos”, valorada en 130 millones de soles (aproximadamente 33,8 millones de dólares). Según el Ministerio Público, estos bienes representan una parte significativa de los activos obtenidos mediante actividades ilícitas, y su recuperación sería imposible si se exige una condena firme para proceder con la extinción de dominio.

El expresidente Alejandro Toledo, investigado por delitos de lavado de activos y criminalidad organizada, también figura en la lista de casos afectados. Según informó la Fiscalía, se han incautado propiedades de lujo, entre ellas inmuebles en Las Casuarinas, Punta Sal, Camacho y la Torre Omega, cuyo valor supera los 5 millones de dólares. Estas propiedades, presuntamente adquiridas con fondos ilícitos, podrían quedar fuera del alcance del Estado si se aprueban las modificaciones legislativas.

El exmandatario Pedro Pablo Kuczynski también enfrenta investigaciones por presunto lavado de activos. Entre los bienes incautados se encuentran un inmueble en San Isidro y una casa en Cieneguilla. Aunque el valor de estos bienes no ha sido especificado, la Fiscalía subraya que su recuperación sería inviable bajo las nuevas condiciones propuestas por el Congreso.

En el ámbito del terrorismo, el caso de Artemio, integrante de la organización Sendero Luminoso, también se vería afectado. Según el Ministerio Público, se ha incautado un inmueble relacionado con este caso, el cual podría quedar fuera del control estatal si se exige una condena firme para proceder con la extinción de dominio. Este caso es especialmente relevante debido a su conexión con actividades terroristas y el tráfico ilícito de drogas.

Finalmente, el expresidente Martín Vizcarra enfrenta investigaciones por delitos contra la administración pública, relacionados con los casos del Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo. Según la Fiscalía, se han incautado 15 inmuebles ubicados en Lima y Moquegua. Estos bienes, presuntamente obtenidos mediante actos de corrupción, también estarían en riesgo de quedar fuera del alcance del Estado si se aprueban las modificaciones a la ley.