Real plaza Trujillo fue cerrado en el 2023: ¿cuál fue el motivo y por qué luego decidieron reabrirlo?

Aproximadamente un año antes de que el techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo colapsara, ocasionando la muerte de al menos cuatro personas, este centro comercial fue clausurado pro problemas eléctricos, pero luego se decidió que vuelva a abrir sus puertas días después.

El 27 de diciembre del 2023, la municipalidad provincial decidió cerrar el establecimiento luego de realizar observaciones al sistema eléctrico.

“Ya se firmaron la documentación correspondiente y este lugar está cerrado, porque tenemos tableros eléctricos que están en malas condiciones. Nosotros vamos a un lugar sin saber lo que vamos a encontrar. No somos adivinos, no ponemos, no sembramos nada. Lo que se encuentra se transmite en vivo y eso es lo que hay”, manifestó el gerente de Seguridad Ciudadana, Eduardo Liu.

El 29 de diciembre del 2023, Real Plaza emitió un comunicado donde decían que estos señalamientos “no representan ningún peligro inminente ni son causal de cierre”.

Finalmente, el 5 de enero, el centro comercial reabrió sus puertas. Por medio de un pronunciamiento, señalaron que la comuna había hecho “observaciones menores” y que estas habían sido “levantas tras una segunda inspección realizada por el municipio a solicitud nuestra”.

“Se constató el perfecto estado de todas nuestras instalaciones, especialmente las que se refieren a la parte eléctrica de nuestro centro comercial”, aseguraron.

La decisión de clausurar el Real Plaza se tomó en el contexto de una balacera que se desató en el Mall Plaza, otro establecimiento conocido de la urbe. El alcalde de ese entonces, Arturo Fernández, aseguró que ambos lugares no ofrecían las garantías necesarias para seguir operando con normalidad.

“Yo le vine diciendo a la población que no vayan al Mall Plaza ni al Real Plaza porque no cuentan con las condiciones (...) creo que el tiempo me da la razón, porque no hay ni ambulancia”, dijo en entrevista con Exitosa.

Donde sucedió la balacera, aseguraba, “no tiene precauciones de seguridad para el ciudadano en caso de que lleven armas, no tiene el tema de algún incendio, terremoto... no tiene absolutamente nada”. En ese sentido, afirmó que “ambos son una bomba de tiempo”.

Francisco Jaramillo, gerente de Supervisión y Fiscalización de Ositrán, en una entrevista con Canal N, explicó que este tipo de incidentes no debería ocurrir si se cumplen las normativas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, que exige cálculos precisos para soportar diversas cargas, como peso muerto, cargas vivas, nieve y viento.

De acuerdo con Jaramillo, el problema podría radicar en la ejecución de las obras, más que en el diseño inicial. Aunque los diseñadores estructurales están obligados a calcular las sobrecargas que las estructuras deben soportar, señaló que, en algunos casos, los contratistas o ejecutores de obra no respetan las especificaciones técnicas establecidas en los planos. Esto podría haber llevado a que las estructuras metálicas colapsaran bajo el peso del agua acumulada, superando los factores de seguridad adicionales que exige la normativa.

El Reglamento Nacional de Edificaciones establece parámetros estrictos para garantizar la seguridad de las construcciones. Según el funcionario, todas las estructuras deben ser diseñadas para soportar diversas condiciones, incluidas las sobrecargas generadas por fenómenos naturales.

Luis Guillermo Bringas, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, anunció que el Ministerio Público inició investigaciones para determinar las responsabilidades del caso.

En entrevista con Canal N, dijo que la Tercera Fiscalía Penal y Medicina Legal llegaron al lugar para realizar levantamiento de cadáveres y ayudar a los heridos.

Las diligencias se centran en los posibles delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Comentó, además, que se ha incautado documentación para conocer si hubo negligencia dolosa o culposa.

El accidente no solo afecta a las víctimas directas, sino también a un amplio grupo de personas que estuvieron presentes en el lugar o que se vieron impactadas por el evento. La magnitud de las consecuencias ha llevado a la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) a exigir una indemnización millonaria para los afectados.

De acuerdo con Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec, las compensaciones deben ser justas y abarcar tanto a las víctimas mortales como a sus familias. Cáceres enfatizó que este tipo de tragedias no solo afecta físicamente a las personas, sino que también genera un impacto emocional y psicológico significativo en quienes estuvieron presentes o perdieron a un ser querido.