El expresidente de Perú, Francisco Sagasti, se encuentra a un paso de ser inhabilitado por diez años para ejercer cargos públicos, luego de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara un informe que recomienda esa sanción. Esta propuesta, que ahora deberá ser debatida y votada por el pleno del Congreso, ha generado un fuerte debate político, ya que está vinculada a las decisiones de Sagasti en 2020 sobre la Policía Nacional del Perú (PNP), específicamente su decisión de pasar al retiro a altos oficiales de la institución. La acusación se centra en una presunta infracción constitucional y abuso de autoridad, y tiene un trasfondo político considerable.
A continuación, las claves para entender este caso que podría cambiar el panorama político en Perú.
- Decisión de Sagasti sobre la PNP: En noviembre de 2020, el expresidente ordenó el pase al retiro de 19 altos oficiales de la PNP, incluidos 3 tenientes generales y 16 generales, en un contexto de intensas protestas sociales que siguieron a la destitución de Martín Vizcarra y la breve presidencia de Manuel Merino. Este movimiento fue interpretado por algunos como una medida para asegurar la estabilidad del gobierno de Sagasti, mientras que otros lo vieron como una acción política.
- Acusación de infracción constitucional: La Comisión Permanente del Congreso aprobó un informe que recomienda acusar a Sagasti por presunta infracción constitucional y abuso de autoridad, debido a las resoluciones que pasaron al retiro a los oficiales de la PNP y a la designación de un nuevo comandante general de la institución. Los opositores argumentan que estas decisiones fueron tomadas de forma arbitraria e ilegal.
- Recomendación de inhabilitación: El informe de la comisión también plantea la inhabilitación de Sagasti para ejercer cargos públicos por un período de diez años, con base en el artículo 100 de la Constitución peruana. Aunque Sagasti ha afirmado que no tiene intención de postularse en las elecciones de 2026, este proceso podría obstaculizar cualquier futura participación política y limitar sus opciones dentro del ámbito público.
- Defensa de Sagasti: Durante su intervención ante la comisión, Sagasti defendió su decisión, asegurando que estuvo estrictamente enmarcada en la Constitución y las leyes del país. El abogado de Sagasti, Carlos Rivera, añadió que la acusación es vaga, sin un hecho específico que justifique la inhabilitación del expresidente.
- Reacción de José Elice: En el marco de este caso, también se encuentra implicado el exministro del Interior, José Elice, quien fue acusado de refrendar las resoluciones de Sagasti. Elice respondió que no comprendía la acusación, ya que en ese momento no ocupaba el cargo de ministro y consideró que el proceso estaba cargado de elementos políticos en lugar de jurídicos.
- Contexto de las protestas: Las decisiones de Sagasti fueron tomadas en un contexto de movilizaciones sociales tras la destitución de Martín Vizcarra y la toma de poder de Manuel Merino, quien renunció a la presidencia cinco días después de asumir el cargo, debido a las protestas masivas que dejaron dos muertos en Lima.
- Polarización política: Este caso ha polarizado aún más la política peruana, con una parte de la oposición criticando las decisiones de Sagasti como un abuso de poder, mientras que los defensores del expresidente sostienen que las medidas fueron necesarias para garantizar el orden y la estabilidad en un contexto de crisis social y política.
- Impacto en la relación Ejecutivo-PNP: El proceso contra Sagasti podría establecer límites más estrictos para futuras decisiones del Ejecutivo sobre la PNP, particularmente en cuanto a la destitución de oficiales de alto rango y la designación de nuevos mandos, lo que podría afectar la autonomía de las fuerzas de seguridad.
- Próximos pasos: Tras la aprobación en la Comisión Permanente, el informe será presentado ante el pleno del Congreso, que se reunirá en marzo para decidir si Sagasti será inhabilitado o no.
- Implicaciones políticas: La posible inhabilitación de Sagasti también podría influir en el escenario electoral de 2026, con algunos actores políticos sosteniendo que la medida busca frenar la participación de figuras incómodas en el proceso electoral.
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